Uso excesivo de la fuerza policial, aumento significativo de las multas a manifestantes, identificaciones masivas e injustificadas durante las concentraciones, intentos de estigmatización de los movimientos sociales, malos tratos a detenidos, uso indiscriminado de material antidisturbios, endurecimiento de la legislación que regula el derecho a la protesta.

Estos son algunos de los síntomas más evidentes detectados por Amnistía Internacional de que España se encamina a niveles 'preocupantes' de represión de algunos de los derechos y libertades fundamentales más básicos. 'Nos preocupa que España se sume a tendencias parecidas a las de países como Turquía, Ucrania o Rusia, donde Amnistía ha denunciado situaciones similares', ha dicho Jezerca Tigani, directora adjunta de la organización en Europa y Asia Central.

La ONG por la defensa de los derechos humanos ha presentado esta mañana una nueva investigación en la que concluye que 'el Gobierno español está utilizando toda la fuerza de la ley para asfixiar la protesta pacífica legítima' y en el incluye una serie de recomendaciones al Gobierno para tratar de atajar la situación.

'Las autoridades españolas han restringido el disfrute de los derechos humanos en España, en especial el derecho a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión, de una manera que es contraria tanto a normas internacionales de derechos humanos como a las obligaciones contraídas por España en virtud del derecho internacional', cita el informe.

La organización ha estado trabajando en el estudio durante un año y en él ha documentado la respuesta de las autoridades públicas en las manifestaciones que tuvieron lugar en 2013, aunque también se recogen casos de 2011 o de las últimas Marchas de la Dignidad el pasado 22 de marzo. Se ha entrevistado con 30 víctimas y sus familiares y abogados, con periodistas, manifestantes, representantes de ONG y movimientos sociales, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, autoridades gubernamentales y sindicatos policiales, entre otros.

Ante los casos denunciados, Amnistía lamenta la 'escasez de voluntad política' de las autoridades para buscar una solución y critica que, en su lugar, se estén poniendo en marcha mecanismos legales como la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, que endurecen las multas y aumentan la represión. Asimismo documenta un 'aumento en las sanciones administrativas' a participantes y movimientos sociales, en las que la organización ve una intención 'disuasoria'. 

'Estamos en un camino peligroso. Cuando una manifestación acaba en violencia no sirve echar la culpa a los extremistas, es un fracaso del Estado que debe garantizar el derecho a la protesta pacífica. Se trata de buscar el diálogo, entender las intenciones de cada parte, negociar... pero lamentablemente hasta ahora no hemos visto esta actitud en las autoridades españolas', ha dicho Anja Bienert, experta en policía y derechos humanos de la organización.

Amnistía destaca, sobre todo, que no haya investigaciones internas ni judiciales adecuadas sobre los casos que denuncia y pide al Gobierno que se ponga en marcha un mecanismo independiente de investigación y se tomen las medidas para ajustar la legislación en la línea con los estándares legales internacionales.