La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) asegura en un informe que Bankia, Caja Madrid y Bancaja beneficiaron a unos clientes en perjuicio de otros, a los que vendieron las participaciones preferentes de las que se deshacían los primeros a precios 'alejados de su valor razonable'.

'Se observa un claro conflicto de interés entre los clientes que compraban las emisiones y los que las vendieron, puesto que su valor razonable era muy inferior a aquel al que se realizaron las transacciones', señala el informe, fechado el pasado 11 de febrero y que incluye una propuesta para valorar la apertura de un expediente sancionador a las citadas entidades. Los autores del informe, que ha sido incorporado a la causa sobre Bankia que instruye el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, afirman también que el conflicto de interés no sólo afectaba a las operaciones entre clientes, 'sino que se extendía también a la actuación de las entidades'.

'Éstas, al permitir que la operativa descrita se produjera, se veían beneficiadas, ya que así evitaban la existencia de posibles reclamaciones y denuncias por parte de los clientes vendedores (falta de liquidez, mala información en la compra, etc.), el consiguiente perjuicio reputacional e incluso la potencial pérdida de clientes', dice el escrito.

El bufete Zunzunegui Abogados ha anunciado que presentará una demanda acumulada contra Bankia por 240 millones de euros por 'manipular' el precio de las preferentes, al considerar que la entidad ha cobrado a sus clientes un 'sobreprecio' en las compras de este producto. 

La CNMV hace una estimación del perjuicio sufrido por los compradores de preferentes y deuda subordinada, aunque advierte de que es meramente orientativa. Así, en el caso de las emisiones de Bancaja, algunos clientes compraron a un precio del 100% del valor nominal títulos cuyo valor razonable era 'sensiblemente inferior' -en algún caso de hasta el 25,3%-, 'mientras los vendedores se veían beneficiados al realizar la operación inversa'.

Esto se traduce en un impacto negativo para los compradores, que podría llegar hasta los 52,2 millones para las emisiones de preferentes y de 25,1 millones para las de obligaciones subordinadas. Por lo que respecta a Caja Madrid, el impacto calculado para la emisión de preferentes de 2009 y la de subordinadas de 2010 que no fueron objeto de canje oscila entre los 111,4 y los 146,2 millones.

La conclusión es que Bankia, Caja Madrid y Bancaja 'incumplieron de forma no aislada o puntual' el artículo de la Ley del Mercado de Valores que obliga a las entidades a 'organizarse y adoptar medidas para detectar posibles conflictos de interés entre sus clientes y la propia empresa o su grupo'. 'Las entidades no establecieron ninguna medida destinada a impedir que los conflictos de interés señalados perjudicasen los intereses de los clientes compradores, ni tan siquiera la de revelar previamente la naturaleza y el origen del conflicto a estos clientes antes de actuar por cuenta de los mismos', manifiesta la CNMV.

'Las entidades no actuaron, como era su obligación, en interés de los inversores'

Así, los compradores se veían perjudicados por el banco o cajas 'en beneficio de otros clientes que, de esta forma, conseguían la liquidez deseada y en beneficio de las propias entidades que estaban interesadas en facilitar liquidez a los vendedores'.

Para el supervisor bursátil, con independencia de que las entidades participaran de forma activa en la busca de compradores de preferentes, su obligación era establecer procedimientos adecuados para evitar que los conflictos de interés se tradujesen en perjuicios para éstos. 'Las entidades no actuaron, como era su obligación, en interés de los inversores', ya que no establecieron procedimientos para advertir a los compradores de que estaban comprando las preferentes 'a precios significativamente alejados de su valor razonable' ni para informar periódcamente 'sobre la valoración de los mencionados instrumentos a los tenedores de los mismos'.

El informe conocido ahora, que analiza el periodo comprendido entre junio de 2010 y noviembre de 2011, deriva de una revisión de los procedimintos de cruce de operaciones de compra y venta entre clientes minoristas incluida en el plan de actividades de la CNMV que se realizó entre 'una muestra de entidades', que el escrito no detalla y de la que formaban parte Bankia, Caja Madrid y Bancaja.