Un grupo de empresas del sector discográfico independiente reclamará más de 375 millones de euros a la Administración por responsabilidad patrimonial en los daños que les ha ocasionado las descargas de archivos en Internet. Así lo anunciaron ayer a Público fuentes del despacho de abogados Roca Junyent, asesor de los denunciantes, que elevará la reclamación al Consejo de Ministros a través del Ministerio de Presidencia. 'Cada sello presenta su demanda por separado, que van de 1,9 millones de euros el más pequeño a los 217 millones de Blanco y Negro, el más grande', detallaron los abogados.

Estas compañías cumplen así la amenaza que anunciaron en un manifiesto el pasado mes de febrero, donde indicaban que denunciarían a la Administración en caso de que el Gobierno no adoptara de forma inminente medidas efectivas para proteger sus derechos. 'Si después de esta reclamación ante el Consejo de Ministros no obtenemos respuesta, iniciaremos un procedimiento judicial a través de la jurisdicción económico-administrativa', informaron las mismas fuentes de Roca Junyent.

'Blanco y Negro exige 217 millones de euros', dicen sus abogados

Las discográficas, productoras y distribuidoras que firmaron el manifiesto son: Blanco y Negro, Discmedi, Distribuciones Disclub, Fonogramas Metropol, Ok Records, Pias Records Spain, Popstock, Producciones Blau, Columna Música, Gorvijac Music, Kasba Music, K-Industria, Meta Network, Música Global, Open Records, Picap y Bcore Disc, aunque esta última se desvinculó del comunicado el mismo día de su emisión, ya que se pedía castigar al usuario final de los archivos. Según Roca Junyent, 'los 375 millones de euros son el montante reclamado por 11 de los 16 demandantes', lo que indica que la cantidad total que se demanda a la Administración será todavía mayor.

'Tenemos claro que la demanda se basa en unos daños y perjuicios que hemos sufrido, pero para nosotros el enfoque más potente de la demanda es que se conozca nuestra situación. Otros pueden cortar carreteras, pero nosotros, como colectivo, tenemos poca fuerza social. Esto es una forma de protestar utilizando las vías legales', declaró ayer a Público el director de uno de los sellos que participan en la demanda.

El manifiesto del pasado mes de febrero supuso la primera reacción desde el sector musical independiente frente a la circulación de archivos en internet con contenido sujeto a derechos de autor. Hasta ese momento, la iniciativa de las protestas en el sector discográfico la habían tenido las grandes multinacionales y los sellos asociados a la asociación Promusicae.

'Nosotros no podemos cortar carreteras', señala un demandante

El comunicado de las independientes sorprendió porque pedía medidas más contundentes que las que exigían las majors, que por aquel entonces le daban una tregua al Gobierno mirando con buenos ojos la disposición final de la Ley de Economía Sostenible para perseguir a las páginas web de descarga de contenidos con derechos de autor. 'A mí me parece que, como todo lo que ha hecho esta Administración, la Ley de Economía Sostenible intenta contentar a todos, y en lo que respecta a nosotros es muy endeble. Nosotros no vamos a entrar en lo que el Gobierno tiene que hacer, eso lo sabrán ellos. Lo que sí sabemos es que la Administración ha permitido la destrucción de toda una red de pymes. Este es nuestro único argumento', explicó el demandante anteriormente mencionado.

El manifiesto de febrero denunciaba que las pequeñas y medianas empresas del sector 'han visto reducido su volumen de negocio en un 65 por ciento desde 2006' como consecuencia 'de la descarga masiva y gratuita de archivos por internet'. Según los datos recogidos por estas compañías, 'el número de trabajadores ocupados en el sector ha descendido en un 40 por ciento desde el año 2004, y el número de establecimientos relacionados con la industria fonográfica que han cerrado en los últimos años ha sido de aproximadamente 800'.

El manifiesto de las independientes exigía que se castigara al usuario

Pero el párrafo más polémico del manifiesto de las compañías independientes era el que hacía referencia a la disposición final de la Ley de Economía Sostenible. Para ellos, las medidas de la ley, por aquel entonces solo un anteproyecto, 'son insuficientes puesto que no resuelven la cuestión que se considera más relevante, que no es otra que la imposibilidad actual de ejercer acciones civiles contra aquellos usuarios finales que se apropian gratuitamente de los productos musicales y vulneran sistemáticamente los derechos de propiedad intelectual'.

Esta posición provocó que el mismo día que se conoció el manifiesto, dos de las discográficas que lo firmaban, BCore y Kasba, se desvincularan de su contenido 'al ser más duro todavía que el de las multinacionales', según dijo el director de BCore, Jordi Llansamá, que no continuó el proceso que ahora continúa con la demanda a la Administración.

Estas compañías buscan que se oiga su voz y no sólo a la SGAE

El manifiesto se envió al Ministerio de Presidencia y a los ministerios que por entonces tenían representación en la comisión interministerial creada por el Ejecutivo para buscar soluciones a la piratería en internet. Una de sus intenciones era conseguir una voz protagonista en el debate sobre la propiedad intelectual, aludiendo que al Gobierno sólo le llega la voz de las multinacionales y de la SGAE, cuando las independientes editan el 80% de los discos que se publican en España.

Sin embargo, sólo una parte de las compañías independientes firmaron el manifiesto. Ni siquiera la Unión Fonográfica Independiente, la principal asociación del sector en España, logró reunir las voluntades de todos sus socios. Unos no firmaron porque participar en la demanda precisaba de una inversión que no podían asumir, mientras que otros directamente no estaban de acuerdo con los presupuestos del manifiesto.

El aspecto más polémico del manifiesto que este grupo de compañías independientes lanzó en febrero era el referido a castigar al usuario por el intercambio de archivos sujetos a derechos de autor, algo que está permitido por la compensación por copia privada de la legislación española. Al conocer este apartado, uno de los sellos firmantes, el catalán BCore, se desvinculó del texto y de la iniciativa de demandar a la Administración. 'No continuamos con el proceso porque no estábamos de acuerdo con que se responsabilizara al usuario final. Desde el momento en que se conoció el manifiesto decidimos salir del proyecto', explica a ‘Público' Jordi Llansamá, director del sello catalán. Otra compañía que no comulgaba con el contenido del comunicado era Kasba, principalmente porque se ponía como ejemplo a seguir las legislaciones de Inglaterra y Francia, países que tienen una Ley de Propiedad Intelectual distinta a la española y donde el usuario final sí que puede ser penalizado. 'Para nada queremos que se haga algo así', señaló Joni Sahun, responsable de Kasba. Ninguno de los dos había leído el contenido del manifiesto antes de que llegara a los medios.  

El manifiesto

Los sellos exigieron al Gobierno en febrero que acabara con el intercambio de archivos con derechos de autor en internet, algo a que le obligaba una directiva europea. De no tomar medidas amenazaban con demandar a la Administración.

La reclamación

Ante la ausencia de medidas, han decidido elevar una reclamación al Consejo de Ministros por daños y perjuicios de más de 375 millones de euros.

La demanda

Si esta reclamación no obtiene respuesta, las compañías iniciarán un proceso judicial para demandar a la Administración.