MADRID.-Los saharauis no esperan obtener la nacionalidad por carta de naturaleza como los sefardíes, ni confían en un trato preferencial como otras excolonias españolas. Su fin es recuperar el derecho a la nacionalidad por residencia cumplidos diez años, como cualquier extranjero, que ahora el Gobierno les niega.

Una situación que denuncia la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APASE) que reprocha al Ejecutivo que no de validez a los documentos expedidos por la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), la única a la que los saharauis tienen acceso, cuando anteriormente sí que los aceptaba.

"Ha habido un cambio de doctrina y el Gobierno nos ha convertido en extranjeros de segunda", afirma a Efe Sidi Talebbuia, presidente de APASE. "Fuimos una colonia española y hablamos castellano pero tenemos menos derechos que cualquier otro inmigrante para pedir la nacionalidad por residencia", asegura.

Este escenario afecta a más de 400 saharauis, quienes pese a cumplir los requisitos para acceder a la nacionalidad española -certificado de nacimiento, ausencia de antecedentes penales, salario fijo como trabajador y diez años de residencia legal- ven rechazada su solicitud.

Desde el Ministerio de Justicia explican que las solicitudes son denegadas puesto que España no puede aceptar los documentos administrativos de la RASD, que nuestro país no reconoce, hasta que se resuelva el estatuto internacional del Sáhara.

"Fuimos una colonia española y hablamos castellano pero tenemos menos derechos para pedir la nacionalidad por residencia"

Talebbuia explica que el cambio se produjo hace un año y medio cuando la Dirección General del Notariado dejó de admitir esta documentación "sin previo aviso ni explicación alguna". El letrado no duda y apunta a Marruecos.

"Hay una injerencia de Marruecos en las decisiones del gobierno español que condiciona cualquier movimiento que haga España hacia el pueblo saharaui", asegura Talebbuia. "Nos utilizan como moneda de cambio en las relaciones entre ambos países", añade.

Esta situación no es homogénea con el resto de estados que España no reconoce, puesto que, según el abogado, nuestro país sí admite la documentación de los kosovares, auténtica línea roja en la política exterior española.

Pese a estos problemas, las aspiraciones de los saharauis son aun mayores y buscan hacerse un hueco en el Código Civil junto a los latinoamericanos o ciudadanos de otras excolonias como Filipinas o Guinea Ecuatorial, a los cuales se les exige dos años de residencia legal para acceder a la nacionalidad.

"A un saharaui no se le puede tratar igual que a cualquier extranjero porque hemos sido españoles, debemos tener un trato privilegiado", pide el abogado. No piensa lo mismo el Gobierno.

Justicia señala que la razón de no incluirles en ese grupo es que oficialmente no se considera que el Sáhara hubiera pertenecido a España, ni que los nacidos allí fueran nacionales españoles.

Sin embargo, esta afirmación se contradice con la justificación que hizo recientemente el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para no archivar dos causas sobre el Sáhara porque era territorio español.

"A un saharaui no se le puede tratar igual que a cualquier extranjero porque hemos sido españoles, debemos tener un trato privilegiado"

Tanto la Fiscalía como el juez argumentan que el Sahara era una provincia española, por lo tanto los tribunales españoles son los competentes para enjuiciar los hechos que se cometieron en ese periodo de tiempo.

Un ejemplo es la sentencia de 28 de octubre de 1998, en la que el Tribunal Supremo señala que "no cabe duda" de que la nacionalidad de los saharauis durante el plazo de la tutela de nuestro Estado sobre el territorio del Sahara Occidental fue la española.

Pero la frustración del colectivo saharaui es aun mayor cuando comenta que España acepta unos documentos para la residencia legal que luego niega para la nacionalidad. "No entendemos como España admite para unos trámites sí pero para otros no", añade el abogado.

Ante esta situación, Justicia reconoce que una de las soluciones podría ser que solicitaran la condición de apátridas en el Ministerio del Interior, lo que podría superar el inconveniente de la aportación de certificados de nacimiento y de antecedentes penales del país de origen.

Talebbuia admite que a día de hoy parece ser la única vía, aunque el proceso es largo y puede alcanzar los nueve años.

Por ello, han optado por recurrir las denegaciones de nacionalidad por residencia ante la Audiencia Nacional para acabar así con el "limbo y la indefensión" en que se encuentran los saharauis.

Su ejemplo: "Hay casos de familias saharauis cuyos miembros tienen todos la nacionalidad española, pero precisamente el único que no la tiene es el niño que nace aquí, en España".