Durante la dictadura franquista se estableció un 'plan sistemático' de recuperación de niños cuyos padres, por su ideología, fueron considerados por el régimen 'no aptos para asumir su cuidado'. El juez Baltasar Garzón reclama en su último auto 'la obligación' de investigar estas desapariciones, sustracciones y cambios de identidad registradas durante la dictadura.

'El régimen franquista invocaba la protección de menores', pero la idea que aplicaba de esta protección no se distinguía de un régimen punitivo. Los niños debían expiar activamente los pecados de su padre y se les repetía que ellos también eran irrecuperables.Frecuentemente eran separados de las demás categorías de niños internados en las Instituciones del Estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos', según describe el magistrado en su auto.

Para Garzón, este delito constituye un crimen contra la Humanidad que no ha prescrito, ya que muchas víctimas los hijos y algunos padres podrían estar vivas. Por eso, el magistrado insta a las instituciones, al Ministerio Fiscal y a los jueces a que investiguen, sancionen a los culpables y 'se repare a las víctimas', de manera que puedan recuperar su identidad robada.

El juez incluye en su escrito algunas cifras, basadas en fuentes históricas, que elevan, por ejemplo, a más de 30.000 el número de hijos de presas republicanas tutelados por la dictadura entre 1944 y 1954.

Garzón especifica cuáles fueron las principales formas de sustracción de menores. El juez recuerda a los niños cuyos apellidos fueron modificados para entregarlos a familias adictas al régimen franquista. 'Muchos de aquellos hijos les fueron retirados a las madres y nunca fueron devueltos a sus familiares de origen, ni tampoco se intentó hacerlo', denuncia el magistrado.

'Los niños perdidos son también parte de las víctimas del franquismo', concluye el juez Garzón en su auto.

Durante la dictadura franquista se estableció un 'plan sistemático' de recuperación de niños cuyos padres fueron considerados 'no aptos para asumir su cuidado' por su ideología opuesta al régimen de Franco. El juez Garzón reclama ahora 'la obligación' de investigar estas desapariciones, sustracciones y cambios de identidad registradas durante la dictadura. Según Garzón, este delito constituye un crimen contra la Humanidad que no está prescrito, ya que muchas de las víctimas los hijos y algunos padres podrían estar aún vivas. Por esa razón, el magistrado insta a las instituciones, al Ministerio Fiscal y a los jueces a que investiguen, sancionen a los culpables y 'se repare a las víctimas', de manera que puedan recuperar su identidad real. El juez incluye en su auto algunas cifras basadas en fuentes históricas que elevan a 30.000 el número de niños que fueron arrebatados a sus padres entre 1944 y 1955. Garzón especifica cuáles fueron las principales formas de sustracción de menores. El juez recuerda a los hijos de presas republicanas cuyos apellidos fueron modificados para entregarlos a familias adictas al régimen franquista. 'Muchos de aquellos hijos les fueron retirados a las madres y nunca fueron devueltos a sus familiares de origen, ni tampoco se intentó hacerlo', denuncia el magistrado.