Catalunya vivió una jornada prácticamente sin cine. 75 salas (571 pantallas de las 791 existentes) cerraron sus puertas en protesta contra la ley del cine catalán que prepara la Generalitat, según la cual el 50% de las copias que se distribuyan serán dobladas o subtituladas al catalán.

Los datos, facilitados ayer a primera hora de la tarde por el presidente del Gremio de Empresarios de Cine, Camilo Tarrazón, equivalen a un 72% de pantallas cerradas. El gremio no quiso ayer dar la cifra de la facturación ni del número de espectadores que acuden al cine los lunes. Según informaron a este diario fuentes de la patronal, estas cifras fluctúan en función de la película y de la sala de proyección, por lo que prefirieron no generalizar.

El Gremio aglutina a la mayor parte de las empresas privadas de exhibición cinematográfica, grandes y pequeñas, con independencia del origen de la compañía y del tipo de programación que ofrece (cine comercial, de autor, reposiciones...) pero con salas de exhibición en Catalunya.

Hace un año y medio, en julio de 2008, antes de que se planteara el anteproyecto de ley, la Generalitat comunicó a Fedecine (la federación de distribuidores cinematográficos) una propuesta de acuerdo para el fomento de la distribución y exhibición del cine doblado y/o subtitulado al catalán para el periodo de 2009 a 2012. La aportación de la administración catalana habría sido de dos millones de euros anuales durante los cuatro años, es decir, ocho millones de euros. La respuesta de Fedecine fue negativa.

La intención del gobierno catalán era la misma que ahora: frenar el descenso de espectadores de cine a las salas, un fenómeno común en toda España, y ampliar la oferta del catalán en el sector. La aplicación de medidas semejantes en otros campos del ocio (teatro, radio, televisión o prensa escrita, entre otros ejemplos) ha demostrado que el consumo de productos en catalán aumenta proporcionalmente con el crecimiento de la oferta, por lo que desde el tripartito consideran que el consumo de cine de la población catalana debería ser similar en catalán y en castellano.

Los exhibidores, por el contrario, remarcaron que 'con esta ley no habrá películas' en Catalunya y advirtieron al Govern de que 'no utilice la lengua como herramienta política'. La salida que propuso Tarrazón pasa por 'la digitalización, que puede ser la solución para garantizar la diversidad lingüística en las salas de cine, porque, al igual que el DVD, permitirá programar la misma película en versión original, doblada en catalán y en castellano en diferentes horarios del mismo día'.

El coste de doblar todas las películas al catalán (los 184 filmes de este año) sería de 7,3 millones de euros al año, según comunicaron ayer desde el Gremio en base a un estudio encargado a Oriol Amat, catedrático de economía financiera y contabilidad de la Universitat Pompeu Fabra. En el caso de que se mantuvieran los criterios actuales (un 75% de películas dobladas y un 25% subtituladas) el coste sería de 5,7 millones.

El Gremio considera que las pérdidas ascenderían a los 20 millones de euros (el 13,88% de los ingresos de los cines) en el primer año de la Ley, al sumar los costes que supondría 'no estrenar una película en castellano porque su sitio lo ocupe una en catalán' y las pérdidas en taquilla (ya que, sostienen, en catalán hay menos espectadores).

Estos números contrastan con la intención de los espectadores. En un estudio encargado por los exhibidores y distribuidores, el 89% del público reconoce que no dejaría de ir a ver una película si sólo la proyectaran en catalán. El secretario de Política Lingüística, Bernat Joan, previó que 'durará dos días' porque 'hay estudios que dicen que habrá un aumento de espectadores'. La presidenta del Partido Popular de Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, denunció ayer que la ley catalana del cine es, en realidad, una 'ley de política lingüística'.