Que el número de abortos iba a aumentar. Que las menores, al no necesitar la autorización paterna, interrumpirían su embarazo sin pensárselo dos veces. Estos eran algunos de los argumentos esgrimidos por el PP para criticar la ley promovida por la ministra de Igualdad del Gobierno de Zapatero, Bibiana Aído. Pero la realidad ha desmontado, una a una, sus previsiones. En 2012, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad y también de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai), abortaron 6.000 mujeres menos que el año anterior.

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que establece el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación, será reformada por la futura Ley de protección de la vida del no nacido y de los derechos de la mujer embarazada recientemente aprobada por el Consejo de Ministros. Con ella, el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, restringe la posibilidad de abortar a sólo dos supuestos: violación y riesgo para la salud física o psicológica de la madre. Y ello a pesar de que, según la OMS restringir el aborto sólo conlleva clandestinidad y muerte materna. Y a pesar, también, de que los temores del partido del Gobierno no se hayan confirmado con los datos de la realidad.

El número de abortos practicados en 2012 descendió en todas las comunidades respecto al año anterior, salvo en Asturias, que subió un 1,3%, y en la ciudad autónoma de Ceuta (58,3%). Según el informe anual del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad remitido a las comunidades autónomas, en el conjunto de España el pasado año se registraron un total de 112.390 interrupciones voluntarias del embarazo, lo que supone un descenso del 5% respecto a 2011, informa Efe.

Los principales descensos se registraron en Navarra, donde bajó un 69,1%, seguida de La Rioja (40,08%), Baleares(14,1%), Melilla (12,8%), Galicia (11,7%) y Castilla y León y Comunidad Valenciana (8,9% en ambas). También bajaron más en Murcia (8,5%), Aragón (7,01%), Cantabria(6,4%), Extremadura (6,3%) y País Vasco (5,4%), todas ellas por encima de una bajada media del 5%.      

Los menores descensos se han producido en Asturias (1,3%), Catalunya (3,1%) y Canarias (3,8%), en tanto que en Ceuta ha aumentado un 58,3%.  En términos absolutos, Andalucía fue la comunidad donde se practicaron mayor número de abortos el pasado año, con 22.946; seguida de Catalunya (20.788) y Madrid (20.134).      

Estos datos coinciden también con los ofrecidos por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai), que adelantó los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, informa Europa Press. Esta entidad confirmó, así, el descenso del 5% que ha adelantado este lunes el diario El País, y asegura que la disminución 'sería aun más acusada' si el Gobierno 'no hubiera impedido' la aplicación de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, que habilitaba 'mecanismos necesarios y suficientes como para prevenir el embarazo no deseado'.

Además, las clínicas aseguran que un total de 101.151 mujeres interrumpieron su gestación 'por voluntad propia' y un total de 3.124 por anomalía fetal grave. En ambos casos, recuerdan, acogiéndose a supuestos que no están contemplados en el nuevo anteproyecto de ley que el Gobierno aprobó el viernes en Consejo de Ministros. 'En consecuencia, y toda vez que la ley del PP entre en vigor, más del 90% de las mujeres estarán abocadas al éxodo abortivo o a someterse a un aborto clandestino, circunstancia que pondrá en riesgo su salud y su vida', ha señalado ACAI en un comunicado.

Además, informan de que un total de 6.372 mujeres abortaron por peligro para la salud de la madre, un supuesto por el que con la nueva ley las mujeres 'tendrán que someterse a un periplo legal, médico e ideológico de inciertos resultados', según aseguran. Acai califica además de 'aberración' el hecho de que en el anteproyecto de ley se obligue a los psiquiatras, 'poniendo en riesgo su seguridad jurídica', a ser 'confesores' de la vida íntima de las mujeres que desean interrumpir su gestación. 'Resulta de una crueldad sin precedentes que una mujer pierda su privacidad, al verse obligada a comparecer ante los que serán custodios voluntarios u obligados de la moral religiosa de una minoría', según denuncian.

Por último, también advierten de que dicha norma aleja 'completamente' a España de la realidad europea, ya que las mujeres tendrían 'enormes dificultades' para 'encontrar en su periplo médico y vital, profesionales que las puedan ayudar', ya que 'los médicos y sanitarios podrían verse expuestos a 3 años de cárcel y 6 de inhabilitación si sus diagnósticos o informes preceptivos no se adecuan a la ideología política de los hacedores de esta ley'.