Ariel Dulitzky es experto del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas. Llegó a España el domingo de la semana pasada junto a Jasminka Dzumhur y hasta ayer, lunes, ha estado manteniendo reuniones con autoridades, víctimas de la dictadura franquista y expertos en legislación en materia de derechos humanos y memoria histórica. La labor del grupo ha sido la de examinar las principales iniciativas y políticas emprendidas por el Estado español sobre cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias de personas, y analizar en particular los aspectos concernientes a la justicia, la reparación y la memoria.

Las observaciones preliminares del Grupo de Trabajo fueron contundentes. Entre otras aseveraciones, el Grupo instó al Estado español a juzgar las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil y la Dictadura, así como a emprender las reformas necesarias para que la Ley de Amnistía no sea un obstáculo. Además, recomendó al Gobierno a dotar de contenido y fondos la Ley de Memoria Histórica y a colaborar con las asociaciones memorialistas y de víctimas.

En su informe preliminar han calificado de 'lamentable' la situación de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco. ¿Han manifestado al Gobierno y a las autoridades con las que se han reunido este calificativo? ¿Cómo han respondido?

Sí, se lo dijimos en la reunión de esta mañana [por ayer]. Nos escucharon atentamente y sobre ese aspecto aún no hemos recibido respuesta. Esta tarde les hemos enviado nuestras conclusiones preliminares, similares a las que presentamos aquí, y ellos hicieron algunas precisiones pero sobre este tema puntual, no nos han dicho nada.

'El Estado debe reparar a las víctimas con urgencia. No queda tiempo'

Tiene que ser un punto algo vergonzoso que vengan de la ONU para calificar de 'lamentable' la situación de impunidad.

Sería bueno poder preguntarle a ellos.

También han constatado en sus observaciones la ausencia total de investigación judicial alguna en curso y el hecho de que ninguna persona ha sido condenada. A lo largo de su experiencia profesional, ¿ha visto situaciones similares de no reconocimiento e impunidad absoluta de los crímenes de una dictadura en un Estado democrático integrado en la UE como es el español?

Nosotros no comparamos situaciones de un país con otro. Lo que sí hemos visto en otros países donde ha habido patrones de impunidad es que siempre han podido ser quebrados por decisiones de los jueces, impulsos de los familiares o por respaldo de los poderes políticos. Por tanto, hemos visto que es posible pasar de la impunidad a la justicia parcial o plena. Pero es un proceso de muchos años.

En España han casi 40 años desde que murió el dictador. ¿Estamos dentro de la media de tiempo necesario para quebrantar la impunidad?

Cada proceso nacional requiere el tiempo que requiere. Nosotros sí vemos el efecto que transcurre el efecto del tiempo. En el caso español nosotros creemos que produce dos efectos que requieren que el Estado actúe con más diligencia y urgencia. El primero es que las últimas personas que vieron con vida a los desaparecidos hoy tienen más de 80 años. Por otro lado, los testigos que han visto donde los ejecutaron y donde están los cuerpos también tienen esa edad. La única forma de darle una satisfacción a esas personas es que hoy, no mañana, el Estado actúe con urgencia. No hay tres o cuatro décadas para dar respuesta.

'La filosofía de la ley de Memoria Histórica debe cambiar' 

Por otro lado, la evidencia física cada vez es más difícil de recuperar. La recuperación de documentos, cadáveres, etc. Todo esto hace que sea necesario más urgencia en las investigaciones, las excavaciones, en la preservación y descubrimiento de otros documentos, ordenación de archivos . El transcurso del tiempo nunca puede servir como excusa para que el Estado no actúe. Al contrario, debe servir para hacer una investigación más profunda.

Acabo de nombrar a las víctimas. Ustedes se han reunido con más de un centenar de víctimas y asociaciones. En el informe alaba el trabajo de las víctimas y las asociaciones memorialistas para la recuperación de la memoria. ¿Le ha sorprendido de alguna manera el espíritu de lucha de hombres y mujeres con más de 80 años que siguen reclamando verdad, justicia y reparación y que hacen un trabajo que ustedes señalan que debe realizar el Estado?

Dos reflexiones. El Estado sí ha delegado muchas de sus responsabilidades en estas asociaciones y eso sí es un problema aunque nosotros creemos que las asociaciones civiles no pueden ser sustituidas por el Estado por muy proactivo que este sea. Sí que me ha sorprendido, aunque no lo reflejamos en el comunicado de prensa, la juventud de la sociedad civil española en materia de Memoria. La mayoría asociaciones se han constituido en la década del 2000. En otros países tienen 20 o 30 años de existencia. En parte, esta juventud explica porque las respuesta del Estado español se empieza a producir a mediados del 2000.

