El director general de la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), José Luis Rodríguez Neri, no convenció al juez. El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz le impuso ayer una fianza de 300.000 euros si no quiere ingresar en prisión por su presunta vinculación con la trama empresarial 'parasitaria' de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

De los cuatro imputados que ayer comparecieron ante el juez, el que tampoco salió bien parado fue Rafael Ramos, socio director de Microgénesis, la entidad que presuntamente centralizaba el entramado societario creado para desviar los fondos obtenidos con los derechos de autor recaudados. Él tendrá que pagar 150.000 euros para eludir la cárcel. El fiscal Anticorrupción José Miguel Alonso solicitó para él que la garantía fuera de 200.000 euros.

El auto del magistrado afirma que 'la creación de la SDAE y de su filial Portal Latino, así como su actividad, se puede atribuir a un proyecto que habría sido ideado probablemente por Neri y, asimismo autorizado, consentido también por el presidente' de la SGAE, Eduardo Teddy Bautista, que declaró el domingo ante el magistrado.

Tanto Neri como Ramos, la pareja del primero, María Antonia García Pombo, y la hermana de esta, Eva, están acusados de apropiación indebida y administración fraudulenta, por lo que se enfrentan a una pena de hasta diez años de prisión. Además, Ramos deberá responder por un delito de alzamiento de bienes, castigado con cuatro años más.

La resolución desgrana el entramado 'parasitario' utilizado. Según el juez, 'pese a la preeminencia de Neri' en la SDAE y la SGAE, 'cabe presumir, cuanto menos, asunción tácita de la actividad presuntamenta delictiva investigada por parte de otros componentes del consejo de administración de la SDAE', especialmente los que también 'conforman el cuadro directivo de la SGAE'.

Bautista, según el magistrado, también estaba al tanto de las actividades de otras de las empresas utilizadas por la trama: Hipotálamo, participada por Rodríguez Neri. La entidad ingresó 1.227.851 euros entre los años 2003 y 2010 y 'presentan las características de una nómina encubierta atribuible a Neri'. Se presentaban a través de facturas giradas a la SDAE.

Para acreditar estos extremos, el magistrado cita diversa documentación y una conversación telefónica intervenida el 27 de junio entre Neri y su pareja, en la que ambos reconocen que el salario del primero 'se instrumentaliza a través de facturas giradas a Hipotálamo'.

Pero la citada entidad es solo un ejemplo. A continuación, el magistrado analiza las 12 que componen la trama, como Micromega Consultores, en la que María Antonia García Pombo y su hija Leticia son las únicas personas que recibieron retribuciones. La primera percibió 340.000 euros entre 2004 y 2008.

Y si había dudas del nexo de unión que supone Rodríguez Neri entre la SDAE y Microgénesis, un botón de muestra: Neri fue nombrado presidente de la SDAE en 2001 y no abandonó la presidencia de Microgénesis hasta enero de 2003. Esta entidad era la que era contratada en exclusiva y entre 2003 y 2007 cobró 26,4 millones de euros del grupo SGAE por servicios inexistentes a través de contratos que simulaban el tráfico mercantil.

Además, Neri, tras pasar 'el control' de Microgénesis a 'sus amigos y socios de otras empresas, Rafael Ramos y su pareja, Elena Vázquez, así como' a su cuñada, Eva García Pombo, siguió siendo usuario de la tarjeta con la que contaba en la entidad. No fue cancelada hasta noviembre de 2007 y sus gastos entre 2005 y 2006 ascendieron a 40.018 euros.

El extenso auto, que menciona hasta irregularidades detectadas en el reciente proceso electoral celebrado en la SGAE, en el que fue reelegido Bautista, explica cómo se ha intentado disolver la SDAE, que ha dado pérdidas desde su creación. Finalmente se ha hecho 'en un proceso cargado de celeridad y opacidad' justo antes de la operación Saga.

Apropiación indebida

Este delito está castigado con hasta seis años de prisión. El juez se centra en el tipo agravado previsto para las apropiaciones mayores de 50.000 euros y hechas al aprovechar el defraudador su credibilidad empresarial o profesional.

Administración fraudulenta

Se castiga con cuatro años de prisión a quien, en beneficio propio o de un tercero, disponga de los bienes de la sociedad causando a esta sociedad un perjuicio.