La Fiscalía llama hoy al estrado a sus primeros testigos en el postergado juicio contra el ex presidente de Liberia Charles Taylor, acusado de cometer atrocidades contra los derechos humanos en Sierra Leona.

Taylor, quien fuera uno de los más temidos caudillos de África, afronta cargos por secuestro, asesinato, mutilación y reclutamiento de niños como soldados ante el Tribunal Especial de Naciones Unidas para Sierra Leona y se dispone a desvincularse de las responsabilidades en el conflicto (1991-2002).

Taylor, de 59 años, se ha declarado inocente de todos los cargos.

Acabar con la impunidad 

'Esta es una importante prueba para la justicia internacional (...) Tendrá ramificaciones en todo el mundo', dijo el fiscal Stephen Rapp el viernes sobre un juicio que espera que ponga fin a décadas de impunidad para los hombres fuertes de África.

'Ha habido otros casos donde han estado involucrados jefes de Estado que no terminaron bien (...) pero confío en que podremos presentar el caso y mostrar que es posible probar que un jefe de Estado es responsable en un juicio justo', agregó.

Mientras en Holanda se preparaba la audiencia, en Liberia la familia y amigos de Taylor organizaron el domingo un servicio religioso en apoyo al ex líder liberiano.  

El comercio de diamantes 

Más de 250.000 personas murieron en guerras entrelazadas en Liberia y Sierra Leona que sacudieron el mundo con historias e imágenes de niños soldados drogados que mataban, secuestraban y saqueaban.

Taylor está acusado de tratar de tomar el control de la riqueza mineral de Sierra Leona, particularmente de sus minas de diamantes, e intentar desestabilizar a su Gobierno a través de su ayuda a los rebeldes del Frente Unido Revolucionario (FUR).

El juicio se lleva a cabo en La Haya, debido a los temores de inestabilidad en caso de que se realizara en Sierra Leona.

Los fiscales intentarán llamar a 144 testigos, pero esperan que la mitad de ellos pueda enviar sus testimonios por escrito, lo que permitiría que el equipo de fiscales presente su caso en unos ocho meses.

El dictamen final se espera para finales de 2009, aunque si hay apelaciones podría llevar hasta 2010.