Con una semana de retraso sobre lo previsto debido a la fuerte polémica que ha obligado a suavizar una ley 'represora', según la oposición, el Gobierno ha dado luz verde al anteproyecto de la norma de Seguridad Ciudadana que sustituye a la de 1992, la denominada Ley Corcuera.

Una de las novedades conocidas este viernes del texto de esta ley, que será remitida al Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Agencia de Protección de Datos y Consejo Fiscal antes de iniciar el trámite parlamentario, es la inclusión como infracciones graves (de 1.000 a 30.000 euros) las ofensas o injurias a España, las comunidades autónomas, las entidades locales o sus símbolos, como las banderas correspondientes.

En este sentido, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha referido a la quema de banderas como una de esas ofensas a España o al lugar al que corresponda la enseña, siempre que no sea constitutivo de delito tipificado en el Código Penal. También serían infracciones graves, explicó el titular de Interior, las manifestaciones 'en las que se llevaran pancartas o gritaran consignas claramente ofensivas o vejatorias contra España, las comunidades autónomas o sus símbolos o instituciones'. No así las pitadas a los himnos oficiales en los estadios de fútbol, por ejemplo, ya que según ha explicado Fernández Díaz a preguntas de la prensa sobre este comportamiento en concreto, el mismo está penalizado en la ley de 2007 contra la violencia en el deporte.

En el lado opuesto, y a pesar del 'sentimiento contrario' del ministro al respecto, las manifestaciones contra la unidad de España o por la reivindicación independentista de un determinado territorio, 'siempre que sean pacíficas y dentro de los límites legales', no constituirán una infracción según la nueva norma de seguridad.

El ministro del Interior ha insistido mucho en que la de seguridad ciudadana (ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, en su nombre oficial) trata de establecer todas las 'garantías' para el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos recogidos en la Constitución. Asimismo, Fernández Díaz ha insistido en que el Ejecutivo trata de busca el 'equilibrio' entre la libertad y la seguridad de los españoles, recordando que 'sin seguridad no hay libertad'.