El juez Elpidio José Silva se ha reincorporado hoy a su Juzgado tras cumplir la sanción de cuatro meses de suspensión que le impuso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque se abstendrá de la causa en la que investigaba la compra de un banco en Florida por la que ordenó encarcelar al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.

Fuentes jurídicas han informado de que el magistrado se abstendrá de conocer dicho procedimiento dada la causa que se sigue contra él en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ( TSJM) a raíz de una querella de la Fiscalía, a la que se adhirió el propio Blesa, en la que se le acusa de dos delitos contra la libertad individual y uno de prevaricación, entre otros.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece como motivo por el que un juez debe abstenerse el de 'estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal y éste no hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento'.

Otra razón es la de 'haber sido sancionado disciplinariamente en virtud de expediente incoado por denuncia o a iniciativa de alguna de las partes'.

El pasado 25 de julio, el CGPJ sancionó al magistrado con cuatro meses y siete días de inhabilitación por dos faltas muy graves y otra grave cometidas en el ejercicio de sus funciones por hechos ajenos a la instrucción del caso Blesa.

Además, el órgano de gobierno de los jueces le multó el pasado noviembre con 1.000 euros por una falta grave a raíz de unas declaraciones a los medios de comunicación, que en este caso sí estaban relacionadas con este asunto.

Así, según las fuentes consultadas, Silva se abstendrá de la causa de la adquisición del CNB, dentro de la cual llegó a ordenar el ingreso en prisión de Blesa en dos ocasiones, sin tramitar la recusación que planteó el abogado del exbanquero.

El juez sí que llegó a tramitar el incidente de recusación que presentó el letrado por la causa de la que nació la anterior, la de la concesión de un crédito de 26,6 millones por parte de Caja Madrid al Grupo Marsans de Gerardo Díaz Ferrán, que fue anulada en junio por la Audiencia Provincial de Madrid.

Este mismo tribunal debe pronunciarse aún sobre esta última recusación, han precisado las mismas fuentes.