El decreto que prepara la Junta de Andalucía para regular la educación infantil ha conseguido unir en su contra a patronales, sindicatos, madres y padres, que ven en la norma un intento de liberalizar este nivel educativo. Además, denuncian que pasa por alto las particulares necesidades de las familias que hacen estos centros, para niños de 0 a 3 años, en favor de la estabilidad presupuestaria.

La Junta no permitirá que las ayudas se concedan de manera dinámica durante el curso. En vez de ello ha previsto un presupuesto cerrado para las subvenciones, a distribuir entre aquellas que soliciten la ayuda y la plaza durante el primer periodo de matriculación, entre los meses de abril y mayo. "Los niños que la soliciten fuera de plazo no tendrán derecho a subvención", avisa Maribel Uncala, de Escuelas Infantiles Unidas.  

"Pretenden que todos los niños se escolaricen a la vez, pero no tienen en cuenta que la etapa es muy sensible, muy dada a cambios en las necesidades familiares. A una madre le puede salir la oportunidad de empleo en octubre, y es entonces cuando necesita dejar a ese niño en la escuela", expone Uncala.

En opinión de patronales y sindicatos, esto perjudicará directamente la capacidad de conciliación de las familias, así como los derechos de los niños nacidos con posterioridad al primer periodo de matriculación. 

Liberalizar la educación infantil

El decreto que prepara Consejería de Educación del Gobierno de Susana Díaz permitirá a su vez a cada centro ofertar a la baja los precios de sus plazas, de modo que en lugar del coste fijo (el precio público de la plaza son 278,90 euros), la Junta usará esa cifra como tope máximo. 

Las tres patronales mayoritarias del sector -Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía, Escuelas Infantiles Unidas y ACES-, que representan a unas 400 guarderías en toda la región, han denunciado que esto supondrá la "mercantilización del sector en detrimento de la educación educativa".

Creen que el nuevo decreto echará a pelear a unas escuelas con otras, favoreciendo la concesión a las grandes empresas frente a las pequeñas y medianas empresas hasta ahora mayoritarias en este sector, que no podrán afrontar una rebaja tan drástica de los precios.

La Junta intenta poner freno a la protesta

Utilizando la vía de urgencia, las tres patronales han convocado para las 12 horas de este jueves una concentración de protesta a las puertas de la Consejería de Educación, en Sevilla, a la que se han unido los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y USO.

La gran repulsa suscitada por el decreto y la suma de las convocatorias de patronal y sindicatos ha movido a la Junta a tomar medidas. Según ha podido saber Público, durante este miércoles se han sucedido las llamadas de inspectores de educación a los centros, avisando de que al haberse convocado una manifestación y no una huelga, estos deben ofrecer todos sus servicios. 

Fuentes del servicio de Inspección Educativa de la Junta advierten de que "a las guarderías no les ampara del derecho a imponer servicios mínimos ni a cerrar”. “De lo contrario se exponen a la apertura de un expediente que puede derivar en la retirada de las subvenciones”, avisan estas fuentes.

"Yo no voy a cerrar la escuela mañana", ha explicado a este medio la gerente de uno de una escuela infantil de Málaga a la que la Junta ha recordado que no se les permite cerrar: "Mañana lo que va a pasar es que mis trabajadoras, apoyadas por sus sindicatos, se van a ir a una concentración en Sevilla, y como tienen ese derecho yo no se lo puedo prohibir".

"Mis empleadas han hablado directamente con los padres, uno por uno, y les han pedido que por favor colaboren con ellas", ha puntualizado. madres y padres protestarán este jueves contra la norma que prepara Susana Díaz para regular esta etapa educativa, para niños de 0 a 3 años. La nueva norma permitirá liberalizar la educación infantil al permitir que los centros oferten por debajo del precio de la plaza establecido por la Junta, y fija un presupuesto máximo de ayudas que no permitirá que se otorguen de manera dinámica durante el curso.