Todos los grupos del Congreso, salvo el PP y UPN, han suscrito hoy un acuerdo por la investigación, el desarrollo y la innovación, en el que advierten de que España está en una situación de 'desventaja' por la falta de inversión en ciencia, fundamental para afrontar la salida de la crisis económica.

A la firma, celebrada en el Congreso de los Diputados, han asistido los máximos representantes de los grupos parlamentarios, entre ellos Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista, Cayo Lara, de Izquierda Plural, y Rosa Díez, de UPyD. También han estado diferentes líderes del grupo mixto (Amaiur, ERC, BNG, UPN, CC, Geroa Bai y Foro Asturias)

Finalmente CIU, que ha rubricado el pacto, no ha asistido al acto por entender que éste se había 'politizado' con la presencia de los máximos líderes de partidos como el PSOE, han confirmado fuentes de CIU.

El texto aprobado está basado en las peticiones del colectivo 'Carta por la Ciencia', que agrupa a sociedades y organizaciones científicas, sindicatos y representantes de universidades, y que durante 2013 ha venido celebrando diversos actos reivindicativos.

Su contenido gira alrededor de cuatro puntos fundamentales: la financiación, la oferta pública de empleo, la regularización de las convocatorias científicas y la Agencia Estatal de Investigación.

En cuanto a la financiación, los partidos y el colectivo piden una planificación plurianual que permita la recuperación en los tres próximos ejercicios presupuestarios de los niveles de financiación pública de 2009 en I+D+i civil, en los capítulos de subvenciones.

Se trata de garantizar una financiación sostenida que represente un porcentaje de los ingresos del Estado similar a la media europea. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el gasto en I+D en 2012 ha vuelto a retroceder situándose ya en el 1,3 % del Producto Interior Bruto, cuando la media europea supera el 2 %.

'Es absolutamente urgente revertir este panorama', aseveran los firmantes

Los firmantes recuerdan que los países de la Unión se han comprometido a alcanzar en 2020 un 3 % del PIB para I+D+i, 'objetivo al que el Gobierno español ha renunciado', lo que 'nos coloca en una situación de desventaja' para salir de la crisis y asentar el modelo económico en el conocimiento.

'Es absolutamente urgente revertir este panorama', aseveran los firmantes, para quienes los presupuestos de 2014 contemplan una inversión insuficiente.

En el apartado de empleo público, el documento apuesta por eliminar los actuales 'límites' de la tasa de reposición (un 10 %) y en cuanto a los planes estatales de investigación pide regularizar tanto los plazos de las convocatorias como sus resoluciones. Solicitan también la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Investigación, prevista en la ley de ciencia de 2011.

El PP ha asegurado compartir lo 'esencial' de este texto, pero no algunas concreciones en los puntos de financiación y oferta pública de empleo: 'firmes o no firmes, no se puede poner en entredicho el compromiso del PP con la ciencia', ha señalado a Efe Alejandro Fernández, portavoz popular para temas de I+D+i.

Este partido ha presentado un texto alternativo en el que propone un aumento de las partidas para I+D pero sin especificar cuantía. En empleo, el PP apuesta por incrementar la contratación de fijos no funcionarios en organismos públicos de investigación. Fernández ha insistido en haber negociado hasta el final y ha reiterado que el compromiso del PP con la I+D es evidente.

Al acto han asistido, entre otros, los Premios Príncipe de Asturias Juan Luis Arsuaga y Amable Liñán, y, en representación de la CRUE, José María Sanz, rector de la Autónoma de Madrid.

En su cuenta de Facebook, Rubalcaba ha acusado al Gobierno de 'asfixiar' a la ciencia y ha agregado que el amplio apoyo al acuerdo de hoy garantiza que en la próxima legislatura habrá una mayoría que 'asumirá los compromisos' firmados, y que comparte que 'la investigación de hoy es empleo para mañana'.

La firma se ha celebrado en la biblioteca del Grupo Socialista -pequeña para la ocasión- ante la imposibilidad de poder hacerlo en otra sala por decisión de la Mesa del Congreso, según los convocantes.