Las asociaciones de familiares de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo han exigido al Gobierno que modifique la Ley de Memoria Histórica en el tercer aniversario de su entrada en vigor, al considerar que se ha quedado "pequeña".

El estado de salud de la ley es "bastante débil", según el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, quien ha criticado el incumplimiento de algunos de los "deberes" que asumió el Gobierno en esta norma.

Silva ha explicado a Efe que queda mucho trabajo pendiente para contar con un mapa de fosas en España y ha censurado que el Ejecutivo haya adquirido un compromiso a través de una ley y luego lo "rebotara" a las comunidades autónomas, provocando "una bronca política artificial".

También ha opinado que el Valle de los Caídos está "en una especie de limbo" y "no acaba de convertirse en un centro que recuerde a quienes lo construyeron".

Además, el portavoz de la asociación ha lamentado la pasividad del Gobierno a la hora de eliminar los símbolos y la nomenclatura de calles y espacios públicos en distintas ciudades de España que "exaltan a los responsables de los asesinatos de miles de personas durante la Guerra Civil y el franquismo".

Ha reclamado al Ejecutivo que se responsabilice de la búsqueda de los desaparecidos en este periodo, de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, al considerar "no es posible que las familias que sufrieron el daño se hagan cargo de las exhumaciones".

Por su parte, la secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, Paqui Maqueda, ha estimado que la Ley de Memoria Histórica se ha quedado "pequeña" para dar respuesta a los colectivos memorialistas que se están transformando en un movimiento de lucha contra la impunidad de los crímenes fascistas.

Maqueda ha pedido al Gobierno que modifique la ley para que recoja la anulación de las sentencias fascistas y el Estado asuma la responsabilidad de localizar, exhumar y entregar los cuerpos a los familiares.

España es el único país del mundo, según Amnistía Internacional, donde los familiares reciben subvenciones para buscar a sus desaparecidos, ha asegurado a Efe la representante de la plataforma.

Asimismo, ha recordado que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza en su auto contra el juez Baltasar Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo citó la Ley de Amnistía de 1977 y la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Estas dos leyes, ha agregado, han contribuido a sentar el banquillo a Baltasar Garzón, el único juez que ha dado respuesta a las familias de las víctimas y ha tratado de hacer justicia, para juzgarlo por un presunto delito de prevaricación.

La presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español, Ludivina García, ha comentado a Efe que la Ley de Memoria Histórica se ha desarrollado de manera "dispar" según sus contenidos.

García ha valorado la concesión de la nacionalidad a los descendientes de los exiliados y ha considerado escaso el millar de certificados otorgados para reconocer la contribución de las víctimas a la lucha por la democracia.

Tras indicar que en otros países europeos las fosas comunes se convierten en lugares de memoria, ha criticado las prisas y la ligereza con que se han llevado a cabo algunas exhumaciones, en las que algunos restos que se han quedado sin identificar han terminado en el osario de algún cementerio condenados a "una segunda muerte".