Desde hace casi cuatro décadas, familiares y asociaciones de víctimas saharauis denuncian las graves violaciones de derechos humanos cometidas por Marruecos en los territorios del Sáhara Occidental, ocupados por el reino alauita desde noviembre de 1975.

La desaparición forzada es una de estas prácticas, calificada como de lesa humanidad, que cuenta con más de 400 casos documentados. Ahora, un equipo de expertos ha identificado ocho cuerpos que corresponden a ciudadanos saharauis, con DNI español, asesinados por miembros del ejército de Marruecos el 12 y 13 de febrero de 1976 y considerados, hasta la fecha, como desaparecidos. Se trata de los primeros trabajos en fosas comunes de la represión marroquí. Las víctimas eran beduinos que se dedicaban al pastoreo, razón por la cual no huyeron de sus tierras durante la invasión.

Sus asesinatos se cometieron en el mismo lugar donde fueron detenidos, en Fadret Leguiaa, una zona de la región de Smara, a 400 kilómetros de los campamentos de refugiados de Tinduf, y próxima al muro minado custodiado por Marruecos que divide el Sáhara. Allí, el pasado febrero, un pastor encontró restos humanos esparcidos por la arena, movidos por las condiciones climatológicas debido a que su enterramiento era superficial.

La exhaustiva investigación científica y documental que ha evidenciado, por primera vez, casos de desaparecidos saharauis, ha sido dirigida por el médico forense Francisco Etxeberría, y da continuidad al informe denominado El oasis de la memoria, del doctor Carlos Beristain y la abogada Eloísa González, un texto que analiza la  vulneración de derechos humanos en el Sáhara Occidental. Tras la publicación del informe, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos saharauis [Afapredesa] solicitó a un equipo investigador de la Universidad del País Vasco la exploración de una zona que podía albergar restos de víctimas.

El pasado junio, dicho equipo profesional y miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y del instituto vasco Hegoa visitaron el terreno -que se encuentra bajo supervisión del mandato de Naciones Unidas Minurso- con familiares de las víctimas y miembros de Adapredesa.

“Las detenciones se dieron en las cercanías del pozo de Amgala, donde los beduinos iban buscando agua para el ganado”, detalla el informe Meheris, la esperanza posible, donde los responsables de la investigación desmenuzan todo el proceso de trabajo y cuyas conclusiones se han presentado hoy en San Sebastián. “El operativo militar marroquí movilizó numerosas tropas y vehículos en una zona en la que, en ese momento, solamente había población civil: grupos de beduinos que vivían en la región”, concreta el informe.

No existen datos que prueben la existencia de combates los dos días en que se sucedieron las ejecuciones. Y no se tiene constancia de la presencia de fuerzas del Frente Polisario en la zona hasta días después. Asimismo, los investigadores hallaron en las cercanías de las dos fosas vainas de proyectiles, y los cráneos de las víctimas presentan perforaciones de balas.

“Las lesiones corresponden a lugares vitales selectivos, propios de ejecuciones extrajudiciales”, determina el equipo investigador, que cuenta con la experiencia de años de trabajo en España en las fosas comunes de víctimas de la represión franquista.

El recuerdo del testigo presencial, que por entonces tenía 13 años,  coincidió con las evidencias descubiertas en las fosas. Además, el testimonio de los familiares sirvió también para corroborar el extremo de la detención colectiva, momento presenciado por algunos de ellos.

Entre los objetos personales hallados, los arqueólogos localizaron los DNI (documento nacional de identidad) españoles de tres víctimas y un carné de racionamiento, con membrete español, a nombre de Salama Mohamed Alí.

Los familiares, que viven en los campamentos de refugiados, acompañaron al equipo de expertos durante el proceso de exhumación, y pudieron practicar sus ritos funerarios ante las fosas. Ambos enterramientos se volvieron a cerrar una vez tomadas las muestras de ADN.

