El sector conservador del Tribunal Constitucional ha logrado hoy, gracias al voto de calidad de uno de sus miembros, apartar a la presidenta de este órgano, María Emilia Casas, de las deliberaciones sobre el recurso del PP contra su continuidad en el cargo.

El Alto Tribunal ha informado esta tarde de que el pleno del TC ha aceptado las abstenciones de su presidenta y del vicepresidente, Guillermo Jiménez, en el recurso que el PP interpuso contra la Ley Orgánica de este tribunal (LOTC) y, concretamente, contra el artículo que permitió prorrogar automáticamente sus mandatos.

La decisión se ha adoptado gracias al voto de calidad del presidente accidental del pleno, el conservador Vicente Conde, en la cuarta reunión para tratar este asunto mantenida desde el pasado 11 de septiembre y después de que en la votación se registrara un empate a cinco.

Los cinco magistrados adscritos al sector progresista que participaron en la reunión -Pascual Sala, Eugeni Gay, Elisa Pérez, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps- han anunciado votos particulares.

Después de votar esta decisión, que deja la resolución del recurso del PP en manos de los conservadores, los magistrados han acordado admitir a trámite, esta vez por unanimidad, dicho recurso de inconstitucionalidad, que en caso de ser estimado abriría la puerta a la elección de un nuevo presidente del Constitucional.

Dada la igualdad de fuerzas entre conservadores y progresistas, que de momento cuentan con el voto de calidad de Casas, si los primeros se hicieran con la presidencia invertirían la situación actual.

Así, podrían inclinar a su favor las deliberaciones que el Alto Tribunal debe mantener en los próximos meses, en los que habrá de pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes más significativas del Gobierno socialista: la de igualdad, la del matrimonio homosexual, el Plan Hidrológico Nacional y, por supuesto, el Estatuto catalán, recurridas todas ellas por el PP.

El TC también tiene sobre la mesa varios cientos de cuestiones de inconstitucionalidad contra la Ley Integral contra la Violencia de Género planteadas por los jueces.

Una vez admitido a trámite el recurso del PP, sin embargo, el Gobierno entra en juego y puede ordenar a la Abogacía del Estado que recuse a dos magistrados conservadores, Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, que el pasado mes de junio dirigieron al tribunal un escrito en el que mostraban su rechazo a la reforma de la LOTC y cuestionaban la legitimidad de Casas.

El Ejecutivo, que ya ha anunciado que estudia plantear las recusaciones por considerar que el escrito de estos dos magistrados supone que están "contaminados" para entender de este asunto, facultó el pasado viernes a los Servicios Jurídicos del Estado, mediante un acuerdo del Consejo de Ministros, para actuar en el recurso del PP.