Amnistía Internacional criticó el miércoles la actuación de la Fiscalía de solicitar la paralización de la apertura de fosas de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España, y afirmó que esta iniciativa está fuera de la legalidad internacional.

En un informe presentado en Madrid, la ONG pidió además la derogación de la Ley de Amnistía de 1977.

"En España hay más víctimas denunciadas de desaparición forzada con nombres y apellidos que en toda América Latina en los últimos 40 años y ante este intento de investigar, el Ministerio Fiscal a las primeras de cambio, se sitúa fuera de legalidad internacional", dijo el director de la sección española de AI, Esteban Beltrán, en una rueda de prensa.

A petición de la Fiscalía, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional paralizó el viernes cautelarmente la apertura de fosas dentro de la causa abierta por el juez Baltasar Garzón.

La sala votó por 10 a 5 esta paralización hasta que se decida si el magistrado tiene potestad para investigar las desapariciones de miles de personas desde 1936 hasta los primeros años del franquismo.

Garzón había autorizado 19 exhumaciones, entre ellas la tumba en la que supuestamente está enterrado Federico García Lorca desde 1936, pero el Ministerio Fiscal esgrimió que la Audiencia no tiene competencia en este asunto por no estar sujeto a las reglas de la justicia universal.

"Tal pretensión resulta ilegítima y especialmente lesiva respecto de aquellas personas que fueron privadas de contar con un derecho efectivo. La aplicación de la ley que propugna el Ministerio Fiscal niega a los denunciantes su derecho a la acción de la justicia, lo que vulnera el derecho de las víctimas a obtener justicia", afirmó Amnistía Internacional en su informe.

AI aludió a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que sostiene que los Estados asegurarán a toda persona "que disponga de la información o tenga un interés legítimo y sostenga que una persona ha sido objeto de desaparición forzada el derecho a denunciar los hechos ante una autoridad estatal competente e independiente, la cual procederá de inmediato a hacer una investigación exhaustiva e imparcial".

"Siempre que existan motivos para creer que una persona ha sido objeto de desaparición forzada, se deberá iniciar una investigación judicial y la misma no podrá ser limitada u obstaculizada de manera alguna", agregó el documento.

LEY DE AMNISTIA

En este sentido, AI se mostró partidaria a la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 al considerar que no cabe invocar la amnistía a personas responsables de crímenes de derecho internacional, y menos aún si no se ha celebrado un proceso judicial independiente e imparcial que haya impuesto responsabilidades penales.

"La Ley 46/1977, de 15 de octubre de 1977, de amnistía no sólo es una norma preconstitucional, contraria a las disposiciones de la Constitución, sino que es contraria al derecho internacional convencional vinculante para España en ese momento", señaló el informe.

Amnistía Internacional aludió a la trayectoria judicial española, que con decisiones del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional ha defendido la legalidad internacional respecto a crímenes "con independencia del lugar en el que se han cometido", como sucedió en el caso Scilingo o el proceso al dictador chileno Augusto Pinochet.

"La prolongada injusticia de quienes fueron privados de recursos en materia de verdad, justicia y reparación, es una de las más profundas heridas abiertas que la sociedad española tiene hoy la oportunidad de apreciar en su justa dimensión interna e internacional", consideró el informe.

En su causa, Garzón ha recibido ya los nombres de más de 114.000 personas desaparecidas durante la guerra entre 1936 y 1939 y hasta diciembre de 1951.