El Estado invertirá 10.210 millones de euros en las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía, Aragón y Baleares para dar cumplimiento a las disposiciones recientemente incluidas en las reformas de sus estatutos de autonomía.

El informe económico financiero que acompaña al Proyecto de Ley Presupuestos Generales del Estado para 2008 presentado hoy en el Congreso explica que los estatutos de algunas comunidades autónomas incluyen "determinados criterios para establecer, de forma permanente o temporal, el volumen de la inversión total que el Estado ha de destinar a una determinada comunidad autónoma".

El texto añade una explicación sobre cómo se han cumplido esas disposiciones estatutarias en los cuatro casos en que existen: Cataluña, Andalucía, Aragón y Baleares.

En el caso catalán el informe recuerda que "la aplicación de la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña supone dotar un importe de 4.365 millones en inversiones".

Esa cifra incluye los 3.642,5 millones de euros que aparecen en el cuadro general de distribución territorial de las inversiones estatales, "a los que se añadirá el importe de otros proyectos pendientes de determinar, e inicialmente no regionalizados, y los peajes de autopistas por un importe total de 722,8 millones".

De ese modo se alcanzarían los 4.365,3 millones de euros y se cumpliría la disposición del Estatut que fija las inversiones del Estado en infraestructuras durante siete años -2007 a 2013- en el 18,7 por ciento del total, ya que ese es el peso de la economía catalana en el PIB español.

En el caso de Andalucía, las inversiones estatales previstas (4.345 millones de euros) suponen el 17,8 por ciento del total nacional, es decir el mismo porcentaje que supone la población andaluza sobre el total de la española, tal y como dispone el nuevo estatuto de esa comunidad.

En Aragón, las inversiones previstas son de 1.200 millones lo que, según el informe que acompaña al proyecto, cumple con lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta del Estatuto de Autonomía de Aragón que establece que "se ponderarán, con carácter prioritario, la superficie del territorio, los costes diferenciales de construcción derivados de la orografía, así como su condición de comunidad fronteriza".

Finalmente, en el caso de Baleares se explica que, según la interpretación consensuada de la disposición Transitoria Novena del Estatuto de Autonomía, las inversiones en esa comunidad debían elevarse en 2008 a 300 millones de euros.