BILBAO.- “Mi vida se fue a la mierda. Si salía de noche, me tenían que acompañar hasta la puerta de casa”. A.H., una trabajadora bilbaína que lleva la mayor parte de su vida en el sector de la banca, no aguanta más. Aún hoy arrastra los traumas de aquel 19 de julio de 2001, cuando dos hombres armados entraron a la sucursal del Banco Santander donde trabajaba, situada en la localidad vizcaína de Durango. Uno de ellos le colocó el revólver en diferentes partes de su cuerpo, obligándole a que le entregase el dinero. Cuando los ladrones se marcharon con algo más de tres millones de pesetas, la pesadilla recién estaba por empezar.

Visitas periódicas a psiquiatras, ataques de pánico, fibromialgia… Su historia personal –y también laboral- ha quedado marcada a fuego por aquel asalto en su puesto de trabajo. “Nada más ocurrir, empecé a llamar a mi madre, a mi novio... Nada raro, hasta que 20 días después estaba en casa de unos amigos, viendo una película. Era domingo. De repente empecé a llorar y a decir que al día siguiente no quería ir a trabajar”, relata A.H. a Público. El encuentro tuvo lugar en el segundo piso de la sede de CCOO, donde permitió que se le hiciesen algunas fotos para este reportaje. Sin embargo, las imágenes no han sido publicadas por petición de esta mujer, que también ha pedido encarecidamente que sólo se publiquen sus iniciales: el miedo sigue latente.

“Cuando fui a hablar con Recursos Humanos –destaca la trabajadora-, me dijeron que otros compañeros míos habían tenido hasta cinco atracos y que nunca habían pedido ayuda”

No en vano, los contundentes informes de Osakidetza (sistema público de salud) acreditan que desde el atraco, su vida “gira básicamente condicionada por el miedo a sufrir otra agresión”. Los especialistas también confirmaron que “estas secuelas son típicas en las personas que han vivido situaciones de este tipo, por lo que se entiende que el Banco Santander tendría que haberle facilitado una actividad y ubicación laboral que evocase lo menos posible el incidente mencionado”, señaló a Público el responsable de Salud Laboral de CCOO, Alfonso Ríos.

Sin embargo, A.H. y su sindicato aseguran que el Santander no se preocupó en asignarle un puesto acorde a sus circunstancias. “Cuando fui a hablar con Recursos Humanos –destaca la trabajadora-, me dijeron que otros compañeros míos habían tenido hasta cinco atracos y que nunca habían pedido ayuda”. Entonces comenzó su periplo por psicólogos y psiquiatras. De acuerdo a los informes médicos, “el banco tendría que haber readecuado sus condiciones de trabajo, ubicándola en oficinas grandes y en las que hubiese un mayor número de compañeros, cosa que no siempre se ha hecho de forma adecuada”, denunció CCOO. “Este hecho –remarcó- ha empeorado la salud de la trabajadora, que también experimentaba episodios de ansiedad cada vez que se le trasladaba a otra oficina, oficina en la que, por cierto, nunca había más personas que en la anterior”.

A raíz de su situación, A.H. se vio obligada a coger la baja médica en agosto de 2013. Si las cosas estaban mal, aún podían estar peor: el 5 de junio de 2014 recibió una carta del banco, en la que le comunicaban su despido por “ineptitud sobrevenida”. En esa notificación, la entidad dirigida por la familia Botín aseguraba que esta empleada había sido recolocada en varias ocasiones, al tiempo que negaba que los destinos elegidos por Recursos Humanos no fuesen los apropiados para su situación.

El banco también hace referencia a la situación de baja en la que se encontraba la trabajadora, advirtiendo que los informes médicos ponían de manifiesto “su ineptitud e imposibilidad para desarrollar las tareas básicas de su puesto como Operativo y para trabajar en oficinas que, por su tamaño o plantilla, son las habituales en nuestra red comercial”. Por ello, el banco decretaba su despido e indemnización con 20 días por año trabajado –con un máximo de 12 mensualidades-, lo que ascendía a 34.452,96 euros netos.

Despido improcedente

Lejos de bajar los brazos, la trabajadora presentó un recurso ante la justicia, que ha declarado el despido como “improcedente”. Con esa resolución en la carpeta, ahora busca que los tribunales decreten la nulidad de la medida adoptada por el Banco Santander, que en ese caso se vería obligado a readmitirla. Mientras tanto, CCOO ha conseguido que el Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao reconozca como accidente de trabajo el estrés postraumático que padeció esta empleada a raíz del atraco, lo que fue calificado como “muy significativo” por este sindicato.

También ha habido serios problemas con la mutua Umivale, que “en ningún momento reconoció el origen de su dolencia como profesional, e incluso llegó a obligarle a pagarse los medicamentos”, denunció Ríos, quien advirtió sobre el “trato denigrante” que esta compañía ofreció a la trabajadora afectada. De hecho, Umivale acudió a los tribunales para tratar de conseguir que su período de baja fuese considerado como “enfermedad común”, algo que fue rechazado por los jueces.

La insistencia de Umivale no acabó allí. Una vez que la baja médica fue considerada como accidente de trabajo, la mutua intentó darle el alta, lo que provocó un nuevo recurso de los servicios jurídicos de este sindicato. “Estos casos se van a ver agravados con la Ley de Mutuas, que podrán ocultar aún más los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para no pagar”, advierte el sindicalista. Sentada a su lado, A.H. vuelve a leer por enésima vez su carta de despido, convencida de que la pesadilla aún no ha terminado.