A estas alturas ya no caben ni componendas, ni maquillajes, ni retoques puramente estéticos. No valen. La única solución es la 'retirada', total y 'sin medias tintas', del Diccionario Biográfico Español. La exigencia nada de petición meliflua procede de Izquierda Unida y de su portavoz en el Congreso, Gaspar Llamazares, y se la hizo a la 'Real Caverna de la Historia'. O sea, a la Real Academia de la Historia (RAH), responsable de la edición de la obra.

'Siempre hemos esperado de las reales academias que sean científicas, y no ideológicas o que promuevan libelos se arrancó el diputado en rueda de prensa en la Cámara Baja. Y el Diccionario Biográfico no es historia, no tiene nada que ver con la ciencia y sí con el panegírico franquista y el libelo contra la democracia republicana, precedente de la democracia actual'. Por tanto, si a la institución que tutela Gonzalo Anes le queda 'un mínimo de rigor', sólo tiene una salida: retirar toda la edición 'de inmediato'. 'No es cuestión de revisar o ampliar', ni de introducir los cambios únicamente en la web, como ofreció el jueves el director.

Pero la culpa no recae sólo en la RAH. También la tiene, a juicio de Llamazares, el Gobierno, por su actitud 'negligente'. El diputado de IU recordó que la obra, de 50 tomos, ha costado al erario público 5,8 millones de euros. Por tanto, el Ejecutivo 'tiene obligaciones con la ciudadanía y de supervisión del rigor histórico de este diccionario'. Respondía así a una entrevista del titular de Educación a este diario, publicada el pasado martes, y en la que Ángel Gabilondo afirmaba que la política no debe 'controlar' a las academias. IU ya ha reclamado por ello la comparecencia del ministro en el Congreso. La semana próxima le preguntará en el pleno qué medidas empleará el Gobierno para 'rectificar' las entradas polémicas.

Una tercera exigencia de IU es que se 'revise el papel de las reales academias', cuya dependencia respecto al Gobierno es administrativa.

Estas instituciones, señaló Llamazares, pueden 'tener una estructura históricamente venerable, pero deben responder a criterios democráticos'. Sus procedimientos de selección de académicos no pueden ser fruto de una 'cooptación sectaria o ideológica', como sucede en la RAH, ya que 'se supone que representan lo mejor del país' en materia científica.