Investigación con células madre, ley de genética, píldora postcoital, humanización del parto, atención bucodental gratuita, libre elección de médico, transparencia en las listas de espera, la vacuna contra el cáncer de útero que hoy comienza a aplicarse... Son medidas con las que la Consejería andaluza de Salud (PSOE), un paso por delante del Gobierno central, ha ido marcando en muchos aspectos el rumbo de la Sanidad pública española. La consejera, María Jesús Montero (Sevilla, 1966), reconoce la labor de sus antecesores y avisa: no serán las últimas. “No es una carrera –aclara–, sólo intentamos dar respuesta a las demandas de la sociedad”.

¿Qué opina de las críticas al proyecto de ley de muerte digna?

Estoy muy satisfecha con la acogida que ha tenido. De forma general, todo el mundo ha coincidido en que es una legislación oportuna y en que aporta claridad en este momento a la hora de orientar las actuaciones profesionales. Las críticas se han centrado más en aspectos como el régimen de sanciones a los profesionales que en lo que se refiere a los derechos de las personas a poder decidir libremente sobre el final de su vida.  

¿Y el rechazo del PP?

Al menos en Andalucía no ha habido un pronunciamiento oficial del PP. [Javier] Arenas planteó una frase genérica que no era ni sí ni no, yo creo que calculada, de forma ambigua. Creo que al PP este debate le genera una división interna. Y no olvidemos que es un proyecto de ley amparado en el nuevo Estatuto. La posición del PP [que, junto a PSOE e IU, aprobó la reforma del texto] tiene que ser clara.

Los cuidados paliativos en casa van a requerir mucho dinero.

Sí. Responde a la voluntad de que seamos capaces de satisfacer un deseo que se expresa por la mayoría de los pacientes que se encuentran en ese momento, que es que ellos quieren morir en casa, rodeado de sus familiares en un entorno íntimo frente a la habitación de un hospital. Y el hecho de decidir morir en casa no debe privar al paciente de los medios tecnológicos o asistenciales que sólo tiene, actualmente, en el hospital.

En menor medida, ya se hace.  

Sí. Crearemos una red más extensa, pero no sólo en términos cuantitativos. La atención primaria tiene que vivir fundamentalmente orientada al domicilio. Es decir, que salga desde dentro hacia fuera. Que nosotros lleguemos al domicilio del paciente. Es un reto complicado, pero tremendamente importante y, sobre todo, es lo que nos piden los ciudadanos.

¿Ha pesado más la seguridad del médico o el derecho del paciente?

El objeto de la ley es doble: en primer lugar, garantizar que la voluntad del paciente se cumple. Y, en segundo lugar, es también muy importante dar seguridad jurídica a la práctica del profesional, pero no sólo en el sentido de que se sienta respaldado, sino en la dignificación de la práctica clínica cuando hay que administrar una sedación paliativa o retirar un respirador. Es buena práctica cuando estás respetando la voluntad del paciente, cuando el paciente está pidiendo no tener dolor o agonía innecesaria.

Prohibir el encarnizamiento terapéutico [insistir en un tratamiento que no beneficia y añade dolor] genera dudas. El propio médico o la familia pueden pensar que no se hizo lo suficiente por salvar al enfermo.

En el proyecto de ley hemos huido de de esa palabra. Tiene connotaciones violentas. Obstinación es un sinónimo; encierra una actitud cabezota, que no aporta ningún beneficio para que el paciente se recupere o para que se alivien sus síntomas, y, en los casos tipificados en la ley, provocan un sufrimiento añadido. Pero sería miope deducir de ahí que uno está planteando que la mayoría de los profesionales son obstinados terapéuticamente. Todo lo contrario. No es desconfianza hacia el profesional sino una garantía al paciente.

¿Cómo han recibido la ley los hospitales religiosos?

