Los expertos advierten de que la Fiscalía abusa de la vía penal para frenar la participación activa en las huelgas

Son decenas los casos de sindicalistas y trabajadores que se enfrentan a un proceso penal después de las últimas huelgas generales en el país. Su participación en los llamados piquetes informativos ha derivado en una acusación por parte de la Fiscalía por atentar con los derechos de los trabajadores. Aunque pueda parecer contradictorio que una persona que se encarga de defender esos derechos sea juzgado por lo contrario, lo cierto es que en los últimos meses, el Ministerio Público ha solicitado más de cien años de prisión por supuestas coacciones durante los paros generales de hace incluso cuatro años.

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Ignacio Fernández Toxo, denunció el pasado lunes esta actitud ante la Confederación Internacional de Sindicatos, asegurando que "en España se está persiguiendo el derecho de huelga". Su homólogo en la Unión General de Trabajadores (UGT), Cándido Méndez, hacía lo propio algunos días antes en rueda de prensa, donde afirmaba que el derecho a la huelga prevalece sobre el derecho al trabajo.

Desde ambos sindicatos ven una clara tendencia por parte de la Fiscalía a pedir las penas máximas para los supuestos responsables de cualquier incidente durante una jornada de huelga, lo cual supone - en su opinión- una evidente criminalización del ejercicio de un derecho fundamental recogido por la Constitución.

Sin embargo, según Antion Baylos, Catedrático del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de Castilla- La Mancha, el derecho de huelga, pese a estar reconocido por la Carta Magna, arrastra una rémora preconstitucional que hace posible "reprimir penalmente ese derecho". Baylos se refiere al Real Decreto sobre las Relaciones de Trabajo que aprobó Adolfo Suárez en 1977, que "buscaba seguir reservándose la posibilidad de enjuiciar penalmente a los sindicalistas más activos y movilizadores tras haberse visto obligado a reconocer el derecho de huelga", y añade en ese sentido, que el decreto "guardaba cierta funcionalidad antisindical".

El Ministerio Público pide más de cien años de cárcel a sindicalistas por supuestas coacciones en las huelgas generales  Este decreto, aún vigente en parte, introducía un supuesto de coacciones que recoge el Código Penal y que establece penas de prisión de seis meses a tres años con determinados agravantes. Es este decreto es el que está utilizando la Fiscalía para que, según sus propios escritos de acusación, se impongan "castigos ejemplares" a quienes traten de impedir que los trabajadores acudan a sus puestos de trabajo durante las huelgas.

Para el catedrático, este comportamiento de la Fiscalía es relativamente nuevo, y coincide con él Gregorio Tudela, también Catedrático en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid, quien apunta que "hasta ahora se venía aplicando un criterio flexible por parte de los jueces" en casos de este tipo. Aunque Tudela asegura que determinados comportamientos de los piquetes puedan ser objeto de faltas en algunas ocasiones, la Fiscalía está aprovechando cada caso para imponer castigos ejemplares, en muchos casos desproporcionados, que cambien esa flexibilidad a la hora de interpretar la ley. "Hay un cambio de tendencia no tanto en los juzgados de lo penal, como sí en el recurso de los fiscales. Es la Fiscalía la que parece interesada en que estos casos no se agoten en los juzgados con sentencia leves", resume Tudela, que ve "probable" que el Ministerio Público y, en última instancia, el Gobierno quieran atajar ciertos comportamientos como "forma de limitar el ejercicio del derecho de huelga".

El poder del atestado policial

"No había hasta ahora tanta normalidad con la que durante la acción de un piquete, al más mínimo conflicto o episodio de tensión, la Policía actúe, detenga e impute" delitos, remarca Tudela. Para Baylos, "hablamos de actos individuales sin ningún tipo de daños graves, por los que no se pude privar de libertad a una persona durante varios años. Lo normal hasta ahora eran sanciones o multas con una condena de trabajos sociales, y es muy grave que la Fiscalía recurra estas sentencias de los juzgados de primera instancia para pedir la pena máxima".

Enrique Lillo: "La vía penal atemoriza mucho, por eso está siendo generalizada"

Para Enrique Lillo, veterano abogado laboralista y responsable del Gabinete Interfederal de CCOO, "este asunto se mezcla con el poder que se le ha dado al atestado policial". Lillo se encarga de la defensa de uno de los ocho sindicalistas para los que la Fiscalía pide ocho años de prisión por unos incidentes entre la Policía y un piquete en las instalaciones de la empresa Airbus en Getafe, durante la huelga general de 2010, y asegura que en ese proceso "el atestado tiene presunción absoluta de certeza y se usa como prueba de cargo, aunque en él no se explican los hechos con claridad".

Según este letrado, el caso del que se hace cargo es un "ejemplo genuino" de la importancia del informe de la Policía. Según la jurisprudencia en este respecto, nadie puede cargar con los delitos que se hayan cometido durante la acción de un piquete si no se identifica al autor, pero casualmente, los ocho de Airbus son miembros del comité de empresa y también los acusados.

Deriva autoritaria

Por otra parte, tanto Lillo como Baylos destacan el contexto en el que se están produciendo estas solicitudes de prisión. "Primero fueron las multas masivas a manifestantes, después la Ley de Seguridad Ciudadana y el intento de incriminar penalmente los escraches de la PAH. Hay una clara estrategia de reforzamiento autoritario por parte del Gobierno después de la gran contestación social generada por las políticas de austeridad, y el siguientes paso es aprovechar el Código Penal para conseguir incriminar a los trabajadores, sobre todo a los dirigentes sindicales, por ejercer el derecho de huelga", expone Baylos.

Lillo va más allá al afirmar existen instrucciones de la Fiscalía General para que los fiscales actúen de este modo con el fin de crear una efecto disuasorio en la participación en una huelga, algo desmentido por fuentes del Ministerio Público, que aseguran que cada fiscal interpone recursos y hace peticiones según su propio criterio. "La vía penal atemoriza mucho, por eso está siendo generalizada", critica el letrado, que critica que los jueces no defiendan un derecho constitucional y lo conviertan en un "atentado contra la libertad de quien decide no hacer huelga".