La mayor respuesta por parte del Estado fue la Ley de Memoria Histórica. Ustedes la califican de 'limitado alcance' y han criticado la carencia de presupuesto para su implementación. ¿Qué recomendaciones hacen al Gobierno para mejorar el alcance de la Ley?

Lo primero que debe cambiar es la filosofía de la Ley. Es decir, actualmente los familiares y las asociaciones son los que tienen que solicitar y el Estado en lugar de hacer una investigación da subvenciones. Tendría que ser: el Estado investiga, sistematiza la información, pone la información a disposición de toda la sociedad y se apoya de manera coordinada con familiares, asociaciones y Comunidades Autónomas.

Lo segundo, es que la Ley tendría que contener una obligación de un Plan Nacional de Búsqueda de desaparecidos. Nosotros sabemos que la búsqueda será muy difícil y que muchas de las personas desaparecidas nunca podrán ser identificadas, pero hay que analizar esto.

En tercer lugar, también debe haber una investigación de toda la información disponible. Hoy la información está completamente desperdigada y el Estado no compila ni analiza la información para poder hacer una investigación oficial estatal.

En cuarto lugar, la Ley no establece reparaciones económicas serias ni mecanismo de rehabilitación. Muchos de los testimonios hablan de los efectos psicológicos y el Estado nunca asumió estos efectos.

¿Han pedido explicaciones al Gobierno de por qué han dejado la Ley de Memoria sin presupuesto?

Sí y nos han dicho que fue una decisión fruto de la crisis económica y financiera que vive España. Lo otro que nos han dicho es que las demandas de subvenciones han bajado en los últimos años como preveía la Ley. Esta respuesta se la trasladamos a los familiares y organizaciones y recibimos una consistente respuesta de que las asociaciones quieren hacer muchísimas exhumaciones y no tienen fondos y no pueden hacerlas. Todas nos han dicho que si se hiciera una nueva convocatoria habría cientos de peticiones de subvenciones. Otra cosa es que la Oficina de Atención a las víctimas ha sufrido una variación de su nombre desapareciendo el concepto de víctimas. Muchos nos han dicho que no se trata solo de una cuestión de economía. La explicación que nos dieron actores de la sociedad civil es que era una opción política.

¿Y entre las dos versiones, usted con qué se queda?

'Las desapariciones forzadas no son una cuestión del pasado sino una cuestión del presente'La división de percepciones no es sólo cosa de España. Ocurre en muchos países. Lo que sí que hemos visto aquí es que el Gobierno tuvo la voluntad de explicarnos por qué hace lo que hace y por qué no hace lo que no hace a diferencia de otros gobiernos. Esto es interesante.

Cuando Mariano Rajoy era líder de la oposición y no había crisis económica, llegó a decir que su futuro Gobierno no daría ni un euro a la Memoria Histórica. Supongo que este dato ayuda a averiguar si las decisiones son económicas o políticas.

Nos facilitaron esas declaraciones y las escuchamos. No obstante, nosotros tenemos que evaluar políticas públicas de los Estados y no valoraciones de los candidatos a presidente del Gobierno.

Sobre las mejoras que me ha enumerado de la Ley de Memoria. Usted ha nombrado la necesidad de España de crear un el plan nacional de búsqueda de víctimas de desapariciones forzadas. Sectores de la sociedad española afirman, sin embargo, que la apertura de las fosas significa reabrir heridas y que por tanto hay que dejarlas cerradas. ¿Qué opina de esta afirmación?

Nosotros defendemos que las desapariciones forzadas no son una cuestión del pasado sino una cuestión del presente. Las heridas no están cerradas. No se pueden reabrir porque las heridas nunca se cerraron. Las víctimas y sus familiares nunca han podido tener su duelo. El duelo necesita de tener un lugar donde representar el dolor de la separación con su ser querido. Esto nunca lo tuvieron los familiares de los desaparecidos. De modo, que las heridas no pueden estar cerradas. La apertura de fosas significa cerrar las heridas. Nosotros ponemos el mismo énfasis en tema de justicia como de verdad.

Hablaba de reparación económica, ¿ustedes defienden una reparación económica a las víctimas o, al menos, la devolución de las propiedades que fueron confiscadas durante la Guerra Civil a los llamados perdedores?

'Uno nunca puede saber que el Valle de los Caídos fue un lugar de enterramiento'

Eso sucedería en una Ley que hiciera una reparación integral sobre todos los aspectos y cuestiones sucedidas en la Guerra Civil. Si la reparación forzada implicó violaciones del derecho a la propiedad es algo sobre lo que nosotros no nos pronunciamos. La experiencia nuestra es que en las desapariciones forzadas, muchas veces, la reparación principal no es la económica sino la verdad y la justicia. Si España debe reparar económicamente o no a las víctimas es una cosa que debe hablar el Estado con las víctimas.

