Colombia destituyó el miércoles a 25 militares, incluidos tres generales, presuntamente implicados en casos de violaciones a los derechos humanos vinculados con la desaparición de al menos 19 jóvenes que posteriormente fueron reportados como muertos en combate.

Se trata de la mayor purga en la historia reciente en las Fuerzas Militares de Colombia en un momento en que grupos de derechos humanos las acusan de cometer actos ilegales en su lucha contra la guerrilla izquierdista, escuadrones de ultraderecha y el narcotráfico.

El caso que originó las destituciones se relaciona con la desaparición de al menos 19 jóvenes de un barrio obrero al sur de Bogotá que posteriormente aparecieron muertos en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

Las autoridades militares aseguraron inicialmente que habían muerto en combates con patrullas del Ejército y que formaban parte de grupos armados ilegales formados por antiguos paramilitares de ultraderecha.

"Nosotros no podemos permitir que se confunda la eficacia en la lucha contra los delincuentes con la cobardía para enfrentar a los delincuentes y la distorsión de la eficacia asesinando víctimas inocentes", dijo el presidente Álvaro Uribe al anunciar la destitución de los militares.

"Estos hallazgos muestran que en algunas instancias del Ejército ha habido negligencia, falta de cuidado con los procedimientos que tienen que observarse y eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursos en crímenes, crímenes resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del Ejército", sostuvo el mandatario.

Uribe asumió la presidencia el 7 de agosto de 2002 tras ganar las elecciones con la promesa de derrotar a la guerrilla en un país hastiado por la violencia.

Su decisión se produjo al día siguiente de que Amnistía Internacional pidiese a la comunidad internacional suspender la ayuda militar al país andino por las violaciones a los derechos humanos.

Entre los destituidos figuran dos comandantes de división, tres comandantes de brigada y dos comandantes de batallón.

¿ALIANZA CON DELINCUENTES?

"Esta negligencia pudo haber facilitado la colusión de algunos miembros del Ejército con delincuentes externos que gozaban de impunidad, a cambio de contribuir al logro de resultados irregulares que van en total contravía de la Política de Seguridad Democrática", dijo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

Uribe ha aumentado el número de efectivos de las Fuerzas Armadas, el presupuesto militar y ordenado el pago de recompensas a informantes.

La ofensiva obligó a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a replegarse en apartadas zonas selváticas y montañosas, mientras los índices de asesinatos, masacres, secuestros y atentados se redujeron considerablemente.

Uribe exige a los comandantes de las Fuerzas Armadas resultados en la ofensiva contra la guerrilla, lo que, según especialistas, ha contribuido al aumento de violaciones a los derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales.

"Es una decisión sin precedentes, es una decisión importante que debe resaltarse pero a mí me parece que no se sabe qué paso, salen 25 oficiales y no se sabe por qué", dijo el ex ministro de Defensa Rafael Pardo.

Los oficiales destituidos dijeron que acatan la decisión del Gobierno de retirarlos del servicio activo.

"Asumo la responsabilidad que me pueda recaer en mi condición de comandante, del control que he debido y en el ejercicio de mis funciones, pero mi conciencia está tranquila porque mi actuar ha sido transparente", dijo el general Paulino Coronado, comandante de la Brigada 30.