Sólo tuve oportunidad de leer algunas declaraciones del director médico del Hospital San Rafael, de la orden de San Juan de Dios, en donde felicitó el proyecto de ley. Le pareció, más allá de la letra pequeña, oportuno que los centros sanitarios tuvieran claras cuáles son las obligaciones que tienen que desarrollar y que se respete la voluntad del paciente. Me alegré mucho porque yo conozco cómo los hermanos de la orden vivieron en ese hospital la situación de Inmaculada Echevarría [a quien le fue retirado el respirador que le mantenía con vida]. Hubo elementos que les ocasionaron una molestia y planteamientos éticos que tuvieron que discutir.

Con esta ley no sería discutible.

No. En el caso de Inmaculada, ante la negativa del centro religioso, hubo que trasladarla a uno público. Fue una molestia añadida a Inmaculada, y algunos de los hermanos lo vivieron con franca pena porque ellos entendían que Inmaculada podía recibir allí ese tratamiento.

¿Está la sociedad preparada para debatir sobre la eutanasia?  

El debate sobre eutanasia-suicidio asistido trasciende el propio debate del sistema de salud, es un debate sobre el derecho a la muerte y de cómo el sistema sanitario da soporte a ese derecho. Y no se puede iniciar bajo la perspectiva del binomio eutanasia sí, eutanasia no. Creo que es simplificar el debate. No es lo mismo el caso de un paciente con una enfermedad irreversible que cursa con una pésima calidad de vida y con un pronóstico vital corto al de un paciente con una enfermedad irreversible pero con calidad de vida óptima y un pronóstico vital largo. Hay que iniciar el debate acercando esa realidad, clarificando conceptos para que los ciudadanos tengan criterio y estén libres de dogma.

¿Habría que extender la ley de muerte digna a toda España antes de hablar de eutanasia?
Ha habido una voluntad declarada por parte del PSOE y del Gobierno de ir avanzando en estos conceptos. Andalucía ha agotado la posibilidad que le oferta el marco jurídico y me gustaría que en el debate que hemos abierto participara toda la sociedad. Ese mismo recorrido se tendrá que producir en un debate más general sobre suicidio asistido y eutanasia, que se está produciendo, pero hay que orientarlo de una forma adecuada. La legislación tendrá que llegar hasta donde la sociedad quiera llegar.

La marihuana, desde el punto de vista terapéutico, también puede ayudar a muchos pacientes.

El consumo de la planta bajo ese fin está prohibido en el Código Penal. Las comunidades autónomas no tienen competencias. Sí es cierto que usamos los derivados del cannabis. La dificultad estriba en que ese tipo de sustancia no está comercializada como fármaco en España. Cuando un profesional considera que su paciente se puede beneficiar de esa sustancia, se pide autorización a la Agencia del Medicamento para importar el producto de EEUU.

¿Cuántos se benefician?
En Andalucía, en el último año, se han beneficiado de este producto 30 pacientes. Actualmente hay un laboratorio español que está intentando comercializarlo y nosotros tenemos dos hospitales en un ensayo clínico sobre ese medicamento. Cuando termine el proceso de experimentación, según los resultados, se procederá o no a la autorización. Probablemente, en un futuro no muy lejano.

En Catalunya se pidió el uso de la sustancia en estado puro.

Sí, pero el Código Penal lo impide.

Hay pacientes que buscan la marihuana a escondidas. ¿Por qué no se cambia la ley?

El Comité de Ética de Andalucía discutió sobre este asunto. Y el Parlamento andaluz aprobó una resolución para apoyar a los grupos de investigación que quisieran formar parte de los ensayos clínicos sobre el uso del cannabis. Si hay un principio activo dentro del cannabis capaz de dar alivio, mitigar las náuseas, el dolor o cualquier otro síntoma, hay que acogerlo. No descartarlo a priori, sino todo lo contrario, habrá que incorporarlo al procedimiento de autorización del medicamento.

Una buena pregunta para el ministro.

