El portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, Julio Villarrubia, ha avisado de que si su partido llega al Gobierno se derogará la norma que 'privatiza' el Registro Civil y que otorga su gestión a los registradores mercantiles, una iniciativa que se incluyó en el decreto-ley del Ejecutivo de Mariano Rajoy que este jueves ha sida ratificada por el Congreso al aprobar el proyecto de ley de medidas para impulsar el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

'Advertimos de que, si este atropello se confirma, el PSOE junto con la totalidad de los grupos parlamentarios en el momento en que el PP pierda su mayoría absoluta, que todo parece indicar será en las próximas elecciones, derogaremos esta norma', ha señalado a los periodistas a su salida de la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso en la que dicho proyecto de ley ha sido remitido al Senado para que continúe su tramitación.

Según ha explicado el diputado socialista, una vez que su partido llegue al Gobierno 'retrotraerá' el servició público del Registro Civil tal y como funcionaba hasta ahora: 'Es un aviso a los que están esperando el negocio que a lo mejor en el corto y medio plazo no lo pueden consolidar', ha subrayado al respecto.

Villarrubia ha reclamado que la gestión del registro vuelva al cuerpo de secretarios judiciales 'por su preparación especializada' y ha criticado que el PP vaya a 'dejar en el aire' a más de 3.500 funcionarios españoles mientras se apoya el 'negocio de una minoría a costa de todos los ciudadanos'. A su juicio, el Gobierno de Rajoy se ha caracterizado por recortar los recursos de la Administración judicial a un nivel 'extraordinario' y en esta legislatura sólo se han hecho 'reformas de recortes de derechos y libertades'. La aprobación de esta iniciativa, añade, demuestra que el PP 'continúa en esa deriva'.

El Grupo Socialista tiene solicitada la comparecencia urgente del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que explique las razones por las que en este decreto se incluía el nuevo modelo organizativo y llevanza del Registro Civil. Además, el PSOE y el resto de grupos parlamentarios de la oposición recurrieron el decreto ley al Tribunal Constitucional al considerar que el Ejecutivo abusa de legislar por vía de urgencia.