El abogado Richard Baron, letrado de los dos ex empleados del cantante español Alejandro Sanz acusados de extorsión, renunció hoy al caso, una dimisión que representa una victoria para la Fiscalía Estatal de Miami.

Baron se había unido a la defensa de Carlos González y su esposa Sylvia Helena Alzate en agosto pasado, pero los fiscales alegaron que su amistad con la jueza Rosa Rodríguez, encargada del caso, generaba un conflicto de intereses.

"Hubo una acusación en el tribunal de que la jueza no puede ser justa porque es amiga mía y pensé que era importante hacerle frente a esa situación antes de que se convirtiese en un problema", declaró el abogado al finalizar una vista judicial.

Los fiscales recusaron a la jueza porque, en su opinión, no podría emitir un pronunciamiento imparcial por esa amistad, pero sufrieron un revés y recurrieron la decisión ante el Tercer Tribunal de Apelaciones de Miami.

"Decidí separarme del caso porque el señor González y la señora Alzate necesitan el mejor juez que se pueda conseguir para que presida este juicio y una de las jueces más justas disponible es la magistrada Rodríguez", aseguró Baron.

Explicó que tanto los fiscales como el abogado de Sanz en Miami, George Volsky, sabían desde agosto que él era amigo de la jueza, pero no plantearon la recusación en el plazo previsto por la ley.

Un paso que se dio, según Baron, después de que "recibieron dictámenes muy adversos" como la orden de que el artista español se presentara en la Fiscalía para declarar como presunta víctima.

Sanz testificó la semana pasada durante cinco horas a petición de la defensa, pero su declaración quedó sellada por orden de la juez.

Michael von Zamfit, fiscal estatal, sugirió hoy a los acusados tomar abogados de oficio, pese a lo cual la pareja mantiene a Lonnie Richardson, su defensor desde que se inició el caso en diciembre pasado.

Cuando Baron anunció su retirada del caso, la jueza fue enfática al advertir a los acusados que tener un solo abogado podría en el futuro generar un conflicto de intereses.

Pero González y Alzate, mediante una traductora, aseguraron que querían que Richardson continuara representándolos a ambos.

La pareja afronta un cargo de extorsión por presuntamente exigir 500.000 dólares (unos 350.000 euros) a Sanz para no divulgar asuntos personales del artista.

El matrimonio, que trabajó en la residencia del artista madrileño en Miami Beach, ha negado las acusaciones.

En la audiencia de hoy, von Zamfit presentó otra moción en la que dijo que una tercera persona estaba pagando los honorarios de Lonnie Richardson, un aspecto que también podría constituir un potencial conflicto de intereses.

Hoy hubo problemas también en el juicio en torno a los testigos que quiere citar la defensa.