Imagino que se pronunciaría de una forma similar porque no son los profesionales los que tienen resistencia a la hora de usar algún tipo de sustancia que si no se utiliza adecuadamente puede tener efectos perjudiciales para la salud, como las radiaciones ionizantes. Si a priori a cualquiera le dicen qué opina sobre la energía nuclear puede expresar rechazo por lo que supone la bomba atómica. Pero nosotros hemos aprovechado su potencialidad para incorporarla de forma adecuada a la práctica médica. Si usamos la energía nuclear para curar enfermedades, ¿por qué no la marihuana?

¿Y por qué no el aborto? ¿Cómo valora la nueva ley anunciada por el Gobierno?

Creo que era necesario revisar toda la legislación. Pero eso no puede hacernos bajar la guardia en la necesidad de seguir educando a la población para que no existan embarazos no deseados. Que tengamos embarazos en menores de 15 años supone un fracaso sin paliativos del conjunto de la sociedad. Nadie quiere tener que llegar a interrumpir voluntariamente el embarazo. Hay que poner el dique antes y poner en marcha campañas de información. 

¿Esperanza Aguirre quiere privatizar la Sanidad pública?

Hay intentos o signos de cómo se está configurando el sistema sanitario en Madrid que deberían encender determinadas luces de alarma. Hay que estar muy atentos, porque no hay una declaración explícita de que se quiera privatizar el modelo sanitario, pero sí algunos rasgos que hacen sospechar que se ha iniciado un camino en esa línea. Tenemos que prestigiar un sistema que posibilita que el que menos tiene reciba lo mismo que el que más tiene en términos sanitarios. Que nadie tenga que irse a América porque aquí no se proporciona un tratamiento. Es un sistema que cuesta dinero, pero que no tiene precio.

¿La financiación es suficiente?

No. Nos enfrentamos a una población cada vez más envejecida, llegan nuevas tecnologías cuando las que tenemos están sin amortizar... A nosotros nos ha permitido aumentar el presupuesto el sistema no finalista, en el que cada comunidad decide qué parte de la tarta dedica a salud. En Andalucía, el 33%. 

¿Es la transparencia en las listas de espera una de las asignaturas pendientes?

Las listas de espera es uno de los debates que más tiempo nos dedica y seguiremos trabajando en ello. Ahora tenemos un proyecto interesante de transparencia para ir mucho más allá. Se publicarán centro por centro los indicadores de patologías de morbilidad y de mortalidad en relación con determinadas enfermedades para que los ciudadanos puedan consultar y elegir el hospital donde se quieren tratar. Los ciudadanos tienen derecho a conocer los resultados, si un hospital tiene más éxito en una patología cardíaca que en otro. Y me gustaría no sólo compararnos entre nosotros sino con otras comunidades autónomas.

La Junta y el Gobierno: ¿quién asesora a quién? 

Andalucía fue pionera también en aprobar, en 2003, la norma que permite investigar con células madre embrionarias. Y, por unos meses, se adelantó una vez más al Gobierno en la elaboración de la Ley Biomédica. ¿Asesora la Junta al ministro o el ministro asesora a la Junta [que había fichado a Bernat Soria precisamente para investigar con células madre]? “Tenemos una relación magnífica con el Ministerio de Sanidad no sólo porque compartimos proyecto político, un elemento fundamental en temas como los abordados en esta entrevista, sino porque con el ministro Bernat Soria me une una amistad y ha sido parte de mi equipo durante un tiempo muy importante. Ha simbolizado proyectos que para Andalucía han sido muy importantes e innovadores, no sólo en el ámbito de la medicina, sino de la investigación en general. Pero cada administración es autónoma en el desarrollo de sus competencias y por tanto obra en su ámbito competencial”, asegura Montero. “Los proyectos que se plantea el ministro los discute con su equipo –añade– y si quiere algún elemento, consulta a efecto personal”. Una relación muy distinta a la que existía entre Andalucía y el Gobierno de Aznar, que intentó vetar algunos de esos proyectos que han situado a Andalucía en la vanguardia de la sanidad.