A recibir la Medalla de Oro de la Confederación de Empresarios de Pontevedra por su labor como 'embajador de los servicios, productos y empresas españolas'. Ese es el motivo de la visita —este viernes— del príncipe Felipe a Vigo, un evento que ha sembrado el nerviosismo en la subdelegación del Gobierno de la provincia. Al menos, eso parece, ya que, de repente, han decidido prohibir todas las manifestaciones previstas para esta jornada en la ciudad.  

Así lo ha denunciado la Plataforma de Afectados por Cláusula Suelo y Abusos Bancarios de la ciudad, cuyos miembros llevan seis meses protestando frente a las sucursales bancarias para intentar forzar a sus dirigentes a sentarse a negociar con los afectados. Hasta hoy.

El citado colectivo explica que para las mencionadas protestas (que llevan a cabo, especialmente, frente al Banco Popular —explican en una nota—) 'ha de pedirse un permiso a la Subdelegación del Gobierno'. Dicha autorización, afirman, 'no ha sido denegada en ningún caso salvo para el día concreto de la visita del príncipe de Asturias'.  'Ante este evento se le exige a la plataforma que comunique con diez días de antelación la concentración. Lo mismo le ha ocurrido al resto de plataformas de protesta bancaria: permiso denegado', agregan. 

En la respuesta a la petición de los manifestantes que los representantes del Gobierno en Pontevedra han hecho llegar a la citada plataforma, la Subdelegación da la concentración por 'comunicada'. 'No obstante, el artículo 8 de la L.O. 9/1983 reguladora del Derecho de Reunión establece que la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente [...] con una antelación de diez días naturales como mínimo y treinta como máximo', añade la nota de la institución.

La Plataforma de Afectados por Cláusula Suelo y Abusos Bancarios de Vigo —que 'lucha por la eliminación de la cláusula suelo de las hipotecas'— lamenta, por su parte, que ya 'se han silenciado muchas muertes provocadas por las acuciantes deudas resultantes por la estafa bancaria, sin contar las secuelas psicológicas que afectados por preferentes, suelo, swaps... etc, sufrirán para toda su vida, invalidándoles para volver a empezar de nuevo'. 'Hay casos conocidos de quien se ha quitado la vida para intentar que su familia viva de la indemnización pertinente. La plataforma llama a la alarma social por este hecho, y recuerda que violencia es trabajar toda la vida para no tener ni los  derechos por cuya reinvindicación ya encarcelaron a muchos', concluye el comunicado.