Falta de recursos, de estructuras, de medidas y de mecanismos de evaluación. Estos son los puntos flacos de las políticas de Igualdad del Gobierno que, según la plataforma CEDAW Sombra España, no está cumpliendo con sus obligaciones para garantizar la igualdad de género debido a su 'falta de disposición política'.

La plataforma, integrada por 50 organizaciones de mujeres, de cooperación internacional y de derechos humanos de toda España, ha presentado un informe ante la ONU en el que denuncia que 'no existe un acuerdo político que garantice realmente un estándar mínimo de disponibilidad, accesibilidad y calidad de la atención a las víctimas' y que esta carencia se ha traducido en una disminución de la calidad y los servicios. 'El Estado español no está cumpliendo los acuerdos internacionales ratificados por el Convenio de la CEDAW', ha sentenciado Bárbara Tardón, responsable de la plataforma. Un convenio que compromete a España a desarrollar políticas encaminadas a eliminar cualquier tipo de discriminación contra las mujeres y a presentar informes sobre la aplicación de la directiva ante el Comité de la CEDAW, el mismo que condenó a España por no haber protegido a la hija de una víctima de violencia machista que finalmente fue asesinada por su padre.

El reflejo de este 'desmantelamiento' es, por ejemplo, el tijeratazo del 23% entre 2009 y 2014 al presupuesto estatal destinado a la lucha contra la violencia de género. Y el recorte del 49% en el presupuesto del Estado para igualdad y del 32% de media en las comunidades autónomas. Como prueba de esta falta de voluntad política, la plataforma recalca que 'en 2012, la inversión en campañas de reclutamiento del ejército duplicó a la dedicada en campañas de prevención de la violencia de género'.

La CEDAW critica que España no haya aprobado ninguna ley integral contra la trata de mujeres y que tampoco haya traspuesto completamente la Directiva Europea relativa a este problema.

Tardón también se ha mostrado preocupada por el aumento de los sobreseimientos de las denuncias por violencia machista: un 158% más entre 2005 y 2012.

En el campo de la educación, el informe advierte de que la educación de 0 a 3 años 'no está garantizada' y denuncia que la nueva ley educativa financie la segregación por sexos y se haya llevado por delante Educación para la Ciudadanía, 'una asignatura clave para el fomento de la igualdad', insiste el colectivo.

En el ámbito sanitario, la CEDAW ha advertido del peligro para la igualdad de género que supondría la reforma de la ley del aborto y ha criticado el copago, además de la retirada de la financiación de ocho anticonceptivos de última generación, que afecta a un millón de mujeres. Además, critica la plataforma, seis comunidades autónomas no financian la píldora postcoital.