Pascual Serrano

El reciente conflicto laboral de los trabajadores del canal de televisión Intereconomía, junto con el cierre de RTVV, y el reconocimiento de los trabajadores de esta cadena autonómica de que manipularon y silenciaron voces como las de las víctimas del accidente del metro de Valencia, ha abierto un debate sobre la deontología de los periodistas y el grado de defensa que merecen estos trabajadores. Políticos y militantes de izquierda, bajo la inercia habitual de alinearse con todos los asalariados, no han dudado en expresar su solidaridad con todos ellos. En el caso de la televisión valenciana, sumándose a la denuncia de los trabajadores por el cierre, y sobre Intereconomía, en defensa de los derechos laborales y también contra el posible cierre.

La primera contradicción supondrá reconocer que cuando estos dos canales silenciaban otros conflictos laborales, manipulaban las noticias o censuraban cualquier voz crítica con los gobernantes de la derecha, muchos de esos trabajadores no tenían un problema en formar parte de la infamia. Aunque ahora parezca que critiquen a sus directivos y accionistas, me atrevo a asegurar que si sus problemas laborales se resolvieran muchos volverían a actuar de la misma forma. Tampoco es un caso nuevo, hemos descubierto a muchas figuras de El País que, una vez fuera de la empresa tras aplicarles el ERE, han desentrañado toda una batería de denuncias y acusaciones contra PRISA y su consejero delegado, y han adoptado una defensa de la ética periodística que nunca apreciamos cuando su periódico encubría a los GAL, defendía golpes de Estado en Venezuela o mentía sistemáticamente sobre los gobiernos de izquierda en América Latina.

Hemos de reconocer que observar en pantalla a la habitual presentadora de Canal 9 arropada por el resto de los trabajadores denunciando las mentiras de su cadena justo al saber que iban a dejar de cobrar la nómina, resultaba irritante. Igualmente, que los políticos de izquierda que han sido despreciados y humillados en esas cadenas den un paso al frente argumentando que, como trabajadores, merecen ser defendidos y sus puestos de trabajo respetados, también es curioso. Si se resolviesen esos problemas de la empresa y, por supuesto, continuasen el modus operandi, ¿lo celebrarían como un éxito de la movilización?

En el caso de Canal 9, los trabajadores se escudaban en la defensa de una televisión pública. Claro que debemos defender la existencia de una televisión pública, pero eso que emitían no merecía ninguna defensa. El problema no es el cierre de 'eso', sino la previsible cesión de la licencia a una empresa privada, una cuestión que no es laboral. Si la hubiera comprado Berlusconi y se comprometiese a respetar los puestos de trabajo, ¿de verdad esos empleados saldría a la calle a luchar por esa televisión pública que defienden? Me temo que nos dejarían solos a los militantes de izquierda y volverían a las andadas al servicio de Berlusconi.

Podemos llevar años vilipendiados por un determinado medio de comunicación, rabiando por el comportamiento de muchos de sus periodistas que tienen como bandera su servilismo al poder y su combate a cualquier opción alternativa, y cuando ese medio cierra o se encuentra en crisis económica, nos movilizamos en solidaridad por esos trabajadores para que se mantenga su puesto de trabajo y su maquinaria de mentira y combate contra los mismos que protestamos por su cese.

¿Qué sentido tiene pedir que, en nombre de la defensa de los puestos de trabajo, siga funcionando Intereconomía o Canal 9? Por supuesto, esos trabajadores y sus familias tienen derecho a sobrevivir, pero no más que los otros seis millones de españoles que no tienen trabajo y que no se dedicaban a la elaboración de contenidos que tanto nos indignaban.

Se me puede responder que no todos eran tertulianos o periodistas manipuladores. Sí, algunos solo eran los que les colocaban el micrófono, les maquillaban o resolvían la iluminación. Tampoco los vamos a echar de menos. Insisto, claro que sus hijos tienen derecho a comer, pero no se está debatiendo eso, se está debatiendo el mantenimiento o no del infame trabajo que realizaban. Cuando se termina una autopista o se descubra una vacuna contra el SIDA no nos escandalizamos por los puestos de trabajo perdidos en la construcción de la obra ya finalizada o en la asistencia a esos enfermos que ya no existirán. Si mañana un gobierno declara cerrar la comisaría de los antidisturbios que disolvían a porrazos las manifestaciones, ¿también nos movilizaremos en contra? Si el gobierno ahora cancela la compra del camión que lanza chorros de agua para disolver manifestaciones, ¿es una mala noticia porque no tendrán trabajo los empleados que iban a fabricarlo? Si un próximo gobierno de izquierda elimina los curas castrenses y los profesores de religión que estamos pagando con dinero público, ¿nos manifestaremos en defensa de esos puestos de trabajo también? ¿Fue una mala noticia que algunos trabajadores dejaran de fabricar minas antipersona? Quizás se quedaron sin trabajo.

Al habernos instalado en un sistema que no garantiza el trabajo y que deja abandonado a quien lo pierde, estamos adoptando posiciones que yo llamaría aberrantes ante los despidos y cierres. Sensibles y solidarios por las personas que pierden su contrato laboral no percibimos que estamos situando los puestos de trabajo por delante de cualquier otro criterio, y no debería ser así, sino que la opción es reivindicar un modelo que proponga alternativas a finales laborales que no deberían ser trágicos.

La defensa del derecho al trabajo debe de ir más allá de la defensa incondicional a los puestos de trabajo actuales, sean cuales sean, lo hagan como lo hagan, beneficiosos o perjudiciales. Creemos en el derecho al trabajo y, además, ese trabajo debe ser digno, beneficioso y honorable.