El siguiente paso,  según ha aclarado el doctor Etxebarría a Público, será  regresar a la zona para devolver los restos a sus familiares. Hasta ese momento, las fosas han quedado protegidas, señalizadas y bajo supervisión de la Minurso, según asegura el equipo investigador.

Ahora, con las pruebas materiales delimitadas, las familias de las víctimas pueden reforzar sus demandas en la búsqueda de verdad, justicia y reparación. La responsabilidad en primera instancia apunta a Marruecos, país que no ha investigado de manera satisfactoria los casos de desapariciones durante su ocupación del territorio saharaui.

El 80% de estos casos se dieron durante los primeros años tras la marcha verde, el origen de la invasión ideada por Hasán II -padre del actual rey de Marruecos- tras la salida de España del territorio. La desaparición forzada se convirtió de este modo en el principal método de represión marroquí.

El Consejo Consultivo de Derechos Humanos del país norteafricano publicó un informe en internet, en diciembre de 2010, en el que reconocía la desaparición de 351 saharauis bajo su responsabilidad. Con unos datos “fragmentados, parciales y limitados”, según  denuncia el equipo de Etxebarría, el texto facilitó información sobre el destino que tuvieron  207 víctimas. Precisamente, cuatro de ellas forman parte del grupo hallado ahora en las fosas de Smara. Según el organismo marroquí, esas cuatro víctimas murieron en el cuartel de la ciudad, no da fechas de los fallecimientos y, además, sitúa las detenciones cuatro meses después de la fecha en que ocurrieron. Las evidencias halladas por los investigadores vascos contradicen la versión del informe de Marruecos, ya que las víctimas fueron ejecutadas en el mismo lugar donde se produjeron las detenciones en febrero de 1976.

El intento de Marruecos por investigar los casos de desaparecidos saharauis no cumplió con las expectativas de las familias.  El periodista José Oropesa, que ha trabajado con Afapredesa en los campamentos de Tinduf, ha recogido testimonios de familiares que, pese al informe marroquí, seguían hablando de sus familiares como desaparecidos. “Las familias argumentan que no han visto el cuerpo tras el fallecimiento y, sobre todo, no se les han explicado las causas de las muertes”, indica Oropesa a Público. Según la investigación marroquí, 'fueron enterrados' sin haber comunicado el fallecimiento a la familia. También, se dice que “fueron ejecutados” y que muchos de ellos “murieron por la situación en la que se encontraban tras la detención o el traslado desde la cárcel”, explica Oropesa.

“En los campamentos se desprestigia y desprecia dicho informe”, asegura el periodista. “Las familias se han sentido más dañadas por haberse tenido que enterar por un informe en internet -algunas familias ni lo saben aún- de que sus familiares, según Marruecos, estaban muertos”, añade.

La obligación de investigar los delitos de lesa humanidad en el caso saharaui corresponde también al Estado español, al que pertenecen los ciudadanos desaparecidos que habitaban en la provincia española número 53. La comunidad internacional sigue considerando a España como la potencia administradora, ya que no reconoce los acuerdos por los que la dictadura franquista otorgó el territorio a Marruecos y a Mauritania, en noviembre de 1975, días antes de la muerte de Francisco Franco.

El resultado del trabajo científico en las fosas de Smara supone otro balón de oxígeno a la causa saharaui que cuenta con el respaldo de organismos internacionales que presionan a Marruecos para que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos. El Grupo de Trabajo de la ONU contra la desaparición forzada se ha pronunciado a este respecto. Y este año, la visita del relator especial de la ONU contra la tortura y el trabajo de la Fundación Kennedy han reforzado las demandas saharauis.

Ahora, “la intención es denunciar los hechos y exigir la intervención de Naciones Unidas, porque hay más fosas en la zona”, avanza Etxebarría. “En la Audiencia Nacional hay un proceso abierto pero dormido, que Afapredesa desea activar”, concluye.