Ding. Segunda vuelta de uno de los enfrentamientos que más pasiones ha desatado en los últimos tiempos: la guerra del canon digital, ese gravamen que se cobra a todo el que adquiera dispositivos capaces de almacenar y reproducir contenidos protegidos por las leyes de derechos de autor. Caras conocidas gestoras de derechos, con la SGAE a la cabeza, por un lado, e industria tecnológica, por otro sentados de nuevo a... ¿negociar? No exactamente.

Aunque ambas partes aseguraban ayer, tras su primer encuentro en el Ministerio de Industria (con el Ministerio de Cultura también presente, claro está), que así es, que para la revisión bianual del canon que fija la ley han formado los dos grupos de trabajo conocidos (reprografía por un lado y audiovisual y audio por otro) y han fijado un calendario de reuniones que empieza la semana que viene, las gestoras guardan un as en la manga que, según ha sabido Público, no van a dudar en exhibir si la cosa se pone fea: la ley.

Se revisará la lista de dispositivos afectados y la cuantía

La revisión de la normativa sobre propiedad intelectual que entró en vigor el 1 de julio de 2008 estableció que la recaudación a través del canon por copia privada debía reportar a las gestoras de derechos entre 110 y 118 millones de euros al año. De no alcanzarse esta cifra, el canon tendría que aumentarse cuando, dos años después de su entrada en vigor, se revisase la lista de dispositivos afectados y la cuantía de canon con que cada uno es gravado. Si para entonces ha pasado algo que provoque una reducción de estos ingresos, habrá que subir el canon o incrementar el número de dispositivos afectados, fue el espíritu de la norma.

Sí, ha pasado algo. Por un lado, la crisis ha hecho que la recaudación total ronde los cien millones de euros, sensiblemente por debajo de lo establecido debido concretamente a la menor recaudación por derechos de reprografía.

Pero además Europa le ha dicho al Gobierno que se le ha ido la mano con la normativa del canon. El Tribunal de Justicia de la UE sentenció a finales de octubre que el gravamen español viola la normativa comunitaria al aplicarse de forma 'indiscriminada' a 'personas distintas de las personas físicas para fines ajenos a la copia privada'. Es decir, que no se ajusta al derecho europeo aplicar el canon a empresas y administraciones públicas.

Dos grupos de trabajo se reunirán desde la próxima semana

España aún no ha cambiado una coma de la ley para adaptarse a la sentencia de Luxemburgo, pero en el Gobierno ya han reconocido que es ineludible afinar el mecanismo. Problema: diversas estimaciones aseguran que más de un 40% de la recaudación por canon procede de la Administración pública. ¿Cuánto habría que incrementarlo para mantener la cifra fijada por ley? ¿Qué nuevos dispositivos habrá que añadir a la lista?

Estas preguntas son la clave de la petición que las gestoras trasladaron ayer a la industria. 'La sentencia del Tribunal europeo dice que quedarán exceptuadas del pago las empresas jurídicas que manifiestamente no hagan copia privada', explicó ayer a este periódico el portavoz de las gestoras de derechos, Rafael Sánchez. 'Pero no es tan fácil definirlo. Queremos saber la opinión de la industria sobre cuándo se dan esas circunstancias'.

Luego, en función de lo que se puedan reducir los ingresos, todas las posibilidades están abiertas 'Las cuantías totales a recaudar están fijadas en la ley' y 'no se puede cambiar la ley a mitad de partido. Habrá dispositivos que desaparecerán de la lista, otros nuevos que se añadirán y que ahora tienen una presencia muy inicial en el mercado. A lo mejor subir tarifas no es necesario, pero hay que aumentar la comercialización en unidades de algunos equipos', añadió Sánchez.

Las partes implicadas tienen cuatro meses para llegar a un acuerdo

La opinión de la industria está en las antípodas de las intenciones de las gestoras. Según José Pérez, portavoz de Ametic presente en el encuentro de ayer, no se pueden ligar las repercusiones de la sentencia europea con la revisión actual del canon.

'La sentencia de Luxemburgo no se puede aplicar porque, lamentablemente, no hay aún adaptación normativa y hay que seguir pagando el canon'. Pérez, aunque reconoció que 'es probable que las gestoras utilicen ese argumento a lo largo de la negociación', recordó que 'el principio que establece por ley una cuantía mínima a recaudar al año está recurrido en los tribunales y visto para sentencia', por lo que podría ser anulado.

El canon de 2008

Parece que fue ayer cuando España se despertó teniendo que pagar 1,10 euros de sobreprecio en los móviles con capacidad de reproducir música; 3,15 euros por los reproductores de mp3; 12 euros por los discos duros externos; 0,17 euros por los CD grabables; 0,44 euros por los DVD y 0,30 euros por las memorias USB. Fue el 1 de julio de 2008 cuando entró en vigor la revisión de la normativa sobre propiedad intelectual. Además se estableció que, a partir del 1 de julio de 2009, se empezaría a pagar 12 euros de canon por los descodificadores de la señal de televisión digital terrestre con disco duro integrado.

La recaudación fijada

La norma estableció no sólo la cantidad que debían recaudar al año en total todas las gestoras de derechos de autor en concepto de canon digital (entre 110 y 118 millones de euros), sino cómo se repartía entre ellas dicha cantidad. Las gestoras de derechos literarios debían recaudar 35 millones; las de derechos audiovisuales, 80 millones (la mitad para la SGAE y el resto a repartir entre AIE y EGEDA). La recaudación en los últimos dos años ha sido de unos 100 millones.