MADRID.- El campamento de trabajadores de Coca-Cola en la fábrica de Fuenlabrada (Madrid), ha amanecido este jueves con órdenes de la Policía para que desalojaran el lugar donde llevan ya un año protestando contra el ERE y el cierre de la planta.

Un amplio dispositivo de la Policía Nacional ha acompañado a unos trabajadores externos que, según denuncian los empleados, ha sido enviados por la empresa para proceder al desmantelamiento de la fábrica, una operación que va en contra de la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló los despidos y obliga a la empresa a readmitir a los empleados en su anterior puesto de trabajo.

Pasadas las 10.00 horas, alrededor de un centenar de trabajadores se había concentrado en los accesos a la fábrica, donde un amplio despliegue policial les impedía el paso. Tras el avance del grupo, que intentaba llegar hasta la planta embotelladora, los agentes han cargado contra ellos, dejando varios heridos y al menos un trabajador detenido.

Cientos de personas continúan concentrados en los alrededores para impedir que ningún vehículo pueda salir con las maquinaria de la planta.

"Nunca había venido tanta policía hasta aquí tanta policía nacional, casi un centenar. Los agentes nos han dicho que tenían autorización de la Delegación de Gobierno para mantener el despliegue durante seis días y que entrara una dotación de empleados a trabajar", ha explicado a Público Juan Carlos Asenjo, miembro del comité de empresa de la planta. Aunque los agentes y los trabajadores de la empresa de seguridad privada se lo impedían, Daniel Andrés, otro empleado, asegura que algunos compañeros han conseguido entrar en las instalaciones y evitar que comience el desguace de la fábrica.

En un comunicado, Coca-Cola Iberian Partners, asegura que los operarios que han acudido hoy a Fuenlabrada tenían el objetivo de "inventariar el material que hay dentro y realizar algunas labores de mantenimiento", y que "para evitar incidentes", había informado a la Delegación del Gobierno. La empresa "lamenta este episodio y reitera su compromiso de recolocar a todos los trabajadores", asegura na nota. 

"Política de hechos consumados"

Asenjo asegura que había furgonetas con las lunas tintadas en las que habían llegado "trabajadores que venía a desmontar instalaciones". Para el sindicalista, la intención de Coca-Cola Iberian Parters  es "impedir que se la sentencia se pueda cumplir" mediante una "política de hechos consumados".

Actualmente, la Audiencia Nacional obliga a la empresa a readmitir en sus anteriores puestos a los más de 230 trabajadores que no suscribieron el ERE. Sin embargo, para Coca-Cola, la sentencia nunca obligó a la reapertura de la fábrica, y asegura que acatará la sentencia recolocándoles en otros centros de trabajo en activo. 

"Policía pagada con nuestros impuestos está asegurándose de que se realice algo ilegal"

La empresa ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo, aunque otra sentencia le obliga desde hace meses a aplicar el fallo judicial hasta que el Supremo se pronuncie. "Si el Supremo ratifica la sentencia y está desmontada la planta, la empresa alegará que ya no hay fábrica. Esto es un desacato a la Audiencia Nacional y los políticos e instituciones de este país son responsables de ello. Vemos que hay dos tipos de justicia: una para el obrero y otra para el capital. Policía pagada con nuestros impuestos está asegurándose de que se realice algo ilegal", denuncia Asenjo.

Entre los concentrados en el polígono industrial de Fuenlabrada estaba José Nájera, empleado en de la planta desde al año 79 y a quien la empresa quiere recolocar en otro centro de trabajo de Málaga. No entiende muy bien por qué nadie está obligando a Coca-Cola a que cumpla la sentencia, pero tiene claro que su puesto de trabajo anterior "está en esta fábrica. No pienso irme a Málaga porque la ley me da la razón", ha afirmado.

Apoyo político 
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Hasta la planta han ido llegando a lo largo de la mañana representantes de Comisiones Obreras como Jaime Cedrún, secretario general del sindicato en Madrid,  pero también de partidos como Izquierda Unida y Podemos para apoyar a los trabajadores en este conflicto que mantienen desde hace ya un año.

En declaraciones a la prensa, el secretario de Política de Podemos,Iñigo Errerjón, se ha mostrado indignado por desmantelamiento de la planta, y ha criticado que a la hora de elegir "entre ponerse del lado de los privilegiados o ponerse del lado de la Justicia y de unos trabajadores a los que les ha dado la razón la Justicia, el Gobierno, de nuevo, no duda en elegir. Luego sale el ministro De Guindos a decir que en España se ha perdido el miedo a quedarse sin trabajo".