La causa abierta en Argentina contra los delitos franquistas es una realidad más tangible que nunca para la delegación de víctimas de la dictadura que acaba de venir a Buenos Aires, precisamente el día en que el Gobierno de Mariano Rajoy ha autorizado la extradición de dos de los cuatro españoles reclamados por la jueza argentina María Servini de Cubría.

Casi 30 miembros de la Coordinadora Estatal en Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (CeAqua) han llegado para impulsar la causa argentina, que hoy está de enhorabuena. Con la esperanza de que se concreten las posibles extradiciones, una decisión que ahora está en manos de la Audiencia Nacional, catorce de ellos van a declarar ante la magistrada la semana que viene, y a lo largo de cuatro días, sobre los crímenes de lesa humanidad y robo de bebés perpetrados en España entre 1936 y 1977.

 'Uno de los objetivos es decirle a la jueza que tiene otras cinco imputaciones por admitir, ya que tiene pruebas suficientes', explica a Público Josu Ibargutxi, ex preso político y portavoz de la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo. 'Servini de Cubría ya pidió la orden internacional de detención contra cuatro de los nueve franquistas que denunciaron los abogados de la querella, pero queremos que impute a los otros cinco, ya', exhorta.

Para las víctimas es necesario demostrar a la Justicia argentina que el movimiento en defensa de la querella establecido en territorio español es imparable. 'Queremos que la magistrada se olvide de las presiones políticas que cancelaron sus videoconferencias y que la desistieron a venir', declara Ibargutxi. 'Hay miles y miles de víctimas esperando sus videoconferencias y su viaje a España, con el fin de que ella misma, in situ, compruebe las barbaridades en las que incurrió la dictadura franquista durante 40 años'.

Como preso político durante 9 años por su militancia de ETA, Ibargutxi ya tuvo oportunidad en abril de 2011 de dar su testimonio a la jueza junto a otros tres querellantes, uno de los cuales, Sabin Arana Bilbao, falleció en septiembre.

Ascensión Mendieta, en cambio, es la primera vez que pisa Buenos Aires. Con sus 88 años, ha venido para reclamar por su padre, uno de los 822 republicanos que fue asesinado en el cementerio de Guadalajara entre 1939 y 1944.

'Estoy aquí para ver si podemos sacar los restos de mi padre, al que ejecutaron con 37 años y siete hijos', cuenta con voz firme y ojos brillantes. Timoteo, su padre, era presidente de la UGT en el municipio de Sacedón. 'Cuando avisaron a mi madre, ya lo habían enterrado en una fosa común junto a otros 17', cuenta.

Junto con sus tres hijos, y sin pertenecer a ninguna organización, buscó amparo en la Justicia argentina. En una carta a Público, los hijos quisieron resaltar que no los guiaba ningún afán de revancha. “Lo que pedimos y reclamamos es libertad y justicia para las personas enterradas en fosas comunes, cunetas, cementerios u otros lugares a lo largo de la geografía de España, y que fueron victimas de la represión franquista, por el hecho de defender un sistema legítimo y democrático”, aclararon Pilar y Francisco Vargas Mendieta.

Este viernes, casualmente, es el cumpleaños de Ascensión. 'Le voy a pedir a la jueza que a ver si puede ser que lo saquemos, porque queremos darle un entierro digno', insiste. Al hablar de su padre, recuerda las trabas que han puesto el PSOE, primero, y el PP, después, desde que Argentina comenzara a pedir explicaciones a España sobre el franquismo.

 'Los socialistas podían haber hecho mucho por personas que dieron su vida por la libertad y la democracia. Pero ni Zapatero ni ninguno de esos ha hecho nada', denuncia Mendieta. 'A las víctimas de ETA les hacen homenajes, pero a las víctimas de Franco, nada, cuando son personas como ellos', denuncia.

Los miembros de la delegación se encontrarán este sábado con los miembros de la plataforma argentina de apoyo a la querella. También tienen previsto reunirse con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, con Abuelas de Plaza de Mayo, que presidente Estela de Carlotto, con el Nobel de la Paz Adolfo Pérez-Esquivel y con Pablo Parenti, coordinador de la Unidad especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado.

Más de 70 días han pasado desde que la jueza dictara orden de detención internacional vía INTERPOL contra cuatro presuntos torturadores franquistas, y el Gobierno de Mariano Rajoy acaba de admitir las extradiciones solicitadas por Argentina.

Ahora más que nunca, la comitiva de CeAqua también ha venido a Buenos Aires para aprender de la experiencia argentina a la hora de juzgar a sus propios represores.

La esperanza está puesta en la única causa del mundo que está juzgando los crímenes de la dictadura franquista. La delegación española entregará a Servini de Cubría un listado solicitando el procesamiento de otros acusados, con el fin de que la magistrada emita nuevas diligencias en torno a la causa.

Entre los recién llegados a Buenos Aires se encuentran algunos de los que tenían previsto declarar desde España a través de las videoconferencias programadas para mayo, como Merçona Puig Antich, Andoni Txasko Díaz y Pablo Mayoral. Aquellas entrevistas fueron suspendidas cuando intervino el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España con un comunicado dirigido al embajador argentino Carlos Bettini.

Por eso, otro de las finalidades del viaje es el de impulsar nuevas videoconferencias entre la jueza y víctimas del franquismo, para que puedan prestar declaración aquellas personas que no pudieron desplazarse a Argentina.