Los planes de María Dolores de Cospedal para hacer caja a costa de los montes públicos de Castilla-La Mancha hacen aguas. El Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad ha declarado nulo un decreto aprobado en octubre de 2012 por el que la Junta desafectó tres fincas de titularidad pública ubicadas en Toledo para poder introducir en ellas actividades de caza adjudicadas posteriormente a empresas privadas.

El Tribunal estima plenamente un recurso presentado por Ecologistas en Acción y condena al Gobierno de Cospedal por la 'clandestinidad' y falta de transparencia con la que fue ejecutado el proceso. La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, destaca la falta de información previa, así como la falta de audiencia a personas y entidades con representación en el ámbito del medio ambiente.

'Es especialmente llamativo que [...] no se realizase una sola alegación por nadie, en el sentido que fuera; ello abona más bien la clandestinidad real y efectiva de la publicación, dando por hecho que la misma se produjera y válganos la paradoja', señala el texto.

Desde Ecologistas denuncian que esta forma de actuar 'supone una trasgresión flagrante del proceso legal de tramitación, puesto que debía haber sido sometido a información pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y a informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente'.

Los tres montes públicos (el ‘Quinto de San Pedro' y ‘La Cardañosa', ambos en el término municipal de Los Yébenes; y ‘Nava de Don Diego', en Los Navalucillos) estaban protegidos por el régimen cinegético especial de Refugio de Fauna. Al desafectarlos a través del decreto y sacarlos de esa clasificación, la Junta tuvo vía libre para poder privatizar la gestión de las actividades de caza.

Uno de los terrenos fue adjudicado a la familia Ybarra por 15.100 euros

De hecho, Cospedal adjudicó los contratos de caza de estos terrenos a empresas privadas mediante una subasta realizada el pasado mayo con vistas a que pudieran comenzar su actividad al inicio de la temporada el próximo octubre. Según publicó el diario La Tribuna de Toledo, las gestiones de caza en uno de estos montes, el de ‘La Cardañosa', fue adjudicado a una empresa de los hijos del banquero y empresario Emilio Ybarra, expresidente del BBV, por una suma de 15.100 euros.

Ahora que la Justicia ha anulado el decreto, la organización ecologista reclama que sean anuladas también las subastas de caza.

Este no es el único intento de Castilla-La Mancha por sacar rentabilidad a sus terrenos de dominio público.

La Junta tenía un plan para vender entre el 20 y el 30% de sus montes

Los tres mismos montes a los que se refiere la sentencia estaban incluidos en una lista de terrenos públicos elaborada por la Consejería de Agricultura en 2013 con las fincas de condiciones más ventajosas para su venta. La iniciativa de la Junta, que ya había empezado a escuchar ofertas de empresarios interesados, pretendía deshacerse de entre un 20 y un 30% de los montes públicos con unos fines recaudatorios que llegaron a estar contemplados como ingresos en los Presupuestos de la comunidad autónoma.

No obstante, la presión social y de los grupos ecologistas y la abierta oposición de funcionarios de la comunidad especializados en gestión de terrenos forestales y conservación de la naturaleza consiguió echar abajo los planes de la Junta.