El Pleno del Senado ha aprobado este jueves, tras dos jornadas de debate, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). El PP ha vuelto a utilizar el rodillo de su mayoría parlamentaria para dar luz verde a la polémica reforma impulsada por el ministro más impopular: José Ignacio Wert. De hecho, el texto ha sido validado solo con los votos de los conservadores -136- y las tres abstenciones de UPN. El resto de los grupos de la Cámara Alta han votado en contra de una norma que consideran 'segregadora, ideológica, neoliberal, mercantilista y que atenta contra la igualdad de oportunidades', como ha dicho el senador del PSOE, Vicente Álvarez Areces. Ahora la ya denominada ley Wert volverá al Congreso para su aprobación definitiva el próximo 28 de noviembre.
Hasta ahora, el debate parlamentario se ha intrincado, obligando a los senadores a dividir en dos jornadas la tramitación final de la ley. Y es que ocho vetos y 896 enmiendas parciales no eran para menos. De las enmiendas presentadas, sólo se aceptaron en comisión unas 32 para incluirlas al dictamen, la mayoría del PP. En la sesión de este miércoles el pleno tumbó los ocho vetos que solicitaban la devolución de la Lomce al Gobierno con 88 votos a favor y 146 en contra. Las propuestas de retirada de la reforma educativa habían sido presentadas por el PSOE, CiU, PNV, Entesa (uno de PSC y otro de ICV) y, dentro del Grupo Mixto, ERC, IU y Amaiur.
Una de las enmiendas más polémicas ha sido la propuesta de UPN de blindar, todavía más, los conciertos a los centros segregadores. 'Los centros privados a los que en 2013 se les haya denegado la renovación del concierto educativo o reducido las unidades escolares concertadas por el único motivo de ofrecer educación diferenciada por sexos podrán solicitar que se les aplique lo indicado en el artículo 84.3 de esta Ley Orgánica para el resto del actual periodo de conciertos en el plazo de dos meses desde su entrada en vigor', cita una de las enmiendas propuesta por UPN y aceptada por los conservadores ya el pasado 7 de noviembre, informa Efe.
Respecto a la obligatoriedad de la asignatura de Matemáticas en el Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades —ahora unificado por una enmienda del PP—, el grupo popular ha arreglado el entuerto in extremis redactando un texto, que finalmente han firmado todos los grupos, para tramitar que esta materia sea obligatoria. Hasta ahora, el texto de la Lomce dejaba esta materia como optativa, permitiendo el paso de los alumnos a la Universidad, donde podían elegir carreras como Economía o Sociología —donde la Estadística es fundamental— sin haber cursado Matemáticas en los últimos dos años. Sin embargo, sí tendrían, obligatoriamente, Latín. Numerosas asociaciones de profesores, decanos e investigadores denunciaron esta situación, en la que finalmente el PP ha dado marcha atrás.
En la votación de esta enmienda, la oposición en pleno se ha abstenido por no estar de acuerdo con la ley. El resultado de esta votación se ha resuelto 143 votos a favor y 77 abstenciones. El portavoz de Educación del PSOE, Vicente Álvarez Areces, afirmó, en declaraciones a los medios, que su grupo facilitaba con su firma la incorporación al proyecto del Gobierno de esta iniciativa, pero avisó de que no votaría a favor de la misma. 'Estamos en contra de la ley pero consideramos que relegar las Matemáticas suponía un atropello para miles de personas que se iban a ver gravemente perjudicadas', argumentó.
El senador socialista ha añadido que la tramitación de las enmiendas a la Lomce en el Senado ha sido 'un reflejo de la intransigencia y el aislamiento' con los que el PP va a aprobar la ley Wert.
Una de las cuestiones más polémicas en este trámite ha sido la aceptación y posterior rechazo por el PP de diez enmiendas --cinco del PSOE y cinco de Entesa--, que alegó que la redacción de sus propuestas era 'tramposa'. Los socialistas tacharon este episodio de 'inaudito' y acusaron al PP de no habérselas leído.
Entre las nuevas incorporaciones, también destaca la enmienda del PP de ampliar el calendario de aplicación de la LOMCE a tres años en lugar de los dos que planteaba el proyecto del Gobierno. Con ello los conservadores, con el visto bueno del Ministerio de Educación, han atendido a las peticiones de las comunidades autónomas que solicitaban dilatar el calendario de aplicación.
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