La Comisión de Justicia del Congreso tiene previsto debatir este martes una proposición no de ley de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en la que se insta al Gobierno a detener para su entrega a Argentina a los cuatros exfuncionarios de seguridad acusados por la juez de aquel país Maria Servini de haber realizado torturas durante el franquismo, entre los que se encuentra el exinspector José Antonio González Pachecho, alias 'Billy el Niño'.

En concreto, el texto de la Izquierda Plural emplaza al Ejecutivo a proceder a la 'detención inmediata' y ha iniciar los trámites para la extradición de 'Billy el Niño', el ex capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar; el ex escolta del dictador Francisco Franco y de la Casa Real, Celso Galván Abascal y el ex comisario José Ignacio Giralte González.

Este debate llega la Comisión de Justicia del Congreso después de que el pasado 5 de diciembre el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz retirase los pasaportes a 'Billy el Niño' y Jesús Muñecas y les prohibiera salir de España mientras se tramita su extradición. Ambos se negaron a ser entregados a Argentina y tienen que comparecer semanalmente ante la Justicia y estar permanentemente localizados.

Según la Izquierda Plural, en aplicación de la legislación internacional y la propia legislación española, el Gobierno 'debería proceder a la inmediata detención' de los cuatro exfuncionarios de seguridad. Para este grupo parlamentario, dada la 'gravedad' de los delitos que se les imputan, el Ejecutivo debería 'actuar de forma ejemplar' en este asunto.

'Sería una vergüenza que no juzgáramos a nuestros torturadores, sino que además impidiéramos que compareciesen ante la Justicia argentina', ha advertido en este sentido el portavoz de la Izquierda Plural en la Comisión de Justicia del Congreso, Gaspar Llamazares.

El diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà ha anunciado este lunes que su partido pedirá a la juez argentina que juzga el Franquismo, María Servini, que se desplace a Madrid y Barcelona para tomar declaración a testigos. En rueda de prensa acompañado por el abogado argentino que trabaja con el partido, César Sivo, Tardà ha explicado que es 'lastimoso que una persona se tenga que desplazar' a Argentina a declarar por el coste económico, pero también porque supone una experiencia personal difícil por su carga emocional. El abogado Sivo ha explicado que hay dos formas para que la juez se desplace a España: la primera, a través de un acuerdo de cooperación entre los ministerios de Exteriores y Justicia argentino y español; la segunda, que la juez tome declaración desde 'territorio argentino' en España, es decir, desde la embajada o los consulados.

Sivo ha argumentado que, debido a la 'impunidad' con la que el Estado español ha tratado el Franquismo, lo más seguro es que ponga trabas al desplazamiento de la juez, por lo que lo lógico es pensar que Servini acabe tomando declaración, si lo estima oportuno, desde la embajada o los consulados. 'El Estado no lo puede impedir. No puede hacer nada más allá que molestarse', ha explicado Sivo, que ha recordado que existen precedentes de la propia juez, que se ha desplazado a la embajada argentina en Chile y Suiza para tomar declaración sobre otros casos. Sivo ha admitido que es difícil que existan víctimas vivas de los crímenes durante la dictadura, por lo que la juez debería tomar declaración a 'testigos indirectos', es decir, sobre todo a familiares.

Tardà ha mostrado su sorpresa por que la querella de ERC por el fusilamiento del expresidente de la Generalitat Lluís Companys y otros cargos electos republicanos fuera admitida a trámite con tanta rapidez (se presentó el 16 de octubre de este año en Buenos Aires y se admitió el 22), y ha censurado que ERC tenga que ir a buscar justicia al extranjero porque España ha dado las espalda 'a la justicia universal y a la reparación de las víctimas del fascismo'.