80 años, convaleciente de un cáncer y al borde del desahucio por un 'fondo buitre'

Para la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, "sólo cambia el casero", pero para Julia Rodríguez y su hija Paloma ha cambiado algo más. Desde que el Ayuntamiento de Madrid vendiera 1.860 viviendas sociales de su parque público al fondo de inversión estadounidense Blackstone, el piso en el que viven Julia y Paloma ha dejado de tener una función social para convertirse en un bien especulativo.

La orden de desahucio, por impago del alquiler, no se hizo esperar. Llegó en abril, pero el movimiento antidesahucios consiguió aplazarlo. Este jueves es el día definitivo en el que esta anciana de 80 años, que espera su segunda operación de cadera mientras se recupera de un cáncer de mama, y su hija, desempleada con 45 años y un trastorno límite de la personalidad diagnosticado hace varios años, tendrán que abandonar el piso en el que han vivido desde 2011.

En el salón del apartamento, en el número 12 de la calle Salvador Allende, Julia recuerda entre el aluvión de pastillas propio de las personas de su edad las largas esperas en la cola para solicitar su vivienda social. Era 1998, su hija ganaba 900 euros al mes poniendo cafés en una cadena multinacional, y junto a los escasos 600 euros de la pensión de viudedad de ella decidieron que podrían hacer frente a los 517 euros de alquiler que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) les cobraba por la casa, a la que entraron en 2011. "Puede ser que nos precipitásemos. Veníamos de vivir en un piso de poco más de 20 metros cuadrados que dejó de ser de renta antigua. No pensamos en las facturas, sólo en el alquiler. Ahora esta casa es demasiado cara para nosotras", se justifica Julia.

Julia cobra 632 euros de pensión y paga 517 de alquiler

Pero Paloma perdió el trabajo, enfermó y, cuando se le terminó el paro, comenzaron los impagos. No es que la EMVS no desahucie a sus inquilinos. Lo hace a menudo, aunque a la hora de negociar y de frenar el proceso es más factible arrancarle un nuevo acuerdo, explica Manuel San Pastor, abogado de la Plataforma de Afectados por la vivienda Pública y Social (PAVPS), que ha intentado sin éxito paralizar el desalojo ante el juez, renegociar con Fidere (la empresa inmobiliaria de Blackstone, nueva propietaria del bloque) y buscar una nueva vivienda social más asequible para madre e hija.

Julia no pierde el tiempo, porque no le queda mucho. Recorre a pasos cortos su casa con la muleta en una mano y el teléfono en la otra. Sus últimos meses han sido un ir y venir de ventanillas, oficinas y direcciones. "El lunes intentamos que nos atendieran en el Ayuntamiento, pero no nos dejaron entrar. Llegó la Policía para desalojarnos y acabé en el hospital. Me desmayé", relata la afectada. La única solución que le han dado los servicios sociales ha sido que busque una residencia para ella y conseguir una habitación para su hija. "No podemos separarnos. Yo necesito ayuda y mi hija no puede irse sola con su enfermedad", lamenta Julia. Todas las viviendas que les ha ofrecido la EMVS siguen siendo demasiado caras para ellas, y tampoco pueden renegociar un nuevo alquiler porque "este piso ya pertenece a otro dueño. Eso es lo que nos dicen", afirma.

"Esta venta está denunciada penalmente por prevaricación y malversación""Lo que hace Fidere es mercadear con viviendas públicas que el Ayuntamiento les ha vendido con un precio muy inferior al de mercado. Nuestra plataforma está recibiendo casos en los que Fidere no respeta las condiciones que los inquilinos firmaron con la EMVS", denuncia San Pastor, que añade que se ha hecho el mismo negocio con cerca de 3.000 viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA). "Esta venta está denunciada penalmente por prevaricación y malversación. También por la vía administrativa. Se han vendido por una precio inferior al que costaron, y eso suponen una pérdida patrimonial para el Ayuntamiento y también para los madrileños", argumenta el abogado.

Bloque de viviendas sociales en las que viven Julia y Paloma. Fueron compradas por Fidere al Ayuntamiento de Madrid. -J. V.

Nadie había avisado a Julia de la operación que había urdido Ana Botella. Un día salió a comprar y encontró un gran cartel en la fachada. "Alquiler de viviendas desde 430€/mes*. No dejes escapar la oportunidad". Lo firmaba un tal Fidere que ha resultado no ser una persona, como Julia pensaba. Al menos a ella no le subieron el alquiler, pero la empresa sí que le informó por carta de que tendrían que cobrarle el impuesto de basuras, la cuota de la comunidad y "otros gastos que con la EMVS no teníamos que pagar", subraya.

El mercado de la vivienda social madrileña

Fidere no paga impuesto de sociedades y tiene una bonificación del 95% sobre la tasa de transacciones patrimoniales

Blackstone, el fondo buitre que ha adquirido las 1.860 viviendas de la EMVS por una media de 65.000 euros cada una, no sólo va a desahuciar a Julia. Hay otros casos muy similares y a pocas calles de distancia. La fórmula que utiliza la empresa estadounidense para pescar en las miserias de una ciudad en quiebra es la Somici, sociedad anónima cotizada de inversión en el mercado inmobiliario, más conocidas como las sicavs inmobiliarias. Eso es Fidere, su filial, que se ha acogido a las nuevas regulaciones en la materia para beneficiarse, entre otras cosas, de la exención en el pago del Impuesto de Sociedades y una bonificación del 95% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Menos beneficios disfrutarán Julia y su hija, que con la ayuda de los activistas intentarán frenar su desalojo. "He visto por la televisión que a veces los policías sacan a rastras a los inquilinos que no se quieren ir. Eso es lo que más miedo me da, porque tengo ya 80 años. Pero tampoco tengo a dónde ir", sentencia Julia antes de probar suerte de nuevo en los servicios sociales.

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