La salida de Gerardo Díaz Ferrán como presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) no ha sido suficiente para ahuyentar los conflictos judiciales de la organización que representa a los empresarios españoles. La patronal se tendrá que defender en los próximos meses ante los tribunales de la acusación de permitir que se haya vulnerado la dignidad de un grupo de sus trabajadores por parte de un director de área.

Aunque ya hace meses que la Inspección de Trabajo abrió un acta de infracción contra la patronal por dejar que en su centro de trabajo se dieran situaciones de lo que comúnmente se conoce como acoso laboral, ahora el proceso da un salto judicial que retrasará, aún más, la resolución de los hechos. La Comunidad de Madrid, la autoridad competente para sancionar a la CEOE por esta infracción, ha remitido a un tribunal el caso para que sea un juez el que decida si, efectivamente, ha habido una conculcación de los derechos de los trabajadores, tal y como asegura la Inspección de Trabajo.

El directivo implicado es interlocutor en la reforma laboral

El proceso arrancó en marzo del año pasado cuando un grupo de trabajadores del departamento de relaciones laborales de la CEOE presentó una queja ante la Inspección de Trabajo porque entendían que su jefe, José de la Cavada, les hacía 'continuas vejaciones'. De la Cavada es un cargo de relevancia pública, ya que es el representante de la patronal para discutir la reforma de la negociación colectiva con los sindicatos, una de las reformas más importantes que se negocian ahora en España. Ha formado parte además de las negociaciones del pacto social y es un interlocutor reconocido ante el Gobierno.

El Juzgado número 9 de lo Social será ahora el encargado de dirimir los hechos que han tenido lugar en la sede de la Confederación Empresarial en Madrid, y la vista se celebrará en dos o tres meses, informa Ángeles Vázquez.

La consejera de Empleo, Paloma Adrados, trabajó en la patronal

El paso dado por la Comunidad está recogido en la Ley de Procedimiento Laboral y, por así decirlo, pasa la patata caliente al juez para que sea él quien finalmente decida si hay que declarar culpable o inocente a la CEOE. La Dirección General de Trabajo aseguró a este periódico que este es el paso que se da en todos los casos de 'discriminación'.

Según diversas fuentes consultadas conocedoras de este tipo de procesos, los plazos que ha utilizado la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid para resolver el expediente son más largos de lo habitual, aunque siempre en el límite de lo legal. El Gobierno de Esperanza Aguirre tenía seis meses para resolver el acta de infracción que le había entregado la Inspección de Trabajo en julio y fue sólo unos días antes de consumir el plazo cuando traspasó el caso a los juzgados. Diversas fuentes del ámbito laboral indican que estos procesos no tardan más de un par de meses en resolverse habitualmente.

Este salto judicial hace que la vía administrativa se suspenda hasta conocer la sentencia del juez. Según las fuentes jurídicas consultadas, si el juicio tiene lugar finalmente en marzo, la sentencia podría demorarse hasta dos meses más. Una vez que llegue la resolución, la Consejería de Empleo tiene que 'darse por enterada' y emitir la notificación con la sanción dentro del escaso plazo que resta para completar el periodo de seis meses que comenzará a correr de nuevo. Según fuentes conocedoras de este tipo de procesos, es casi imposible que haya tiempo para culminar el expediente administrativo en los días que quedan de margen, por lo que se probablemente terminará anulando el procedimiento, que se deberá iniciar de nuevo, con el envío del acta por parte de la Inspección de Trabajo.

Rosell pide esperar a que sea la Justicia la que se manifieste en el caso

Estas dilaciones podrían llevar a que la tramitación de todo el proceso por acoso se prolongue entre un año y medio y dos años. Mientras, los trabajadores afectados siguen en la misma situación laboral, con el mismo responsable y, según fuentes patronales, con una situación de tensión creciente.

Se da el caso de que la consejera de Empleo del Gobierno madrileño, Paloma Adrados, fue en su día responsable del departamento de relaciones laborales internacionales de la CEOE. Además, su hermano Román Adrados ha sido secretario de la Comisión de Estrategia de la patronal, que dirigía hasta su llegada a la presidencia Juan Rosell. Fuentes internas de la patronal consideran que Adrados es la mano derecha de José María Lacasa, el secretario general de la organización.

Mientras, todo sigue igual en el departamento que presentó la denuncia

En el tiempo que ha durado el proceso, que saltó a los medios de comunicación a principios de septiembre, se han producido unas elecciones en la CEOE que han permitido un relevo en la presidencia, pero Juan Rosell ha mantenido el resto del aparato burocrático tal y como lo dejó su antecesor, Gerardo Díaz Ferrán.

A las preguntas de este diario, tanto Rosell como Lacasa hicieron una defensa cerrada de la necesidad de esperar a conocer la resolución judicial y administrativa final, convencidos de que el resultado será favorable a la CEOE. Lo que la patronal puede considerar favorable, esto es, que no se haya dado la situación de acoso que denuncian los trabajadores, dejaría a estos últimos en la comprometida tesitura de haber faltado a la verdad, y a la Inspección de Trabajo de haber elaborado un expediente que no se ajusta a los hechos. La resolución difícilmente será, por lo tanto, buena para la CEOE, aseguran los expertos en estos procesos.

Los empleados a cargo de De la Cavada son en su mayoría mujeres. Los hechos que denunciaron señalaban el 'maltrato verbal' y la 'descalificación personal' recibidos por parte de su superior, así como la discriminación profesional, ya que aseguran que no se les permitía realizar su labor, eliminándoles de las agendas relacionadas con sus tareas u ocultándoles información.

La Inspección, dependiente del Ministerio de Trabajo, dio la razón a los trabajadores y abrió un acta de infracción a finales de julio a la organización empresarial, por ser ésta la responsable de permitir que se dieran estos hechos en el centro de trabajo. Los sucesos que comprobó la Inspección, tras reiteradas visitas al centro, atentan contra el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores.

Aunque la decisión de la Inspección es firme, ya que se le pidió un informe ampliatorio que ratificó los hechos, la capacidad sancionadora depende de la Comunidad de la Madrid de Aguirre. La multa propuesta por la Inspección de Trabajo superaba los 25.000 euros.