El Ministerio Fiscal ha retirado la acusación para cinco de los procesados por acciones de violencia callejera y ha mantenido su petición de cinco años de cárcel para los otros nueve acusados en el juicio que ha quedado hoy visto para sentencia en la Audiencia Nacional.

La Fiscalía ha modificado así su escrito de conclusiones provisionales, al retirar de la acusación a cinco de los imputados, entre ellos Kepa Saratxaga, que se hallaba en prisión cuando ocurrieron los hechos, el 16 de septiembre de 2000, y Martín Etxegaray, que era entonces menor de edad.

Asimismo el fiscal Vicente González ha considerado que no existen pruebas suficientes para acusar a Gontzal González, Ekaitz Bilbao y Aimar Hidalgo, al existir contra ellos "una única imputación" de otro acusado, Urtzi Paul, "que no se ratificó en el Juzgado".

Una vez expuesta la prueba testifical, pericial y documental, el representante del Ministerio Público ha mantenido su petición de una sentencia condenatoria para los otros nueve acusados por un delito continuado de daños y delito de desórdenes públicos, por los que pide tres y dos años de prisión, respectivamente.

González ha destacado que no se les juzga "por lo que se sepa que haya pasado o no posteriormente" -entre los acusados se encuentra el presunto etarra Gorka Lupiañez, detenido en Berriz (Vizcaya) el pasado diciembre- y ha considerado que existe "suficiente prueba de cargo, imputación y corroboración periférica" para una sentencia condenatoria.

La defensa ha solicitado la libre absolución de los nueve procesados y ha destacado que "la declaración de los coimputados no es suficiente para condenar", refiriéndose a las declaraciones en las que algunos de los acusados incriminaron a otros en los hechos.

Los cuatro letrados han señalado la necesidad de "comprobar las confesiones" y han apuntado que "las declaraciones policiales no pueden ser valoradas por el tribunal", argumentando que existe "prueba documental" de los "malos tratos" que llevaron a los acusados a autoinculparse o a señalar la participación en los hechos de otros procesados.

La defensa ha afirmado que "no se puede imputar dos delitos a los acusados" ya que los actos de kale borroka "tenían como objetivo alterar el orden público" y "causar daños fue el medio para lograrlo", por lo que en caso de que sean condenados pide que la pena se reduzca a dos años de cárcel.

En la vista se han juzgado las acciones de violencia callejera que un grupo de unas 30 personas llevó a cabo en las fiestas patronales de Galdácano (Vizcaya) en septiembre de 2000, hechos por los que también estaban acusados los presuntos etarras Jurdan Martitegi y Arkaitz Goikoetxea, identificados como responsables de la colocación de dos bombas en el Juzgado de Getxo el pasado mes de noviembre.