Alemania, Países Bajos, Reino Unidos, España, Rumanía, Lituania, Dinamarca, Suecia y Hungría son los estados miembros en los que ya se han practicado extracciones de gas o interesados en hacerlo, según el último estudio presentado por la Comisión Europea. Sólo en Francia y Bulgaria está prohibida totalmente la fracturación hidráulica, más conocida como fracking. En algunos países como Suiza, Alemania, República Checa, Rumanía y España están considerando prohibirlo en ciertas zonas o se han adoptado moratorias.

Son los países de la Unión Europea los que tienen la potestad de decidir si en sus territorios está permitido el fracking. En noviembre del año pasado, el Parlamento Europeo rechazó con 391 votos frente a 262 y 37 abstenciones la enmienda en la que se instaba a los estados miembros a no autorizar nuevas operaciones de este tipo en la Unión Europea.

'La Unión Europea no tiene la potestad de prohibir el fracking', asegura Antoine Simon de Friends of the Earth Europe. 'El año pasado la Comisión Europea empezó a ordenar estudios y análisis para conocer el impacto en el medio ambiente y en la economía', asegura, 'desde entonces y tras la publicación de nuevos estudios el Ejecutivo comunitario vio necesario crear un marco legislativo sobre esta práctica'. Análisis, encuestas, talleres y reuniones se están llevando a cabo en Bruselas para empezar a redactar una serie de recomendaciones que los estados miembro decidirán si ponen en práctica o no.

Simon señala que esta falta de legislación supone ciertos inconvenientes. En primer lugar, al ser una nueva práctica no está medido cuál es el tipo de contaminación exacta que puede provocar, no se puede denunciar altos niveles de contaminación provocados por las extracciones puesto que no hay una regulación que señale cuáles son los niveles, ni los accidentes, ni los responsables. 'Si hay algún caso de contaminación en Europa, no existe una legislación que la mida, puesto que no se incluye la extracción de gas esquisto en la revisión de impacto ambiental de la Unión Europea', señala este experto de Friends of the Earth Europe.

'Al realizar inyecciones hidráulicas, a veces se deja el 75% del contenido dentro de la tierra. No se sabe qué pasa con ese fluido,  puede que migre o que la tierra lo expulse décadas después', critica Simon. 'Hay que decidir quién tiene que responsabilizarse de las posibles consecuencias a largo plazo', añade. 'Todos los impactos potenciales en caso de contaminación, de accidente o de envenenamiento de la tierra, agua o aire, necesitan ser medidos y conocidos, no es un tema que se pueda decidir a largo plazo', subraya Simon.

La falta de legislación europea supone una ventaja para las empresas que están desarrollando esta actividad en Europa, puesto que no se enfrentan a ninguna pena en caso de accidente o contaminación. 'Esperamos que a finales del año la Comisión anuncie su decisión con una legislación o una lista de buenas prácticas, creemos que como mínimo darán unas recomendaciones a los estados miembros', señala este experto.

La Comisión realizó una revisión del marco medioambiental centradas en este tipo de operaciones con la que pretendía identificar 'las posibles incertidumbres respecto a la extracción de gas esquisto, identificar los riesgos no cubiertos por la legislación de la Unión Europea y sacar conclusiones sobre el riesgo para el medio ambiente y la salud humana', según señala el informe del Ejecutivo Europeo.

A pesar de estos trabajos, algunas organizaciones plantean un movimiento más radical de las instituciones europeas por las graves consecuencias que supone este tipo de práctica de extracción de gas. 'La Unión Europea debe también realizar un análisis en profundidad para que su legislación ambiental vigente regule adecuadamente la industria del gas esquisto y de sus actividades', señalan desde Food & Water Europe, organización que pide la prohibición en toda Europa.

'Los miembros del Parlamento Europeo deben poner el interés público por delante de los inversores', declara Pia Eberhardt, de Corporate Europe Observatory.

Desde el Parlamento Europeo demandan un 'régimen regulador fuerte' para todas las actividades de gas esquisto, entre las que se encuentra la fracturación hidráulica. Los eurodiputados han demandado 'procesos amigables con el medio ambiente y las mejores técnicas disponiles con los estándares de seguridad más altos'. Sin embargo, reconocen que son necesarias 'grandes inversiones' para construir la infraestructura necesaria y obligan a que esté 'totalmente cubierta por la industria'.