Ayer [por el domingo] visitaron el Valle de los Caídos. Quería preguntarles sobre lo ocurrido allí y lo que se les contó por parte de las autoridades. También preguntar si les dijeron que muchos de los cuerpos que allí yacen fueron robados a las familias de cementerios y fosas comunes.

El Valle de los Caídos es un ejemplo de que el Estado español no investigada toda la información disponible. Nos dijeron que en este lugar había personas enterradas de los dos bandos y que alrededor de 12.000 cuerpos estaban sin identificar. Sin embargo, podíamos presumir de qué bando eran las víctimas por el lugar de enterramiento. Les preguntamos si habían hecho un análisis del lugar de donde provenían los cuerpos para saber si hay más desconocidos de un bando u otro, si habían ido a archivos militares, civiles, donde fuera para investigar donde murieron y cómo. La respuesta volvió a ser no. El Estado tiene la información pero no la procesa. Es un ejemplo mínimo, pero allí hay 12.000 cuerpos y el Estado no trata de averiguar quién son.

Sobre el tema de la autorización familiar, nosotros preguntamos en el Valle. Nos dijeron que los desconocidos no tenían autorización familiar y que los demás, supuestamente, sí. Lo que nos han dicho es que no tienen forma de comprobar cómo se realizó esa autorización. Todo esto no se ha investigado. Sí que nos han dicho que la exhumación sería en algunos sectores imposible y en otros casi imposible. Hay que debatir el destino del Valle pero no es nuestro trabajo.

¿Puede ser un lugar de memoria, como sostienen sectores de la sociedad española, un lugar donde Franco está definido como anterior jefe de Estado?

Mi primera impresión al visitar el Valle de los Caídos es que uno nunca puede saber que es un lugar de enterramiento y nuestra recomendación es tomar como base del debate que debe tener la sociedad española el informe que realizó el comité de expertos [formado por Zapatero al final de su segunda legislatura). Hay solamente dos tumbas con nombres. Los otros 35.000 no tienen ninguno. Este es un tema que hemos visto.

¿Y su sensación personal cuando llegó allí? ¿Tuvo la sensación de poder entender algo de lo que sucedió en España visitando el Valle?

Yo al ver ese monumento mi primera pregunta fue: Yo, no siendo católico, ¿quisiera que mi memoria quedara preservada aquí? Ese símbolo excluye a los que no son cristianos. Esa fue mi primera impresión.

En el informe preliminar, también han recomendado dejar sin validez jurídica la ley de amnistía en lo referente a la investigaciones forzadas. En España, la ley de amnistía ha sido considerada por muchos como la base de la transición y el perdón. ¿Puede una ley del olvido y no la investigación de la verdad ser base suficiente para una democracia?

Nosotros decimos que muchas veces son necesarios procesos de reconciliación para poner fin a dictaduras y a desapariciones forzadas. Lo que creemos es que la Ley de Amnistía no puede ser obstáculo para una investigación judicial y nuestro entendimiento es que no era ese el objetivo de la Ley de Amnistía del 77. Esta ley era para liberar a presos políticos y reintegrarlos a la vida política. No estaba pensada para frenar investigaciones judiciales. De modo, que treinta años después se haya descubierto la Ley de Amnistía con otro objetivo me genera dudas de si no hay otras interpretaciones posibles.

Ustedes han solicitado que esta ley deje de tener efectos jurídicos, pero no han sido los únicos. Diversos organismos internacionales, como ustedes señalan, también lo han solicitado. ¿Cuando hay tantas peticiones y ningún cambio legislativa, se puede interpretar una falta de voluntad política dentro del Estado español?

'La Ley de Amnistía no puede ser obstáculo para una investigación judicial'

Un ejemplo. Estuve hace un año en Chile. La Ley de Amnistía de Chile sigue vigente pero hay 800 militares en prisión. No es una cuestión de la Ley sino de la interpretación. No hubo voluntad del poder legislativo para eliminar esta ley. No hubo voluntad del poder ejecutivo para eliminarla. Hubo voluntad del Poder Judicial para dejar de aplicarla. Por tanto, no se necesita ni al poder legislativo ni judicial, se necesita al judicial.

¿Entonces el problema está en el Poder Judicial español?

Las razones por las que se produce lo que se produce las desconocemos. Lo que sabemos es que el Poder Judicial ha cerrado todas las investigaciones. Quedan dos pero que no avanzan. Los motivos los debe decidir la sociedad española. Si es politización, formación de los jueces, forma en la que se eligen los jueces o cómo promoción, el tipo de carrera, el tipo de ingreso... Son todo factores que pueden contribuir. Es la sociedad española la que debe encontrar los errores.