Uno de los efectos más visible de los recortes emprendidos por el Gobierno de Mariano Rajoy desde 2012 se puede apreciar en las ayudas a la dependencia. Lo dice hasta la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales: sus responsables alertan de que el Sistema de Atención a la Dependencia 'se desangra', tras los últimos datos oficiales que registran 'menos beneficiarios, menos titulares de derecho, menos atenciones y menos empleo'.

Los responsables de los Servicios Sociales explican en un comunicado que los datos a 31 de agosto registran una lista de espera de 176.667 personas con derecho a recibir prestaciones y sin atender, y 2.971 beneficiarios menos.

Además, señala que se redujeron en 5.232 las solicitudes, que se señalaron 1.274 dictámenes menos y que se han reducido en 2.661 los grandes dependientes menos.

'De lo que se deduce, que sigue existiendo una lista de espera de 176.667. Al no mantenerse la tasa de reposición, decenas de miles de personas mueren sin la atención a la que tienen derecho', denuncia esta organización.

Además, destaca que 'en cuanto a los servicios y prestaciones en la estadística del último mes se cerraron 411 camas de residencias, se dejaron de prestar 236 servicios de ayuda a domicilio, además de reducir en 2.142 las prestaciones económicas de cuidadores familiares'.

Hay una lista de espera de 176.667 personas con derecho a recibir prestaciones y sin atender

Para la asociación de gerentes esto 'supone el despido en el mes de septiembre de más de 300 trabajadores del Sistema de atención a la dependencia'.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, el Sistema de Atención a la Dependencia ha perdido 33.077 beneficiarios en lo que va de año, es decir, en lo que llevamos de año, cada día se dejó de atender a 140 personas, indica.

La cifra total de personas atendidas asciende en estos momentos a 721.512 personas, cuando en diciembre de 2011 las personas atendidas eran 738.587.

'La demolición del Sistema de la Dependencia se produce: impidiendo el acceso a nuevos usuarios, desatendiendo a quienes estaban a la espera aun cuando tuvieran derecho, reduciendo el número de personas atendidas y de atenciones prestadas, y poniendo al límite de sus capacidades de provisión de servicios y de gasto a las administraciones autonómicas', concluye el comunicado.