El caso Gescartera, en el que el Arzobispado de Valladolid está personado como acusación particular, quedará hoy visto para sentencia después de tres meses de sesiones de juicio oral, en el que han declarado catorce imputados, un centenar de testigos y más de una decena de peritos, sin aclarar el destino de los 50 millones de euros que suponen el agujero patrimonial de la sociedad.

Los 1.600 clientes estimados como "reales" en esta apropiación indebida mantienen sus esperanzas para recuperar el dinero en la responsabilidad civil subsidiaria pedida, tanto por el fiscal Vicente González-Mota como por las acusaciones, para Caja Madrid Bolsa y La Caixa.

La defensa de estas dos entidades solicitaron ayer quedar exentas de este cargo, que podría costarles desde 50,22 millones si la responsabilidad civil se consigna a partir del total apropiado (las aportaciones de los clientes) o 94,17 millones de euros si se tiene en cuenta las inversiones más la rentabilidad ofrecida por Gescartera entre 1993 y 2001.

Aunque también figuran como responsables civiles otras sociedades como Bolsa Consulting Madrid, Bolsa Consulting, Breston, Promociones Andolini, Gescartera Pensiones, BC Fisconsulting o Asesoría y Gestión de Patrimonios (AGP), según las acusaciones, las posibilidades de encontrar patrimonio significativo que palíe las pérdidas de los clientes son remotas.

Para terminar el juicio, sólo queda hacer uso del derecho de los acusados a la última palabra, que no se pudo terminar ayer por la indisposición de uno de los jueces para presenciar el juicio hasta después de las cinco de la tarde, momento en que se iba a comenzar con ese último paso.

Antonio Camacho, máximo imputado en el caso Gescartera, será una de las personas que hable hoy antes de que el caso quede visto para sentencia, según admitió en un descanso del juicio a los medios.

Ayer se supo que Gescartera estaba a punto de ser vendida a mediados de junio de 2001, momento en que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) lo impidió con su intervención tras constatar que tenía un millonario agujero patrimonial.

Marta Galvis, una de las abogadas de Antonio Camacho -máximo responsable de esa sociedad-, dijo ayer que su defendido estaba a punto de firmar la venta de la agencia a un comprador internacional que tenía como interlocutor al empresario hispano-iraní Masoud Zandi y como canalizador al Banco Zaragozano.

Durante las últimas sesiones del juicio, el fiscal pidió once años de cárcel para el dueño de la agencia de valores, Antonio Camacho, el número 2, José María Ruiz de la Serna, y el responsable de Administración y Gestión de Patrimonios (AGP), Anibal Sardón.

Entre los tres acusados, quienes constituyen según las acusaciones el primer escalón de esta apropiación indebida, pudieron retirar más de una cuarta parte de las aportaciones netas entre 1993 y 2001 de los 4.005 clientes de Gescartera -unos 11.559 millones de pesetas o 69,71 millones de euros-, aunque apenas un centenar de inversores han quedado representados a través de sus acusaciones particulares durante las 38 sesiones celebradas del juicio.

Hasta el momento, los clientes han recibido unos 24,85 millones de indemnizaciones -con un tope máximo de 20.000 euros- por parte del Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain), que, según se ha puesto de manifiesto durante las catorce semanas de juicio, es el mayor damnificado por la apropiación indebida de Gescartera.

Tras los tres principales imputados por las acusaciones, en un segundo escalón estarían la ex presidenta de Gescartera Pilar Giménez Reyna, el jefe de Mantenimiento Miguel Angel Vicente y el apoderado Javier Sierra de la Flor, para quienes el Ministerio Público ha solicitado ocho años de cárcel.