La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que impute a Iberdrola Renovables, CaixaBank y Repsol como personas jurídicas en las respectivas piezas que investigan los encargos de estas compañías a Cenyt, empresa vinculada al comisario jubilado José Villarejo.

Según han confirmado fuentes jurídicas, Anticorrupción ha remitido al juez sendos escritos interesando la imputación de las tres por su relación con Villarejo, que en el caso de Iberdrola se ocupa de si la eléctrica contrató los servicios del comisario jubilado para espiar, entre otros, al presidente de ACS, Florentino Pérez.

Por lo que respecta a Repsol y CaixaBank, la pieza se refiere al presunto espionaje que ambas habrían encargado a Cenyt para investigar al expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, por su relación con Petróleos Mexicanos (Pemex) para hacerse con el control de la petrolera.

El expresidente de CaixaBank Isidro Fainé, y el presidente de Repsol, Antonio Brufau, fueron imputados a mediados de abril después de que el magistrado entendiera que "probablemente" en alguna de las conversaciones que ambos mantuvieron en esa época "acordaron compartir dicha información, dada la confluencia de intereses".

En su declaración ante el juez, Fainé y Brufau reconocieron que acordaron investigar el movimiento de Sacyr y Pemex sobre Repsol por el "peligro" que suponía, aunque rechazaron que conocieran que se había contratado al comisario jubilado José Villarejo, lo que sustentaría el presunto delito de cohecho.

Ese trabajo tenía por objetivo salvaguardar los intereses de Repsol y Caixabank, que eran aliados empresariales en un contexto de pugna entre accionistas de referencia en Repsol YPF SA para tomar el control de la compañía. El juez trata de esclarecer si recurrieron al comisario en 2011 para evitar que mediante un acuerdo con la petrolera mexicana Pemex, otro de los grandes accionistas de Repsol, Sacyr Vallehermoso, se hiciese con el control del consejo de administración presidido por Antonio Brufau.

Investigación a Iberdrola Renovables

Además de a CaixaBank y Repsol, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido investigar a Iberdrola Renovables -pero no a la matriz que preside Ignacio Sánchez Galán- en la pieza separada por los encargos a Cenyt.

A finales de junio, el presidente del grupo Iberdrola fue imputado por estos hechos junto a otras tres personas, el director general de negocios, Francisco Martínez Córcoles, el que fuera presidente de Iberdrola España Fernando Becker, y el exjefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo.

La declaración de Sánchez Galán estaba prevista para este miércoles, pero fue suspendida por el magistrado a la espera de resolver la situación procesal de la compañía.

Iberdrola no figura como imputada en la causa, pero tampoco está como acusación, por lo que no están al tanto de las resoluciones judiciales y se encuentran en una situación de indefensión, según lamentaba la multinacional en su último escrito al juez.

El caso data de finales de 2019, después de que se publicara que Iberdrola contrató a Villarejo para espiar a un juez, infiltrarse en plataformas contrarias a los intereses de la eléctrica, hostigar a miembros del comité de empresa de la central nuclear de Cofrentes o investigar a un accionista crítico con la gestión de la empresa.

El magistrado aprecia indicios de que hubo "voluntad" por parte de la compañía de ocultar los trabajos encargados a Cenyt como prueba el hecho de que las facturas correspondientes fueron emitidas por otra compañía diferente.

En total, señalaba en su auto, entre 2004 y 2012 figuran como recibidas y abonadas 15 facturas sin pedido emitidas por la empresa vinculada al excomisario, por un importe de 1.047.324 euros.

Proyecto wind

Ya a finales de 2011, según el juez, el Grupo Iberdrola en esta ocasión a través de la mercantil Iberdrola Renovables Energía volvió a contratar a Villarejo cuando se encontraba prestando servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía, dando lugar al denominado proyecto Wind.

En un primer momento, el trabajo se centró en investigación a la sociedad suiza Eólica Dobrogea y a su accionista mayoritario Chrisopher Kaap, con quienes Iberdrola Renovables se había aliado para una serie de proyectos en Rumanía y "con quienes surgieron diferentes conflictos" que acabaron resolviéndose en favor de la eléctrica española en un procedimiento arbitral. En un segundo periodo, a partir de 2016, las pesquisas de Villarejo se centraron en localizar bienes de Eólica Dobrogea y de Kaap sobre los que poder ejecutar el laudo arbitral favorable.

De este asunto, que ha derivado en la petición de imputación de Iberdrola Renovables, se han localizado tres facturas recibidas de Cenyt que, por la fecha de su emisión, podría corresponder a los trabajos del proyecto Wind, una del año 2012, no asociada a ningún pedido, y dos del año 2017 que sí figuran asociadas a un pedido.

Dado que la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, relativa a las implicaciones procesales del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas entró en vigor en octubre de 2011, se entiende que las empresas que contrataron proyectos al comisario con anterioridad a esa fecha quedan excluidas de responsabilidad. Ése sería el motivo por el que la imputación en el caso de la eléctrica recaería sobre Iberdrola Renovables, pues los trabajos arrancan en 2012.