Suiza, uno de los países que más protestaron al ser incluidos en la lista de paraísos fiscales que la OCDE presentó en la cumbre del G-20, pasa de las palabras a los hechos, y se convierte en la punta de lanza de una revuelta contra los organismos internacionales.

El Consejo Federal suizo ha anunciado el bloqueo de 208.000 euros de sus cuotas voluntarias a la OCDE para subrayar 'su profundo desacuerdo, tanto sobre el método como sobre el contenido de las informaciones fiscales transmitidas al G-20'. Además, el Gobierno helvético mantiene la amenaza de bloquear su contribución anual obligatoria, de 8 millones de francos suizos (unos 5,3 millones de euros), 'un gesto muy excepcional y grave, sin precedentes', según explicó a Público una fuente de la OCDE.

Suiza se considera agraviada al verse incluida en la llamada lista gris donde figuran los 12 centros financieros y 30 paraísos fiscales que, habiéndose comprometido a cumplir las exigencias de transparencia y lucha antifraude, todavía no han reformado sus legislaciones y firmado los convenios de cooperación fiscal que harían realidad esa promesa. Ahí se encuentran tradicionales paraísos como Gibraltar, Liberia, Filipinas, Islas Caimán o Panamá, y otros países que han empezado a colaborar como Liechtenstein, Bélgica, Luxemburgo, Austria, Andorra o Mónaco.

Así, Suiza, que estima que ha hecho ya muchos esfuerzos con su promesa de reformar el secreto bancario, se considera 'humillada', según su ministro de Interior, Pascal Couchepin. 'En cierto modo, esa cólera es positiva, porque al fin y al cabo señala que esos países van a someterse', explica un alto funcionario de la OCDE.

Pero algunos hacen la lectura inversa. La revuelta puede ser el regreso a las contradicciones que han impedido que este sistema de listas, que empezó hace más de una década, haya servido para la aplicación de normas en el universo financiero globalizado. Es la opinión de expertos como la ex jueza anticorrupción francesa Eva Joly, el politólogo Eric Toussaint o el economista Dominique Plihon.

En 1998, tras una cumbre del G7 en Lyon (Francia), la OCDE inició el censo de paraísos fiscales no-cooperativos, con cuatro criterios para marcar a esas ovejas negras: territorio casi sin impuestos, con falta de transparencia, que no intercambia información y cuya actividad económica real es irrelevante comparada con los capitales que mueve.

Se encontraron más de 80, desde el Estado norteamericano de Delaware o la City de Londres, hasta Melilla o Hong Kong, pasando por miembros de la Eurozona, y por los que están en la lista gris actual.

Cuando se trató de organizar la respuesta multilateral a esas jurisdicciones, llegó un veto político que descafeinó la lucha. EEUU se opuso en 2002 a toda inclusión de criterios sobre la actividad económica hiperfinanciera, y Gran Bretaña exigió después que se retirara el criterio de baja fiscalidad.

Ahora, la OCDE estima que 'con los 42 territorios en la lista gris hemos llegado al nivel de masa crítica de países que quieren aceptar las reglas del juego', según los altos funcionarios consultados. Para un diplomático destacado ante la OCDE, 'no se va a repetir la situación de Bermuda, Caimán o Panamá, que prometieron terminar con el secreto bancario y el lavado de dinero y luego no dieron ningún paso. Ahora van a empezar todos muy rápido a firmar convenios y cambiar legislaciones'.

Clave es la amenaza del G20 en Londres. La declaración final dice que se está 'listo para desplegar sanciones y proteger nuestras finanzas públicas y sistemas financieros'.

Se trataría de imponer retenciones fiscales preventivas a todo pago efectuado en los paraísos y de instaurar la no deductibilidad de los pagos que efectúen las empresas a través de esos territorios. 'Va a hacer falta mucho dinero público para salir de la crisis, y ese dinero surgirá apretando a los paraísos fiscales', confía un diplomático de la OCDE.

El Senado de EEUU estimó en un informe de 2008 que el país pierde 100.000 millones de dólares al año en ingresos fiscales a causa de estas jurisdicciones. El presidente de EEUU, Barack Obama, anunció la semana pasada un plan contra las multinacionales que, con filiales ficticias en paraísos fiscales, evaden impuestos.

Obama cumple así una promesa de campaña y espera recuperar en diez años 210.000 millones de euros de impuestos con la nueva legislación fiscal solicitada al Congreso. No obstante, eso sólo representa una parte de lo que estimaciones precedentes del Senado juzgaban evadido y, además, sigue sin tocar el gran tabú: los paraísos fiscales que tanto Estados Unidos como China y Gran Bretaña albergan y protegen en su seno.

¿Qué es la norma OCDE?
Un modelo de convenio fiscal internacional propuesto a todos los territorios. Para salir de la lista gris se deben firmar al menos 12 convenios con otros tantos países.

¿Garantiza el final del secreto bancario?
Sólo parcialmente. Exige que se acepte comunicar todos los datos a una autoridad fiscal o judicial extranjera. Pero la información que muchos facilitan es escasa o inútil.

¿Por qué la lista negra del G-20 duró menos de una semana?
Los cuatro países que la formaban (Costa Rica, Malasia, Filipinas y Uruguay) presentaron una declaración de principios para someterse al modelo internacional y pasaron a la gris.