Carmen Areoso, una mestra jubilada de 74 años y residente en Santiago de Compostela, ha logrado con una denuncia lo que el PP, cuando cumplía siete años en el Gobierno, no consiguió con varios recursos en el Constitucional: abrir una investigación penal por el trabajo con preembriones por 'atentado a la vida'.

Cuatro científicos del Banco Andaluz de Células Madre -entre ellos el actual director y su predecesor, Pablo Menéndez y Ángel Concha, respectivamente- iban a declarar hoy como imputados en el juzgado de Instrucción número 8 de Granada, donde se ubica el centro, por un presunto delito de manipulación genética tras la denuncia interpuesta por esta ciudadana en el juzgado de guardia de la capital gallega.

Sin embargo, la comparecencia fue aplazada por el juez hasta una fecha no precisada por motivos desconocidos, según fuentes del caso, que indican que la Fiscalía ha pedido la causa para elaborar un estudio más exhaustivo. 'La ley puede gustar o no pero nosotros nos guiamos por ella', afirma Javier García, uno de los 22 investigadores que trabajan en el centro -no está imputado-.

Un marco legal muy generoso

La ley, efectivamente, los ampara. Y por partida doble. El Parlamento andaluz aprobó en 2003, por primera vez en España, la norma que permite la investigación con células madre procedentes de embriones congelados sobrantes de la fecundación in vitro. Es decir, lo mismo que hace actualmente el banco denunciado, cuyos proyectos de investigación se centran fundamentalmente en el estudio del cáncer infantil.

Por si el marco legal no fuese suficiente, el pasado junio, el Congreso sacó adelante la Ley de Investigación Biomédica, que regula la clonación con fines terapéuticos. Y unos meses antes, en marzo, Andalucía -por si acaso- aprobaba la suya. Por tanto, en el banco confían en que el juez ponga 'un poco de cordura y desestime la causa porque no hacemos nada fuera de la ley'.

De hecho, la denunciante lo sabe. 'El trabajo es legal porque hay unos señores que han hecho esa ley, pero va contra la ley divina; estoy muy sensibilizada con la manipulación genética y por eso he denunciado', explica amablemente Carmen Areoso en conversación telefónica. Pero no es la única: 'Sobre esta cuestión he presentado siete denuncias más, en Valencia, Málaga, Sevilla...'. Hasta el momento, sólo ha obtenido respuesta de Granada.

Respaldo de la Administración

En la Administración tampoco hay dudas. Tanto el ministro de Sanidad, Bernat Soria, como la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, subrayaron ayer el carácter legal del trabajo en Granada. Con la Ley Biomédica, España se ha dotado de 'uno de los instrumentos jurídicos más escrupulosos del mundo en investigación con células madre de origen embrionario', dijo Soria.

En este contexto, el ministro considera que aunque el hecho de que un ciudadano dirija una reclamación 'es normal en un estado de derecho', también cabe esperar 'que aquellos investigadores a los que la norma da seguridad jurídica para realizar su trabajo sepan que la ley les protege porque es muy cuidadosa con los criterios éticos y normativos'.

Soria conoce el banco como la palma de su mano porque mucho antes de ser ministro, concretamente en 2002, la Junta de Andalucía lo fichó para trabajar con células madre. Y fue él, en 2004, quien trajo del Instituto sueco Karolinska las primeras líneas celulares a Andalucía, con la ley ya aprobada en el Parlamento regional. 'Gracias a esa ley, Andalucía impidió, además, que Soria se fuera a investigar a Singapur porque aquí el Gobierno del PP no le dejaba', afirma con rotundidad Rafaela Domínguez, miembro del Comité de Investigación con Células Madre Embrionarias de la Junta de Andalucía.

'Si esos embriones ya no sirven, será mejor investigar con ellos para curar enfermedades que tirarlos por el fregadero, ¿no?', asegura con la misma rotundidad. Su hija padece diabetes y, aunque desconoceque la denunciante tiene un familiar enfermo, le aconseja dos cosas: 'Que se informe y que se dedique a rezar'.

Una seria competencia para Jiménez Losantos 

Si alguien ha tenido alguna vez insomnio y ha puesto la radio para conciliar el sueño, puede que el efecto haya sido contraproducente si el programa sintonizado se llama Cultura de la vida, en Radio María. Una de sus tertulianas es Carmen Areoso, la denunciante... y una seria competencia para Jiménez Losantos.“Pues sí, debe de haber mucho insomnio porque mucha gente me dice que lo escucha y se emite en la madrugada del miércoles al jueves, a las cuatro”, explica. Su moderadora, dice, es Ana Vázquez, que se desvincula de la denuncia como colaboradora de Red Madre.

Pero Carmen aseguró a Público que esta asociación apoyó su causa. “Allí acogen a madres en peligro de abortar”, afirma esta mujer, que adoptó a su hija con 24 horas de vida. Con respaldo o no, a Carmen lo que le sobran son ganas para plantarse en un juzgado con tal de seguir siendo “fiel” a sus principios. Porque a las siete denuncias contra la investigación embrionaria, se suma una más contra la asignatura Educación para la Ciudadanía. “Pero ésa me la archivó un juzgado de Lugo”, dice con resignación esta maestra jubilada.

Una sobrina suya tiene diabetes, una enfermedad con la esperanza puesta en las células madre. Sin embargo, aunque la investigación diese con la clave de su cura, Carmen no lo aceptaría: “El fin no justifica los medios, no se puede destruir seres humanos, sería lo mismo que robar para dar limosna”. Berta Matovelle, una vecina que coge el teléfono por segunda vez porque Carmen ya “está ocupada”, avala su teoría. Ella también denunció Ciudadanía.