La incertidumbre planea sobre los comerciantes que poseen contratos de alquiler de renta antigua debido a la próxima aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) del año 1995. 'Esperamos poder continuar, ojalá, pero a día de hoy no lo sabemos', suspira Almudena Zarco, propietaria de la histórica Bisutería Otero, situada en la madrileña calle Mayor. Y es que el porvenir para algunas de estas tiendas y bares que adornan con su particular estilo las calles más céntricas de muchos municipios españoles no será nada fácil en los próximos meses.

La LAU establece que todos los negocios con contrato de renta antigua firmado con anterioridad a mayo de 1985 deberán actualizar sus acuerdos de alquiler antes del 31 de diciembre de 2014; o lo que es lo mismo, que el precio que los caseros pueden exigir a sus arrendatarios desde el primer día del próximo año se podría disparar.

El presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Copyme), Salvador Bellido, cuantifica los locales afectados en alrededor de 250.000, aunque reconoce que es 'difícil' establecer el censo total de establecimientos damnificados. Hace un mes, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) hizo públicas unas cifras muy similares, pero el secretario de Política Institucional de esta asociación, César García, reconoce que estas cifras podrían haberse reducido.

'Esperamos que un gran porcentaje de los establecimientos afectados puedan continuar', admite el representante, quien cifra en 'unos 45.000' el número de comercios españoles que, como él mismo ha señalado, estarían 'bajo la espada de Damocles' a día de hoy. Esta reducción sustancial a nivel nacional contrasta con la situación de Madrid, donde las estimaciones de García señalan que los locales que hubieran podido llegar a algún tipo de acuerdo para continuar sólo habrían ascendido hasta 'el 45% o 50%', después de que algunos arrendatarios se vieran incluso obligados a cerrar para 'no alargar la agonía', sentencia.

García no es ajeno a los problemas que esta medida podría llegar a tener en materia laboral, ya que, según sus palabras, supondría 'que miles de personas perdieran su trabajo'. Del mismo modo, el representante incide en los problemas judiciales que la desaparición de estos comercios podrían generar, puesto que apunta que 'quizá los afectados decidieran acudir a la justicia'.

Por ello, desde UPTA trabajan, al igual que desde COPYME, para 'intentar solucionar la situación por la vía política', como expresa García, quien pese a ello critica que, por el momento, 'no se ha recibido ninguna respuesta del Gobierno'.

La tesitura es límite para estas pequeñas empresas, familiares en muchos casos, como es la bisutería de Zarco, quien sin embargo también es capaz de empatizar con sus caseros. 'Les entendemos, el problema está en que el que pueda pagar un negocio aquí a partir de ahora, va a arrasar el local y eso es destruir patrimonio', relata la empresaria, que incluso se atreve a vaticinar el tipo de tienda que podría sustituir a las actuales. 'A estos precios sólo se pueden poner franquicias', lamenta la propietaria de una tienda que lleva tres generaciones abierta y que ya ha observado cómo en los últimos años las grandes marcas han ido conquistando poco a poco las zonas más características de la capital, en detrimento de negocios con mayor valor histórico y cultural.