Paul Edionseri, un nigeriano de 36 años, espera en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche para ser deportado. Ha residido durante 15 años en España, en Madrid y Zaragoza, pero sus antecedentes penales, una estafa cometida en 2011, lo llevarán de vuelta a su país dejando en la capital aragonesa a su mujer y sus dos hijas, la mayor de dos años y un bebé de tres semanas. Tina, su pareja, no tiene ingresos ni cuenta con apoyo familiar o de los servicios sociales. No podrá pagar el próximo mes de alquiler, y los pañales y la leche son las dos cosas que más le preocupan.

Cuando Paul llegó a Zaragoza en 1999 lo hizo de forma legal y con intención de quedarse. Comenzó a trabajar de repartidor, carpintero, en la recogida de fruta y 'nunca dejó de buscar empleo e intentar mejorar la situación', comenta su mujer. En 2008 se quedó en el paro y tres años después cometió una estafa. Pasó un año en prisión preventiva en la cárcel de Zuera, cumplió la responsabilidad civil derivada por su delito y fue condenado a dos años de cárcel, por lo que quedó en libertad.

Aunque con el permiso de residencia renovado, encontrar trabajo tras salir de prisión fue complicado. Haber cotizado durante nueve años en la seguridad social le ha permitido cobrar el subsidio de desempleo, 430 euros, de los que 330 han sido para pagar el alquiler. 'No es una buena situación económica pero cuando lo suban a un avión y se lo lleven no tendré nada que darle a nuestras hijas', lamenta Tina, que se recupera de una segunda cesárea y asegura que tardará un tiempo en poder trabajar.

No ve un futuro en Nigeria. 'Quiero sanidad y educación para mis hijas. Allí no nos espera nada'Una consulta sobre su situación legal, que realizó al tener conocimiento del nacimiento de su última hija, activó las alarmas en la administración sobre sus antecedentes penales, según explica su mujer. El decreto para su expulsión llegó el 2 de julio y fue recurrido, pero el Juzgado contencioso administrativo número dos de Zaragoza lo ha desestimado. El pasado viernes Paul fue detenido y desde el lunes permanece en el módulo dos del CIE, a la espera de que encuentren una plaza de avión con destino a Nigeria. Tina espera que 'aún se pueda hacer algo' y que se valore la situación en la que quedaría su familia si se produce la deportación. Según la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, antes de adoptar la decisión de la expulsión de un residente de larga duración, 'deberá tomarse en consideración el tiempo de su residencia en España y los vínculos creados, su edad, las consecuencias para el interesado y para los miembros de su familia, y los vínculos con el país al que va a ser expulsado'.

Mientras, la Asociación de Nigerianos de Aragón ha manifestado su apoyo a Paul en una concentración celebrada el pasado jueves en Zaragoza. 'Estamos sorprendidos, hacía años que no se llevaban a ningún nigeriano de vuelta', declara Tina, quien reconoce estar 'muy confundida' y desconocer cuál es el procedimiento para que Paul pueda volver a casa.

No ve un futuro en Nigeria. 'Quiero sanidad y educación para mis hijas. Allí no nos espera nada', afirma. Tampoco sabe de qué manera saldrá adelante sin el dinero del subsidio, asegura que está preocupada 'por los pañales y la leche' y que teme al inicio del curso escolar. 'Libros, comedor, no sé cómo voy a afrontar yo sola estos gastos, ahora mismo solo contamos con la comida que recibimos una vez al mes de la caridad'.

Aunque señala que es complicado contactar con Paul por teléfono, ha logrado hablar con él un par de ocasiones. 'Está muy asustado y triste, sé que no me cuenta todo lo que está sufriendo para no alertarme más. La única información que ha recibido es que cuando haya una plaza en un vuelo para Nigeria lo harán marchar'.