La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha hecho pública esta semana su memoria correspondiente a 2012, en la que saca pecho por haber ayudado, a través de Cáritas, a casi cinco millones de personas en situación de exclusión social. Sin embargo, la contribución económica de la cúpula de la Iglesia católica a los proyectos de Cáritas es muy pequeña: sólo cinco millones de euros (uno por persona atendida), que equivalen al 1,8% de los más de 276 millones empleados en 2012 por la organización.

La principal fuente de ingresos de Cáritas son las aportaciones privadas, con un 70% del presupuesto total, según datos oficiales; mientras que el resto procede de fondos públicos, incluyendo los cinco millones de euros canalizados por la CEE.

Cáritas opera en 6.000 parroquias y en 2012 contaba con más de 70.000 voluntarios y 4.253 trabajadores remunerados para llevar a cabo sus proyectos contra la pobreza, de los que se benefician, entre otros colectivos, los ancianos y las familias sin hogar. La ingente labor de Cáritas, cuyas necesidades han crecido de forma notable como consecuencia de la crisis económica, no se ha hecho acreedora, sin embargo, nada más que de una mínima parte del dinero que maneja la jerarquía eclesiástica.

Según sus propias cifras, la CEE recibió en 2012 un total de 248 millones de euros de la asignación tributaria (la casilla de la declaración de la Renta), y sobre esa cantidad los cinco millones facilitados a Cáritas apenas representan un 2%.

Más sorprendente aún resulta la comparación con otros gastos; por ejemplo, los de funcionamiento de la propia Conferencia Episcopal, que ascienden a 2,5 millones de euros, la mitad que el dinero dedicado directamente por ella a la lucha contra la pobreza.

Mayor que la contribución de la CEE a Cáritas es la partida destinada al sostenimiento de las facultades eclesiásticas, de la Universidad Pontificia de Salamanca y de sus centros de formación en Roma y Jerusalén, cuya dotación en 2012 fue de casi 5,7 millones.

De la asignación tributaria, la cúpula de los obispos administra unos 50 millones de euros y el resto hasta los 248 millones se los reparten las 70 diócesis en que está dividido el país, en función del número de sacerdotes y fieles que hay en cada una. La que más recibe, con mucha diferencia, es Madrid (14,5 millones), seguida de Valencia (8,6), Barcelona (4,8) y Sevilla (4,7), frente a Jaca, Ibiza o Menorca, que en 2012 no llegaron al millón de euros.

De todas formas, el dinero proviniente de la asignación tributaria es sólo un 25% de todo el que disponen las diócesis: 788 millones en 2012, la mayor parte procedentes de donativos, según se deduce de la última memoria de actividades de la CEE publicada esta semana.

Por otra parte, tampoco la asignación tributaria es el único ingreso que la Iglesia católica recibe del Estado: los conciertos educativos, la compensación por asistencia sanitaria, la conservación del patrimonio, los salarios de los profesores de religión o los beneficios fiscales también salen de las arcas públicas y rondan los 11.000 millones de euros anuales.