Ayuntamientos y vecinos de varias localidades abren locales y polideportivos, suministran víveres, facilitan asistencia médica e incluso lavan la ropa a los caminantes de las Marchas de la Dignidad. Apenas cuatro días antes de la 'gran manifestación' en la que confluirán en la capital, las seis columnas a las que se unirán una comitiva internacional y otra integrada por los residentes en Madrid, los manifestantes se muestran optimistas y agradecen el apoyo recibido.

'En todos los pueblos nos han recibido de maravilla independientemente del signo político de los ayuntamientos', asegura a Público Manuel Rodríguez, de la columna del sudoeste (Extremadura), integrada por cerca de 200 personas que pasarán la noche en un polideportivo cedido por el Ayuntamiento de Móstoles, y que durante la mañana de este martes han hecho su entrada en la localidad madrileña. 'Por la carretera muchos coches nos han saludado pitando, alzando el puño, animándonos', sostiene.

Rodríguez:'Ha sido el pueblo el que ha salido a exigir al alcalde que nos acogiese'

'La primera etapa fue domingo, había mucha gente andando, vinieron autobuses de todas las provincias, hicimos noche en Villacañas con una acogida bastante buena, hicimos una asamblea... Ayer estuvimos en La Guardia, hicimos una asamblea en el mismo pabellón que nos concedieron, y el Grupo Izquierda Unida nos facilitó la comida', afirma Mari García, jornalera del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y una de las caras más conocidas de esta acción reivindicativa, que camina con la columna andaluza.

Junto a ella, caminan cerca de mil andaluces a los que se unirán cerca de 28.000 pasajeros de los más de 500 autobuses fletados en esta comunidad, los que viajarán en los 17 autocares y 2 trenes contratados en Asturias... una lista de participantes que crece cada día, por lo que los organizadores son incapaces de precisar el número de ciudadanos que ya claman contra las políticas del Partido Popular, en un viaje en el que Talavera de la Reina, Oropesa, Cazalegas o Valmojado son sólo algunos de los municipios que se han volcado acogiendo a los caminantes, aunque otras localidades no se hayan mostrado tan hospitalarias.

'La excepción ha sido Navalmoral', asegura Rodríguez. 'El alcalde [Rafael Mateos, del PP] se negó a prestarnos el polideportivo, por lo que los vecinos acabaron coreando consignas contra él: 'Cacique, Mateo lo que has hecho está muy feo'. Tuvimos otro problema en Valmojado, porque el alcalde se negó a dejarnos el polideportivo, pero como en Navalmoral vieron que todo el pueblo criticaba al alcalde, la presión les hizo cedernos una especie de casas rurales. Ha sido el pueblo el que ha salido a exigir al alcalde que nos acogiese: esto no es una marcha de fiesta, es una marcha reivindicativa de los derechos básicos, y los vecinos lo saben. Hay gente que ha lavado nuestra ropa en su casa, a otros compañeros hasta que les han cortado el pelo', asegura el activista.

La Delegación del Gobierno de Madrid no responde a las preguntas sobre qué harán si los manifestantes acampan en la vía pública

 Carlos Buendía, uno de los portavoces de la iniciativa, sumaba el Ayuntamiento de Alcalá de Henares -también del PP- a la lista de consistorios que han rechazado alojar a los caminantes. 'Al Ayuntamiento de Alcalá de Henares le pedimos dos polideportivos. Se suponía que el acuerdo estaba cerrado, pero cambiaron de idea y nos dijeron que no. El Consistorio de Daganzo tampoco, el de Torrejón de Ardoz ni siquiera nos ha querido recibir, y el de San Fernando de Henares al final ha cedido, pero quería que pagáramos un montón de cosas', denuncia.

Según han hecho saber a este medio, a primera hora de la tarde de este martes los activistas de la columna extremeña han ocupado una oficina de Bankia y otra del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid (SEPE), apenas unas horas después de su entrada en Móstoles.

Dejando a un lado los acontecimientos como el enfrentamiento con el alcalde de Caudete, José Miguel Mollá , los caminantes continúan devorando kilómetros sin renunciar a ejecutar acciones de este tipo, como la ocupación de un bloque de viviendas para nueve familias en Talavera de la Real (columna sudoeste) o la de una oficina de una entidad bancaria (columna nordeste) en Guadalajara. Todo para rechazar el pago de la 'deuda ilegítima', reivindicar la necesidad de servicios públicos universales, el derecho a la vivienda y al empleo digno,  además de para exigir la dimisión del Gobierno de Mariano Rajoy y del resto de fuerzas políticas que han operado siguiendo las políticas de la troika.

'La estrategia de la Policía es invisibilizar la marcha', asegura García

'Es muy significativa la acogida que están teniendo las marchas por los pueblos y ciudades por donde están pasando. Aparte de la comida hay personal sanitario para ayudar a los marchantes con heridas, rozaduras, distensiones musculares...se está intentando paliar eso por todas las formas', explica García. Buendía concreta: 'La asistencia sanitaria la hemos coordinado con gente de varias plataformas defensoras de la sanidad pública, como CAS Madrid y Plataforma Matusalén'.

García reconoce que algunos necesitan ayuda para completar los recorridos, pero asegura que no se han enfrentado a grandes dificultades. 'Hemos hecho un equipo que se ha adelantado para preparar almuerzo y cena, hay gente que recoge con furgonetas a los que se quedan atrás. En la cabecera hay personas de 70 y 80 años, y muchas veces los mayores son los que más aguantan'. Problemas como tal no hemos tenido, pero la Policía nos ha desviado; bien por carreteras secundarias para que no nos vieran, o bien como ocurrió el primer día de la marcha, cuando nos metieron por una vereda, una vía de servicio', afirma la jornalera del SAT. 'Cuando nos despistamos, su estrategia es invisibilizar la marcha, que los coches y camiones que pasan no vean a la gente andado hacia Madrid'.

El objetivo último de las marchas es confluir en una gran manifestación el próximo 22 de marzo, tras la que celebrarán una asamblea este sábado, otras concentraciones en torno a varios ministerios o al edificio de La Bolsa el lunes. Aseguran contar con la autorización de la Delegación del Gobierno, que sin embargo no ha confirmado esta información a este diario. Tampoco ha contestado a las preguntas sobre cuál será su línea de actuación en caso de que decidan organizar acampadas en la vía pública, como hiciera el 15-M hace ya tres años. Según los activistas, muchos de los caminantes viajan sin billete de vuelta, dispuestos a quedarse en la capital el tiempo necesario para que sus reivindicaciones sean escuchadas.