Ya no ganan ni en sus encuestas. Bueno, ganar sí ganarían, pero un pacto de la izquierda política les apartaría tras casi dos décadas de la Generalitat valenciana. Al menos eso se desprende del último sondeo encargado por el PPCV y hecho público la pasada semana, que constata el batacazo del partido que venían anunciando las encuestas publicadas por los medios de comunicación locales estos últimos meses: en las elecciones autonómicas del 2015 el partido de Alberto Fabra perdería la mayoría absoluta en el País Valenciano.

La encuesta otorga al PP una intención de voto del 36,4%, para 41-43 escaños en Les Corts En concreto, la encuesta otorga a los conservadores una intención de voto del 36,4%, lo que se traduciría en 41-43 escaños en Les Corts, y para la mayoría absoluta necesitan 50. Según sus propios cálculos, en esta legislatura perderían hasta 14 diputados.

¿Ha pasado la corrupción factura a los 'populares' valencianos? Es imposible establecer una correlación directa entre el número de imputados en sus filas y los que podrían ser sus peores resultados en dos décadas de hegemonía, pero un repaso a los casos de corrupción más flagrantes en las filas conservadoras y a cómo Alberto Fabra los está gestionando, ayuda a entender parte del porqué del mayor descenso de la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en un partido instalado con comodidad en todas las instituciones valencianas.

La sustitución de Juan Cotino (aún no imputado, pero señalado en todas las grandes causas de corrupción 'populares') en Les Corts ejemplifica a la perfección lo mermadas que están las filas del PPCV por la corrupción. Felipe del Baño, imputado por prevaricación administrativa hace apenas un mes -motivo por el que dejó el puesto de concejal en San Antonio de Benagéber (Valencia)- tomará el relevo como diputado a Cotino la próxima semana. ¿No había nadie limpio en el banquillo? Al parecer no; las listas han corrido tanto que se ha llegado al punto de que un imputado sustituya a un sospechoso múltiple.

Es el primer caso, pero podría no haber sido el único: Lorenzo Agustí, llamado a ser el mirlo blanco del PP valenciano, rechazó el acta de diputado en sustitución de una imputada dimitida el año pasado. Y hace tres meses, imputado en dos causas, hubo de renunciar a la alcaldía de Paterna. Hasta la prensa internacional ha recogido el elevado número de diputados imputados del PPCV (se llegaron a contar hasta 10 coincidiendo en el tiempo) que Alberto Fabra ha cargado a sus espaldas y ha intentado reducir como ha podido.

Sin embargo han sido los imputados los que, dilatando más o menos sus respectivos procesos judiciales, han ido abandonando sus escaños dependiendo de sus intereses. De todos ellos, solo Ricardo Costa y Yolanda García, imputados en la rama valenciana de Gürtel, se aferran aún a su acta de diputados. Pero la podredumbre entre los 'populares' se ha extendido también fuera del parlamento. Y a Fabra, a quien le llueven críticas internas hasta en público desde el País Valenciano y Madrid, cada vez le cuesta más mantener la imagen de un partido unido.

Es cierto que ha apartado a algunas 'manzanas podridas' de los órganos de decisión del partido, pero al mismo tiempo les ha dado libertad para que mantengan sus puestos en las instituciones. De manera que el resultado es una suerte de zigzag contra la corrupción, en lugar de la línea roja esgrimida por el presidente. Y, en pleno desangramiento, una retahíla de alcaldes resisten en sus feudos.

Francisco Martínez, mano derecha del condenado Carlos Fabra, acaba de dejar la Diputación de Castellón tras casi veinte años en Obras y Servicios. Se fue porque está imputado por prevaricación, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas en el proyecto de una depuradora que se iba a instalar en unos terrenos de su hijo. En cambio, de su puesto como alcalde de Vall d'Alba no lo ha movido nadie.

Otro caso de estudio es el empeño de la alcaldesa de Alicante Sonia Castedo -doblemente imputada por corrupción urbanística en los casos Burgal y Rabassa-, obcecada en no dejar el consistorio. Su empeño ha marcado el camino a otros ediles 'populares' que se niegan a marcharse. Lejos de hacer autocrítica, varios pesos pesados del PP ya se han posicionado para pedir que solo se aparte del partido a quien se le haya abierto juicio oral.

Entre ellos, el alcalde de Xàtiva, diputado y presidente de la Diputación de Valencia y del PP regional, Alfonso Rus; la ya procesada Mónica Lorente (la juez la acusa de tráfico de influencias, prevaricación y fraude administrativo por la adjudicación presuntamente ilegal al empresario de la basura Ángel Fenoll en una de las piezas del caso Brugal), ex alcaldesa de Orihuela y diputada provincial; o Adela Pedrosa, ex secretaria general del PPCV, alcaldesa de Elda y vicepresidenta de la Diputación de Alicante. De la misma opinión es el diputado, secretario general del PP en Valencia y alcalde de Vilamarxant, Vicente Betoret. Su argumento es que, en la dinámica del enfrentamiento político, es habitual recibir denuncias de la oposición que luego podrían 'quedar en nada'.

Ante este panorama, Fabra abrió de nuevo la mano en el último Comité Ejecutivo Regional de su partido. Allí aseveró que la prevaricación en la gestión municipal 'no es corrupción' y que, por tanto, los acusados de prevaricación administrativa podrán repetir como candidatos. Según este razonamiento, podrán seguir adelante los alcaldes de Gandia, Arturo Torró, y Cullera, Ernesto Sanjuán, imputados por estafa, falsedad documental y desobediencia a la autoridad el primero y por autorizar unos fuegos artificiales que estaban prohibidos y que desencadenaron un incendio.

También continuará en su puesto Elisa Díaz, diputada que se enfrenta a un juicio por golpear a una mujer y dejarla sorda. Porque, según Fabra, 'una galleta no es motivo para no ir en las listas' . Con un banquillo podrido y las listas del 2011 confeccionadas por Francisco Camps corriendo el riesgo de agotarse, Alberto Fabra parece empeñado en tirar de torniquetes para detener la sangría que afecta a su partido en lugar de curar la gangrena de forma decidida. En cualquier caso, la firmeza de Fabra contra la corrupción podría tener un límite infranqueable: el que le podría imponer su propia imputación, pues está siendo investigado por la adjudicación al arquitecto Santiago Calatrava del Centro de Convenciones de Castellón en su etapa como alcalde.

Le quedan siete meses para reconducir la situación -y las encuestas- y que en Génova, donde le ven incapaz de remontar el vuelo, le otorguen la confianza para ir de candidato a la Generalitat Valenciana. No lo tiene fácil. Y esta vez, además, no tiene a Canal 9 para ayudarle a ganar la guerra mediática.