El suicidio médico asistido y la eutanasia están tipificados como delito en el Código Penal español. El debate sobre su regulación y el derecho a una muerte digna se ha postergado en España. Los casos del ciudadano francés Vincent Lambert y del pequeño Alfie Evans de Reino Unido han reabierto la controversia en los países vecinos.

Para conocer las diferencias en las opiniones y actitudes de los españoles respecto a su regulación, y cuáles son las características sociodemográficas y contextuales que las explican, un equipo de investigadores, formado por Adrián Heredia de la Universidad de Granada y Rafael Serrano del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, ha analizado los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) al respecto.

“Testar la opinión de los ciudadanos sobre dos prácticas ilegalizadas en España, como son la eutanasia y el suicidio médico asistido, nos parece importante y deseable. Estas prácticas podrían ayudar a que las personas que así lo deseasen decidan, en determinadas circunstancias, cuándo quieren ejercer su derecho de salida”, dice a Sinc Serrano.

Dos hechos sociales avivan el debate. Por un lado, el envejecimiento de la sociedad, no solo porque la vida se alarga, sino también porque el proceso de morir se hace menos accidental, más extenso y en ocasiones, penoso. Por otro lado, según los investigadores, las condiciones sociales y tecnológicas actuales permitirían llegar a un ideal compartido sobre lo que es una buena muerte —lo que se conoce como el canon de la muerte—.

Más del 80% de los ciudadanos no religiosos lo apoyan

Los investigadores tomaron como base empírica los testimonios recogidos por el CIS en el estudio Atención a pacientes con enfermedad en fase terminal en el que participaron una muestra representativa de 2.481 individuos mayores de 18 años, de los cuales el 48,1% eran hombres y el 51,9% mujeres.

Para la extracción de los datos, seleccionaron del cuestionario original aquellas preguntas relacionadas directamente con la posición de los ciudadanos respecto a la regulación de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido.

De sus resultados cabe destacar el amplio apoyo a la regulación de los derechos de salida. En el caso de la eutanasia, la postura favorable es claramente la mayoritaria. Para el caso del suicidio médicamente asistido, el ‘sí, con total seguridad’, sin ser mayoritario, es muy importante, más aún cuando la otra categoría, ‘no’, comprende tanto a los que se posicionan en contra como a los que no están totalmente seguros.

Teniendo en cuenta la religión, los investigadores explican que son los individuos no religiosos quienes más apoyan su legalización (82,9%), aunque incluso entre los que se consideran católicos, el ‘sí’ a la regulación de esta práctica es la opción más elegida (52,2%). Solo es mayoritaria la postura contraria a la legalización de la eutanasia (48,9%) en el grupo de católicos de mayor edad con una posición ideológica de centro, centro-derecha o derecha.

Por último, los datos muestran un sensible mayor apoyo de la población adulta a la eutanasia que al suicidio médicamente asistido, “y no porque el perfil de los que apoyan una u otra práctica en esencia sea muy diferente, sino porque la última genera más dudas y el debate está menos maduro”, aseguran.

El falso debate entre los cuidados paliativos y la eutanasia

El trabajo muestra que la postura en contra de la legalización de la eutanasia se explica —al igual que en otros países europeos— por la religión, pero solo es efectiva en las personas mayores. Por el contrario, en el caso del suicidio médico asistido —del que se tiene menos información—, el motivo que sustenta el ‘no’ es mucho más cercano a la tradición cultural.

“Creo que los investigadores sociales tenemos la obligación de poner nuestras herramientas y conocimientos al servicio de la sociedad estudiando de la forma más rigurosa posible estos temas, precisamente porque son difíciles y controvertidos”, reflexiona Serrano.

Según explica el investigador, este tipo de estudios es necesario para sustentar las decisiones de los políticos. “De hecho, la llamada Ley de muerte digna en Andalucía fue la primera en llevar hasta sus máximas competencias la regulación del proceso final de la vida y se utilizaron bastantes trabajos científicos”, recalca el experto.

Por último, Serrano compara este debate con el previo a la legalización de los anticonceptivos en 1978, durante la recién estrenada democracia en España: “¿Por qué no podíamos tener derecho a controlar cómo y cuándo traer a alguien a este mundo? Hoy los derechos de entrada ya no son un problema y quizás en breve tampoco lo serán los derechos de salida”, añade el investigador.